Luís F. Quintero muestra un ejemplo más de lo que implica el poder político, legislar para mantener o aumentar el poder, favorecer a afines y enriquecerse. Y para ello, es necesario disparar la burocracia y las leyes, reducir la transparencia y libertad y aumentar el poder político y la regulación para que todo pase por sus manos y puedan dirigir el dinero (de terceros) hacia donde ellos quieran y que para que cualquiera pretenda hacer algo, tenga que pasar por las manos del burócrata de turno (lo que lleva a la corrupción, las puertas giratorias, la creación de lobbies, el tráfico de influencias, los contratos a dedo y el brutal incremento de costes e impuestos en perjuicio de toda la sociedad).
No es para nada raro que la mayoría de políticos sean abogados por cuanto a todo el negocio que de una manera u otra puede derivarse como consecuencia de estos hechos (inflación brutal de leyes, falta de transparencia y simplicidad, judicialización de cada vez más ramas de la vida...)
Artículo de Libre Mercado:
En uno de los últimos consejos de ministros, el ministro de Hacienda,Cristóbal Montoro, pasó un amargo trago sentado en Moncloa frente a los periodistas contestando por el despacho que fundó en 2006 como Montoro y Asociados y de cuyo accionariado salió en 2008 (y pasó a llamarse Equipo Económico). Una consultora de la que se sospecha que constituye un lobby donde el tráfico de influencias está a la orden del día.
La principal defensa de Montoro sobre este asunto radica en argumentar que, efectivamente, desde 2008 no pertenece al despacho y éste constituye una entidad privada con plenas competencias para operar y asesorar a tantas compañías, organismos públicos o particulares considere oportuno.
Para Montoro, que el despacho esté dirigido por quien fuera su hombre de confianza en Hacienda durante la segunda legislatura de Aznar, Ricardo Martínez Rico, y que sea, a la sazón, el hermano de su jefe de Gabinete (Felipe Martínez Rico), no es vinculante. Tampoco lo es que su propio hermano, Ricardo Montoro, formara parte del equipo director de este despacho hasta diciembre de 2012.
Hasta la fecha, las informaciones que relacionan los contratos conseguidos por Equipo Económico con organismos públicos, entidades de titularidad público-privadas o empresas han incrementado las sospechas de tráfico de influencias. Mientras, Montoro insiste en que no tiene nada que ver con el despacho desde 2008.
Sin embargo, la información obtenida por Libertad Digital evidencia la connivencia entre el ministro Montoro, su exsocio Ricardo Martínez Rico y los intereses de Equipo Economico y sus clientes.
Según ha podido contrastar LD de fuentes de alto nivel conocedoras de los detalles, Montoro quedó en evidencia durante una reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, donde blandió un informe con membrete de su ministerio en contra de la retirada de las primas a las renovables -concretamente a la tecnología termosolar- para oponerse a la reforma que pretendía sacar adelante José Manuel Soria para reducir el déficit de tarifa.
Las distintas fuentes consultadas por LD coinciden en el relato. Cuando Soria examinó el mencionado informe de Hacienda mostró otro que resultaba ser el mismo informe pero con membrete de la empresa Abengoa. La colisión de intereses era evidente. ¿Cómo era posible que el informe de Hacienda fuera exactamente el mismo que el que le había hecho llegar Abengoa?. El lío que se montó en ese momento en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos "fue monumental", según estas fuentes.
Era evidente que o Abengoa había elaborado el informe para Hacienda, o había sido el propio equipo de Montoro quien había elaborado el informe para Abengoa. En aquella reunión, la relación entre Martínez Rico y Montoro estuvo en la cabeza de todos los presentes.
El encontronazo entre Soria y Montoro trascendió y con él, la relación de Montoro con Martínez Rico, su exsocio y, a su vez, consejero de Abengoa, curiosamente cliente de Equipo Económico. Los titulares de prensa de aquellos días hablaban de "bronca pública entre los ministros Soria y Montoro por el tarifazo eléctrico" o "Montoro choca con Soria para que la reforma sea benévola con la termosolar".
Sin embargo, el problema en el seno del Ejecutivo ya no era una simple discrepancia entre ministros. Era evidente la connivencia entre las presiones del ministro y los intereses privados de un despacho ligado a él que se oponía al diseño de la reforma energética de Industria.
Equipo Económico–Abengoa–Montoro
Nos situamos en el verano de 2012. Soria, al frente de Industria, estaba empeñado en atajar uno de los retos más importantes de su cartera: poner coto al déficit de tarifa que las subvenciones, puestas en marcha por Zapatero, a las energías renovables había disparado a la inmanejable cifra de los 25.000 millones de euros.
Las medidas que quería impulsar chocaban con los intereses de las eléctricas, sobre todo de aquellas que tenían más potencia instalada de origen renovable. Soria planteaba un tratamiento igualitario para que el "bocado" que le daría el Gobierno a las subvenciones afectara a todas las tecnologías renovables.
Aquel planteamiento puso a las eléctricas en pie de guerra, ya que todas habían hecho sus planes de negocio en el sector con el horizonte de las subvenciones que lanzó el ejecutivo anterior. Fue una auténtica rebelión ya que, según la información que se manejaba esos días, el sector asumiría unos 2.500 millones de recorte.
Finalmente, de todas las eléctricas, Abengoa fue una de las más beneficiadas, al ser líder en energía termosolar, sin duda, y de lejos, la menos perjudicada de todas. Pero Abengoa había hecho los deberes. Buscó buena relación con el anterior Ejecutivo (PSOE) y fichó de consejero en 2005 a Carlos Sebastián, hermano de Miguel Sebastián, que fue ministro de Industria con Zapatero.
Más tarde, y cuando el cambio de Gobierno era inminente, movió ficha. Carlos Sebastián saldría y, en su lugar, fichó a Ricardo Martínez Rico, exsecretario de Estado de Hacienda y exsocio y amigo de Cristóbal Montoro. Según los registros, Martínez Rico entró en el Consejo de Administración de Abengoa el 5 de octubre de 2011 -hoy sigue siendo consejero independiente-. Según fuentes de toda solvencia, para entonces Abengoa ya era cliente de Equipo Económico.
Así, la relación de Ricardo Martínez Rico con Abengoa, como presidente de Equipo Económico -despacho asesor de Abengoa- y consejero de la empresa, permitía una conexión directa con uno de los Ministerios más fuertes del nuevo Ejecutivo del PP, el de Hacienda.
La información que obra en poder de Libertad Digital refleja que Martínez Rico y Montoro maniobraron de la mano para que el Gobierno otorgase un tratamiento más suave del previsto a una empresa cliente del despacho Equipo Económico.
La prueba de que esa presión surtió efecto radica en que finalmente la reforma energética de Soria recoge un tratamiento mucho más benévolo para las compañías con mayor potencia instalada de energía termosolar.
Durante aquel verano, las broncas entre Hacienda e Industria fueron vox populi y, en agosto, parecía claro que Montoro lograba torcer el brazo a Soria, lo que provocó que, mientras la mayor parte del sector eléctrico sufría en bolsa, Abengoa protagonizara un rally alcista entre agosto y octubre.
Comunicado de Hacienda
Tras conocer la información publicada en exclusiva por Libertad Digital, el departamento de Cristóbal Montoro ha emitido un comunicado en el que dice desmentir los "sucesos contados en la web Libertad Digital". Sin citar la aparición de los dos informes, Hacienda explica que en 2012, cuando se planteaba la "reducción del déficit de tarifa excesivo" mediante nuevos impuestos y la "reducción de las primas a las renovables" el Ejecutivo decidió "por consenso" la aprobación de "ambas medidas" que han afectado, sigue Hacienda, "de forma negativa a la rentabilidad del sector energético". También defiende que su actuación siempre ha sido "en defensa del interés general".
Además, "niega de forma reiterada" que "tuvieran lugar dichos sucesos en la reunión de la Comisión Delegada ni en ninguna otra del Gobierno". Aclara que Montoro "siempre ha defendido el interés general por encima del particular en todas las decisiones de Gobierno, lo que puede suponer el malestar de ciertos sectores, y así es como deben interpretarse ciertas informaciones malintencionadas y carentes de veracidad".
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