Cada decisión en el ámbito educativo por parte del gobierno central (PSOE y Podemos, aunque también por parte de los nacionalistas, como Compromís en la Comunidad Valenciana) es un ataque e intento de asfixia a la escuela concertada, en su intento del control absoluto de la educación y por tanto del mayor adoctrinamiento político de las mentes de los ciudadanos desde su nacimiento.
Artículo de Libertad Digital:
Como se advirtió recientemente en estas páginas, una cosa es que el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se haya avenido a negociar el decreto de nueva normalidad aceptando combatir la pandemia del coronavirus con medidas sanitarias muy semejantes a las que el PP planteó como alternativa al empobrecedor estado de alarma y otra muy distinta pensar que ese acuerdo podría dar pie a otros pactos de mayor calado, como los que se pretenden alcanzar en la pomposa Comisión de Reconstrucción.
Sirva como indicio de lo que cabe esperar del Gobierno la decisión de socialistas y comunistas de excluir a la escuela concertada de un plan de ayudas de más de 2.000 millones, que van a destinar únicamente a los centros públicos. A este respecto, ya resulta lamentable que el PP se avenga al consenso socialdemócrata, según el cual el deficiente nivel del sistema educativo se debe no a la reducción de la exigencia y a la falta de competencia entre centros, sino a que se le destina poco dinero del contribuyente. Pero lo completamente inadmisible es que se margine económicamente a la escuela concertada, donde estudia más de la cuarta parte del alumnado, lo que transluce un claro rechazo a la libertad de elección de los padres a la hora de elegir el centro escolar donde quieren que estudien sus hijos. A la postre, son ellos, y no los centros, ya sean de titularidad estatal o privada con concierto, los titulares del derecho a la educación gratuita (léase a cargo de los contribuyentes).
Se da la circunstancia añadida de que no son pocos los dirigentes socialistas que se llenan la boca con la defensa de la escuela estatal –mal llamada "pública"– pero luego llevan a sus hijos a centros concertados, cuando no a colegios estrictamente privados, donde la enseñanza no es precisamente gratuita. Pero ya conocemos a estos representantes de la izquierda que pretenden que los ciudadanos hagan lo que ellos dicen y no le que hacen.
Al margen de lo anterior, también hay que recordar que el Gobierno ha aprovechado el estado de alarma para poner en la diana a los centros de educación especial, con su pretensión de traspasar en 10 años a todos los alumnos de los mismos a colegios ordinarios, lo cual conllevará inexorablemente una pérdida de la calidad de la enseñanza que reciban tanto los alumnos con discapacidad como los demás.
Ante este panorama, no le falta razón a Pablo Casado cuando denuncia que "el sectarismo ideológico no se debe incorporar a las propuestas de reconstrucción tras una pandemia", pero no otra cosa cabe esperar de los socialistas, más aun cuando no se sueltan de la mano de la extrema izquierda podemarra. Téngalo en cuenta el líder del PP de cara a todos lo acuerdos que pretende alcanzar la Comisión de Reconstrucción tanto en lo referente a Europa como en políticas económicas y sociales, si no quiere correr el riesgo de acabar como el tonto útil de un partido socialista que no renuncia a tener a la extrema izquierda de Iglesias como compañera de viaje.
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