Como bien dice, "la reforma de la Ley General Tributaria que cierra la reforma fiscal del Gobierno del PP es la conclusión lógica de un modo de concebir la fiscalidad, nada original desgraciadamente: tras años subiendo los impuestos ahora se endurece la ley para que los ciudadanos acaten el sistema fiscal acríticamente y se controlen unos a otros."
Artículo de Voz Pópuli:
Se nos ha dicho que el Gobierno no tuvo más remedio que incrementar estratosféricamente los impuestos para poder salvar a España. Que le hubiera gustado bajarlos pero no tuvieron más remedio que perpetrar más de medio centenar de subidas fiscales cuando sufríamos la más profunda de las recesiones de los últimos tiempos.
Sin embargo, la última parte de la reforma fiscal que será remitida próximamente a las Cortes, la modificación de la Ley General Tributaria, es una muestra más de la falsedad de esta aseveración. La publicación periódica de listados de deudores a la Hacienda Pública, su medida más polémica, es ejemplo palmario de cómo concibe este gobierno el sistema fiscal y la relación del Estado frente al individuo, puesto que no sólo sube los impuestos sino que pretende reforzar una situación de amedrentamiento y presión social y psicológica sobre todos los ciudadanos, no sólo los deudores.
De acuerdo con la medida anunciada (nuevo artículo 95 bis), sólo los deudores de grandes importes (un millón de euros) serán expuestos en la plaza pública, por lo que a muchos les parecerá una medida lejana y sin efectos a nivel personal. Incluso se podría pensar que es una iniciativa positiva dado que castigará a los ricos que insolidariamente no pagan impuestos. Pero, ¿por qué los grandes deudores? Aparte del obvio populismo y electoralismo, la lucha de clases también es una estrategia que los políticos han tratado siempre de abanderar, especialmente cuando se trata de pagar impuestos. Montoro no es una excepción, sino su más orgulloso adalid actualmente. ¿Por qué centrarse en los deudores más grandes (más ricos) cuando el sistema fiscal se asienta sobre la clase media? El 66% de la recaudación en el IRPF proviene de los tramos de renta inferiores a 60.000 euros, que también tienen que soportar el IVA, el segundo impuesto que más recauda. Y al contrario en el plano empresarial: ¿por qué sí se apunta siempre a las grandes empresas cuando de ellas proviene la mayoría de la recaudación del Impuesto sobre Sociedades (a las que encima se les acusa de pagar poco)? ¿Por qué esa asimetría? Usar la demagogia del enfrentamiento, especialmente cuando el dinero está por medio, siempre ha tenido réditos políticos, y por eso éstos lo usan.
La reforma de esta ley supone romper el legítimo derecho a la intimidad de los obligados tributarios, dado que la información que se publicará ha sido obtenida en una acción, que no olvidemos, es coercitiva: la extracción de renta por parte del Estado al individuo. Por esta razón se subraya que este peliagudo asunto estará muy tasado por la Ley. Pero esa tasación, igual que el hecho de que por ahora sea para deudas de más de un millón de euros, es simplemente anecdótica, susceptible de ser modificada a conveniencia de los políticos. A nadie le es nuevo que cuando los políticos crean nuevos impuestos con bajos tipos impositivos, acaban subiéndolos periódicamente; lo mismo ocurrirá con este tipo de medidas. De hecho, en países como Reino Unido, referencia para el Ministro Montoro en este asunto, la cantidad a partir de la cual publicitar a los deudores es considerablemente inferior (aunque no sea exactamente por el mismo hecho). Si romper y vulnerar el derecho fundamental apenas ha tenido contestación social, rebajar la cuantía o su umbral en un futuro quizá incluso pase desapercibido.
Parece que no basta con la imposición de sanciones e incluso con la privación de libertad (para algunos casos de delito fiscal). Se busca oficialmente el reproche social por no ingresar dinero al Fisco de los “ricos evasores”, como si fueran peores que violadores o asesinos. Pero el verdadero objetivo no es tal, sino criminalizar el hecho en sí de no pagar impuestos por parte de cualquiera, especialmente de la clase media, más difícil de controlar por su tamaño. Tratan de imponer una cultura, según se dice, "cívico” tributaria que santifique el pago de los tributos por sí solo, identificando al ciudadano con el Estado, excluyendo la posibilidad de pensar diferente y concebir los impuestos como un mal para nuestra economía y libertad que debe ser minimizado.
No es sólo que se publiquen los datos personales de los grandes deudores, sino que el fin último es intensificar el acatamiento fiscal, sin dar cabida al debate y cuestionamiento de si deberían ser más bajos, más justos o más adecuados, para así reducir el fraude, y no a través de incentivar el reproche entre ciudadanos (no sólo hacia los más ricos). Tampoco se da pie a valorar, como hace la Escuela de la Elección Pública, si el proceso por el cual la sociedad permite la imposición de los sistemas fiscales es adecuado o no. O a estar en desacuerdo con el nivel de redistribución impuesto (porque esa, también es una posibilidad). Obedecer al Estado prima sobre la capacidad crítica de la sociedad, y ésta debe reprochar a cualquiera que no pague, y obligarle a pagar.
De hecho la reforma de esta ley también pretende penalizar (todavía más) y sancionar aquellos casos en los que hay duda en la aplicación de la norma (artículo 15). Casos como, por ejemplo, realizar negocios para buscar únicamente el ahorro fiscal. De este modo se profundiza en la persecución y limitación de la denominada "economía de opción", es decir, lo que antiguamente era la búsqueda del ahorro fiscal como criterio, por sí sólo, válido para la planificación fiscal.
En definitiva, la reforma de la Ley General Tributaria que cierra la reforma fiscal del Gobierno del PP es la conclusión lógica de un modo de concebir la fiscalidad, nada original desgraciadamente: tras años subiendo los impuestos ahora se endurece la ley para que los ciudadanos acaten el sistema fiscal acríticamente y se controlen unos a otros.
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