No puedo estar más de acuerdo con el siguiente artículo de Juan R. Rallo, sobre la manera más adecuada de reformar la educación para que cada familia-individuo decida cómo quiere recibir su educación y qué educación quiere recibir sin la imposición de nadie que decida por ti.
Artículo de VLC News:
"El pasado 24 de octubre se celebró una huelga estudiantil en el conjunto de la enseñanza pública española contra la LOMCE aprobada recientemente por el ministro Wert. Las quejas de los huelguistas eran numerosas, pero básicamente se podrían resumir en: insuficiente dotación de recursos para los centros, sueldos demasiado bajos y jornadas demasiado largas para el profesorado, orientación mercantilizada de las enseñanzas, aumentos de las matrículas universitarias y maltrato de la diversidad lingüística.
Las protestas podrán parecernos más o menos razonables, pero en todo caso son respetables. A buen seguro, cada uno de nosotros tiene en la cabeza una cierta idea sobre qué contenidos deberían enseñárseles a los alumnos y sobre cómo deberían transmitírseles esos conocimientos; es decir, todos nosotros tenemos una cierta idea sobre cómo sería el sistema educativo en el que nos gustaría haber estudiado o en el que nos gustaría que estudiaran nuestros hijos: algunos preferirían una escuela laica, otros católica, protestante, musulmana, budista o animalista; algunos desearían transmitirles a los alumnos valores colectivistas, otros individualistas; otros querrían reforzar el conocimiento matemático de sus hijos a costa del histórico o el histórico a costa del inglés, o el inglés a costa del musical o el musical a costa del latín; algunos optarían por jornadas escolares más cortas, otros por alargarlas; algunos desearían eliminar los deberes en casa, otros multiplicarlos; algunos promoverían métodos de enseñanza alternativos (Montessori, Waldorf, Sudbury, educación progresiva, homeschooling, flexi-schooling, unschooling…), otros se quedarían con la vía tradicional; algunos piensan que la escuela debe orientarse a conocimientos prácticos, otros a conocimientos teóricos o recreativos; unos defienden los itinerarios tempranos, otros los rechazan; algunos insisten en que la lengua vehicular sea el catalán, el gallego o el vasco, otros preferirían el castellano, el inglés o el chino, etc.
Tan variopintas son las propuestas de reforma de la educación que ni siquiera he sido capaz de encontrar un manifiesto conjunto nacional que agrupara a todos los huelguistas. Cada facción tiene sus reivindicaciones y su propia agenda, que no necesariamente eran reconciliables con las reivindicaciones y las agendas de los otros huelguistas.
Bien está todo ello. No es que sea de la opinión de que cualquier sistema educativo o cualquier conjunto de valores es igual de bueno que cualquier otro. No: simplemente digo que el sistema educativo que encaje conmigo probablemente no le sirva a muchas otras personas, al igual que el que impulsen esas otras personas probablemente no les encaje a un tercer grupo de personas. Es más, aun en el caso de que sí hubiera un sistema educativo óptimo para todos los individuos, es harto dudoso que pudiésemos descubrirlo por la hiperracional vía del consenso deliberativo: sólo lo hallaríamos probando los diversos modelos, comparando sus resultados, corrigiendo los errores, cometiendo nuevas equivocaciones, innovando y desplazando los métodos anquilosados, etc. En definitiva, aunque existiera un solo modelo educativo óptimo para todos, no nos quedaría más remedio que descubrirlo permitiendo que cada ‘loco’ con una idea la ponga en práctica y fracase… o triunfe.
Por eso, la manera de reformar la educación no es ni con la LGE, LOGSE, LOU, LOCE, LOMCE ni con cuantas sopas de letras más queramos añadir. Tampoco es haciendo caso a alguno de los bandos de los huelguistas para que sean ellos quienes impongan su modelo educativo a todos los españoles.
No: la verdadera manera de reformar la educación es privatizándola y permitiendo que cada reformador monte su propio centro de enseñanza e implemente desde allí las propuestas que considera más acertadas. Si, en efecto, la inmensa mayoría de ciudadanos comparte las líneas maestras de esa reforma, el exitoso reformador verá cómo sus aulas se llenan de alumnos y el resto de empresarios del sector no tendrán más remedio que imitarlo. Si, en cambio, el reformador fracasa y se encuentra con sus aulas vacías, tendrá que afrontar la dura realidad de que su propuesta podrá ser un constructo intelectual muy bien hilado, pero que será un constructo que no convence y que no demanda nadie. En un mercado libre, a diferencia de lo que sucede en un sistema estatal, los consumidores de un servicio (en este caso, los estudiantes) no necesitan organizar ninguna huelga para protestar contra la defectuosa calidad de ese servicio: basta con que cambien silenciosa pero implacablemente de proveedor. Si “Escuelas Wert SA” no les gusta, pueden trasladarse ipso facto a “Cooperativa de escuelas Marea Verde”: y pueden hacerlo aunque algunos o muchos otros alumnos opten por quedarse en “Escuelas Wert SA”. Cada uno decide por sí mismo, no por los demás.
No existe ninguna necesidad de que las reformas de la enseñanza se impongan a la vez sobre todos los españoles. Quien promueve una reforma específica de la escuela pública no está defendiendo su derecho a no sufrir en sus carnes un programa educativo que le desagrada: no, está defendiendo su privilegio a imponerles a las carnes ajenas un programa educativo que a él particularmente le agrada. En suma, la reforma de la educación pública lo único que busca es controlar la educación que reciben los demás, no la propia.
Por supuesto, quien desea controlar la educación de los demás jamás reconocerá que ése es su verdadero propósito. Incluso es probable que se autoengañe repitiéndose que en realidad busca el bien común: pero si verdaderamente lo buscara, permitiría que cada cual persiguiera su bien particular tal como cada cual entiende su bien particular. La propiedad y el control estatal de todo el sistema educativo no tienen razón de ser: la libertad educativa se consigue precisamente a través de la libre y desregulada creación de centros educativos y de la libre y voluntaria elección de los mismos por parte de los estudiantes.
La objeción de que sólo los ricos y los grandes grupos empresariales podrían crear escuelas es del todo inválida: el 70% del gasto en educación se corresponde con salarios de los profesores, tanto en la escuela pública como en la privada. Las escuelas son negocios muy poco intensivos en capital (como atestiguan las múltiples academias existentes por todo el territorio nacional), de manera que cualquier grupo de profesores podría unirse, formar una cooperativa y lanzar su proyecto de escuela.
Además, de este modo, ellos mismos serían sus propios jefes y podrían escoger cuánto cobrar y cuántas horas trabajar: si realmente los recortes salariales y el extender su jornada lectiva a 20 horas semanales merman apreciablemente la calidad de su enseñanza, los alumnos y sus padres lo terminarían apreciando y se mostrarían encantados de abonar el sobreprecio por matrícula que los mayores sueldos y la menor jornada acarrean.
Porque, en efecto, la objeción de que la escuela privada es sólo para ricos tampoco resulta válida. En 2010, con los últimos datos del INE y Eurostat en la mano, la plaza en una escuela privada no concertada costaba la mitad (4.000 euros) que una plaza en la pública (7.800 euros). Teniendo en cuenta los ingentísimos impuestos que pagamos los españoles (un sueldo bruto de 15.500 euros soporta una carga fiscal total de más de 9.000 euros anuales), es evidente que, en condiciones ordinarias (y no de depresión estatalmente inducida), no habría ningún problema para sufragar la educación. Pero, además, nada obsta para que dentro de este marco general de escuelas privadas, aparezca un generoso sistema de becas. Por ejemplo, las propias cooperativas de profesores, al ser propiedad de los propios profesores y no de algún capitalista desalmado, podrían ofrecer plazas gratuitas o muy rebajadas para aquellos alumnos de renta baja, demostrando con los hechos que, tal como ellos mismos afirman, su profesión es esencialmente vocacional y sólo accesoriamente lucrativa.
En definitiva, para reformar la educación, para revolucionarla, hay que privatizarla; o, mejor dicho, desestatalizarla. Cada cual debería ser responsable de escoger el itinerario de su propia formación: que ni Wert, ni Rubalcaba, ni ningún planificador iluminado piensen por ti. Tampoco a la hora de escoger qué y cómo debes aprender."
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