Una muestra más de la manipulación informativa, censura y adoctrinamiento al que es sometido el ciudadano a manos del poder político.
No es extraño que desde el poder o desde algunos pretendientes al mismo (Podemos) se pretenda un total control de los medios por parte del Estado, engañando a la gente con que su fin es la libertad de expresión (cuando es todo lo contrario).
Nada más lejano a la realidad, y fácilmente comprobable allá donde el Estado censura, financia y asume el control de los medios de comunicación.
Pero es que así es fácil adoctrinar, imponer los valores e ideología del gobernante y su partido, crear futuros votantes, crear enemigos y culpables externos como responsables de su pésima gestión creando vínculos para que se te apoye, entre ellos el sentimental (que puede más que la razón), eliminar o reducir el máximo posible las voces discordantes o contrarias, publicitarse exaltando actuaciones y ocultando errores, colocar a familiares, amigos y afines con sueldos elevados y trabajo fijo con dinero del contribuyente...
No por otro motivo real es el que cada gobierno de turno tiene medios de comunicación públicos bajo gestión y el monopolio de la ley y licencias para regular y permitir o no emitir a terceros (sociedad civil). Este hecho priva a los ciudadanos de una libertad esencial, y obliga a todo el mundo a pasar por sus manos para hacer cualquier actividad, lo que es el origen de la corrupción, el pago de comisiones y los sobres bajo mano si uno quiere hacer un negocio.
De ahí que por otra parte, la corrupción no se combate ni reduce con más control político (como algunos iluminados pretenden con fines obvios si alcanzan el poder), sino con todo lo contrario. Quitando las manos de las distintas actividades para que vuelvan a la sociedad civil, en libertad y competencia.
Artículo de Voz Pópuli:
La objetividad de los miembros del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) afines a CiU y ERC ha sido puesta en tela de juicio en muchos momentos. Se les ha acusado de hacer bandera del independentismo y de respaldar sus postulados en cada una de sus decisiones, lo que ha “restado credibilidad” a este órgano. Una de las funciones más importantes que tiene asignadas el CAC es la de conceder las licencias de emisión a los medios de comunicación de esta comunidad autónoma. Pues bien, mientras a las radios y televisiones catalanistas se les da el visto bueno en tan sólo unos días y sin condiciones, a las que tienen la sospecha de no defender el proceso secesionista se les demora durante meses.
Fuentes conocedoras del CAC han afirmado a Vozpópuli que el último ejemplo de este hecho es el relativo a la concesión de una licencia en Barcelona a Uniprex-Onda Cero. Esta empresa radiofónica realizó hace unos meses una oferta al empresario Justo Molinero (Teletaxi) para comprarle un derecho de emisión que tenía asignado desde hace varias décadas y que, al contrario que ocurre con los que se adjudican actualmente, no estaba supeditado a un tipo de cadena en concreto (generalista, radiofórmula, etc.). No obstante, ninguna norma los considera ilegales, por lo que pueden explotarse y transferirse sin incurrir en alguna falta.
Onda Cero solicitó al Consejo Audiovisual de Cataluña el poder hacer uso de esta licencia el pasado septiembre. El órgano aún no le ha dado el visto bueno y hoy, que se volverá a reunir, tampoco lo hará, salvo que el consejero más cercano a ERC cambie de opinión. “Desde que presentó la petición, los dos consejeros de CiU han puesto cien mil pegas para aceptarla”, destacan estas fuentes, que explican esta actitud en los reparos de Artur Más a que una radio contraria al independentismo comience a emitir en Barcelona.
Facilidades para El Punt Avui TV
Estas fuentes inciden en que, en contraposición a esta acción de bloqueo, se encuentra la facilidad con la que se otorgaron las seis licencias de emisión a la empresa responsable de El Punt Avui TV, cuyo proceso de adjudicación se tramitó en tan sólo unos días. “En ese caso, los consejeros catalanistas no pusieron ningún problema y realizaron la concesión de forma exprés. El trato desigual es manifiesto”, apuntan.
A este asunto se une el supuesto uso incorrecto de las licencias en el que incurren sus concesionarios, según ha denunciado al propio CAC Societat Civil Catalana. Desde esta colectividad, explican que la normativa audiovisual actual obliga a que las televisiones locales dediquen una parte significativa de su programación a la demarcación para la que le ha sido concedida la licencia. Pues bien, el 80 % de los contenidos que emite El Punt Avui TV son iguales para todas las provincias, lo que le convertiría, de facto, en una televisión autonómica y le llevaría a incumplir las condiciones que se estipulan en la licencia.
En este caso, los miembros del CAC no han demostrado ser puntillosos, sino más bien negligentes, lamentan estas fuentes, que recuerdan que hace unas semanas se sancionó a tres radios generalistas españolas (Cadena Ser, Cope y la propia Onda Cero) por no emitir unas cuñas sobre el 9-N que les fueron remitidas por la Generalidad de Cataluña unas horas antes de que el Tribunal Constitucional prohibiera toda acción publicitaria sobre la consulta.
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