López Aguilar podría ser inocente, pero se merece sufrir la ley injusta que él promovió

El exministro socialista López Aguilar ha sido imputado por un delito de violencia de género, de la que se declara inocente.

Como bien muestra Elentir en el siguiente artículo, se merece sufrir, independientemente de su inocencia o no, la injusta y totalitaria ley que él mismo promovió.


Artículo de Contando Estrelas:



El sábado os hablé aquí de los nefastos efectos de la Ley Orgánica 1/2004, también conocida como Ley de Violencia de Género. Casualmente, ayer se supo que el Tribunal Supremo llamará a declarar al artífice de esa ley, el exministro socialista Juan Fernando López Aguilar, como imputado por un delito de violencia de género tras ser denunciado por su exmujer

En 2006 dijo que el aumento de las denuncias falsas era un “coste soportable”

López Aguilar se ha declarado víctima de una denuncia falsa: “Sostengo la validez de la ley contra la violencia de género, pero me defenderé ante esta falsedad con testimonios, cuantas pruebas documentales y comunicaciones prueben mi inocencia.” En julio de 2006, tras reconocer que con dicha ley habían aumentado las denuncias falsas, dijo que éstas eran un “coste soportable”.

Más de 800.000 exculpados en los 7 primeros años de aplicación de esa ley

En los siete primeros años de su aplicación los Juzgados de Violencia sobre la Mujer recibieron 1.034.613 denuncias, que a su vez dieron lugar a 328.045 sentencias, 207.997 de ellas condenatorias (el 20,10%) y 120.048 absolutorias (el 11,6%). En 706.568 casos (el 68,29%), los hechos no llegaron a juzgarse. Es decir, que en siete años resultaron exculpados el 79,89% de los denunciados en aplicación de esta ley, un total de 826.616 casos. ¿Esto es un “coste soportable”?

Una norma discriminatoria y propia de un régimen totalitario

Hay que recordar, además, que el Consejo General del Poder Judicial puso serias objeciones a esa ley. Y razones no le faltaban a los jueces para sentirse alarmados ante el contenido de esa norma:

• Se trata de una ley que privilegia a las mujeres, lo cual colisiona con el principio constitucional de igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación por razón de sexo.
• Esa ley convirtió las amenazas y coacciones leves en delito de amenazas sólo cuando la víctima es mujer. Si la víctima es un hombre, incluso un niño o un anciano, entonces la cosa se queda en simple falta. Es escandaloso que esta burda discriminación se haya perpetrado, en el colmo de la burla a la justicia, apelando a la “igualdad”.
• Al centrarse exclusivamente en las mujeres agredidas por hombres, la ley olvida y desampara a otras víctimas de la violencia doméstica, como niños, ancianos, hombres y también mujeres agredidas por mujeres en el ámbito familiar. Como ya señalé el sábado, a causa de esta ley se ha llegado al absurdo de que se cuenten como violencia de género los asesinatos de niños a manos de sus padres pero no los asesinados por sus madres.
• Esa ley viola el derecho constitucional a la presunción de inocencia, al considerar que la mera presentación de una denuncia por parte de una mujer basta para considerar culpable al denunciado. El denunciado debe probar su inocencia, algo propio de un régimen totalitario. La palabra de la denunciante se sitúa así por encima de un principio constitucional que tiene como fin impedir la indefensión de los acusados.

López Aguilar y su gobierno ignoraron éstas y otras objeciones. Querían imponer una ley que diese satisfacción a los caprichos de las feministas radicales de su partido, y los principios constitucionales, los derechos de los acusados y la protección de las demás víctimas de la violencia doméstica les importaron un rábano. Es posible que el Supremo declare inocente a López Aguilar del delito que le imputa, pero el exministro socialista se merece, más que ningún otro de los exculpados, el mal trago de sufrir esa infame ley que él mismo creó. Porque la hizo sabiendo que daría lugar a injusticias, abusos y sufrimientos en muchos acusados -insisto: más de 800.000 hombres exculpados en sus siete primeros años de aplicación-, pero le dio igual. Igual que no me da ninguna pena que el tirano Maximilien Robespierre, que usó la guillotina para imponer el terror en la Francia revolucionaria, acabase probando dicho método de ejecución, no me da ninguna pena que López Aguilar, en caso de ser inocente, se vea sometido al atropello legal que él mismo implantó. Es, desde luego, todo un acto de justicia poética.