Una evidencia más del nulo ajuste llevado a cabo en el sector público desde el inicio de la crisis pese a las reiteradas protestas al respecto, siendo comunes las exclamaciones y protestas de que son los empleados públicos los que están pagando la crisis (lo cual no puede ser más injusto y falto a la verdad si se observa lo que está experimentando el sector privado).
Y es que ya no solo en masa salarial cuando el importe salarial público es muy superior al del inicio de la crisis, sino que también lo es en las distintas partidas, solo que en algunas partidas sí se ha recortado desde el pico de gasto, pero en absoluto desde el inicio de la crisis o sus primeros años, cuando dicho gasto se seguía ampliando a fuertes ritmos.
Es por ello absolutamente necesario para solventar la situación de insostenibilidad de las cuentas públicas, que el ajuste en el empleo público continúe. Y es que cabe recordar que mientras en el sector privado han desaparecido más de 3,5 millones de empleos desde el comienzo de la crisis, en el sector público, contrariamente, hay aún más empleo que antes (solo cayó el empleo público en 2012), recayendo por tanto bajo las espaldas (e impuestos) de menos gente los salarios públicos de más gente, que además cobran en promedio mucho más (para el mismo puesto o especialidad).
No hacerlo seguirá provocando un mayor ahogo en la economía productiva del país, un mayor déficit y consecuentemente mayor deuda (e intereses de la misma), mayores impuestos, y más destrucción de empleo productivo nuevamente dilapidando los esfuerzos por salir de la crisis.
Artículo de El Economista:
Y es que ya no solo en masa salarial cuando el importe salarial público es muy superior al del inicio de la crisis, sino que también lo es en las distintas partidas, solo que en algunas partidas sí se ha recortado desde el pico de gasto, pero en absoluto desde el inicio de la crisis o sus primeros años, cuando dicho gasto se seguía ampliando a fuertes ritmos.
Es por ello absolutamente necesario para solventar la situación de insostenibilidad de las cuentas públicas, que el ajuste en el empleo público continúe. Y es que cabe recordar que mientras en el sector privado han desaparecido más de 3,5 millones de empleos desde el comienzo de la crisis, en el sector público, contrariamente, hay aún más empleo que antes (solo cayó el empleo público en 2012), recayendo por tanto bajo las espaldas (e impuestos) de menos gente los salarios públicos de más gente, que además cobran en promedio mucho más (para el mismo puesto o especialidad).
No hacerlo seguirá provocando un mayor ahogo en la economía productiva del país, un mayor déficit y consecuentemente mayor deuda (e intereses de la misma), mayores impuestos, y más destrucción de empleo productivo nuevamente dilapidando los esfuerzos por salir de la crisis.
Artículo de El Economista:
"Al ajuste del sector público aún le queda recorrido en lo que al gasto de su personal respecta. Los datos más recientes comparables entre los tres niveles de la Administración (Estado, comunidades autónomas y entidades locales) muestran cómo la suma total del coste del personal funcionario y contratado aún se situaba en 2012 un 18,1% por encima del nivel que mostraba antes del estallido de la crisis.
Expresado en términos absolutos, el año pasado, el coste de personal del sector público alcanzó los 116.087 millones de euros, mientras que en 2006 el desembolso destinado a esta partida no pasaba de 98.261 millones. En ese año todavía no se intuía el inicio de la peor recesión que ha vivido la España moderna. Los síntomas de lo que se avecinaba ya se manifestaban en el ejercicio posterior, pero no fue suficiente para detener el rallyalcista en el que se vio inmerso el gasto público.
En lo que al desembolso en personal atañe, bastaron cuatro años (de 2006 a 2010) para que ese capítulo, lejos de adelgazar, experimentara un incremento cercano al 30%. El cénit se alcanzó en 2009, cuando el gasto en recursos humanos sumado por los tres niveles de la Administración equivalía a 125.710 millones de euros.
Aquel ejercicio, concretamente su segundo trimestre, presenció la mayor caída que ha sufrido el PIB en términos interanuales desde el inicio de la democracia: un 4,5%. Ahora bien, la política de estímulos a la que se aferró el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y los demás países de su entorno, hicieron posible un simulacro de recuperación.
En el primer trimestre de 2010, la economía ya crecía otra vez (una décima intertrimestral) y las Administraciones tuvieron margen para confiarse. Así, el gasto en personal presentó ese año una disminución mínima con respecto al ejercicio anterior, de solamente unas decenas de millones, hasta quedar situado en 125.658 millones de euros.
Descenso muy pausado
La crisis española, avivada por el resquebrajamiento de la confianza en el conjunto de la zona del euro, no hizo más que intensificarse en los meses posteriores y el PIB entró de nuevo en recesión en el segundo trimestre de 2011, y no ha dejado de contraerse hasta muy recientemente (el tercer cuarto de 2013). Lo peliagudo de la situación ha hecho impostergable el ajuste del personal de las Administraciones Públicas y, de hecho, su coste no ha dejado de descender desde 2010, pero a un ritmo tan contenido que, todavía en 2012, seguramente el año más virulento de la crisis, todavía se situaba casi un 20 por ciento por encima del nivel anterior al inicio de las turbulencias.
Y en 2013 no parece que el Gobierno haya apretado el acelerador del ajuste del gasto en personal, como ha puesto de manifiesto muy recientemente el Banco de España.
En su último boletín mensual, publicado la semana pasada, la institución que gobierna Luis María Linde pretendió poner en guardia al Gobierno ante un posible incumplimiento del objetivo de déficit público para 2013, situado en el 6,5% del PIB. La meta se puede escapar, de acuerdo con el regulador, en primer lugar debido a que las subidas de impuestos no están teniendo todo el rendimiento esperado.
Pérdida de ritmo
No obstante, en segundo lugar, tampoco debe perderse de vista "una cierta ralentización en el ajuste de determinadas partidas de gasto, como es el caso del consumo público y, en especial, del componente de remuneración de asalariados", señala el informe.
Para disipar las preocupaciones del Banco de España, el mayor control se tiene que ejercer sobre las comunidades autónomas, pues no en vano el gasto en personal de este nivel de las Administraciones Públicas supone cerca de la mitad del total, en dinero contante y sonante, 52.621 millones de euros en el año 2012. Esa cifra no se encuentra todavía a mucha distancia de los 56.494 millones que supusieron en 2009 su desembolso máximo anual hasta la fecha.
En el caso de las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades...) son las que más descontrol mostraron en esta partida en plena crisis, dado que dispararon el gasto un 40% entre 2006 y 2009. Ahora bien, de igual manera este escalón administrativo se las ha arreglado para dar ejemplo, dado que su desembolso actual en recursos humanos sólo supera en un 11% los casi 27.000 millones de euros que absorbía en 2006."
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