domingo, 28 de julio de 2013

La 'manía' reguladora de la UE puede generar unas 200.000 normas al año. (Política, Economía. 1.784)

Y es un dato conservador. El daño a la economía y al empleo de la creciente burocratización es tremendo, y una de las causas que explican el porqué de la situación europea, pero seguimos agravándolo.

Más de 200.000 normas al año que implican un brutal coste económico para las empresas (más aún para las pymes), huida de inversiones y trabas a la inversión, trabas al crecimiento económico y al desarrollo, trabas al empleo, mayores impuestos, creciente poder del Estado (más corrupción, fraude y economía improductiva), y mayores restricciones a la libertad, la gran enemigo de ese Gran Hermano que todo lo quiere controlar.


Solo una estimación en el 2007 hablaba de 150.000 millones de € de costes y trabas que suponía la burocratización europea (un 1,5% del PIB comunitario). Esto en el 2007. Seis años después se habla de un 2% de un PIB ahora mayor, superior a los 15 billones de €, estaríamos hablando de más de 300.000 millones de €!!!!

Pero sigamos hundiéndonos mientras nos quejamos de nuestros males (sin ponerles remedio y agravándolos aún más), observando cómo nos adelantan en otras regiones del mundo con las que cada vez podemos competir menos.

Artículo de El Confidencial:

"La UE aprueba 18 normas al día; 280 al mes y 3.076 al año que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos. Si se tiene en cuenta que la transposición de cada directiva comunitaria a cada Estado puede suponer entre 30 y 300 medidas, la cifra se dispara.  El Foro Europa Ciudadana, autor del informe Hiperregulación en la Unión Europea, hace una estimación que su presidente, José Carlos Cano, tacha de “comedida”: 200.000 al año. Y eso que en esta valoración no entran ni dictámenes ni recomendaciones, entre otros.

¿Consecuencias de esta desmedida afición por regular de la Unión Europea? Burocratización.

Atrofia. Huida de inversores y de profesionales hacia mercados menos complejos. Trabas al desarrollo. Una lejanía cada vez mayor de los ciudadanos hacia Europa. Y, a la postre, todo ello puede derivar en “la pérdida al medio y corto plazo de una posición preponderante en el panorama internacional, y ya no sólo a nivel económico”, según señala Cano.

Entre las páginas del BOE, la adaptación a la legislación nacional de la normativa europea puede ocupar, según el día, el 50, 70 o incluso el 90%. Un “marasmo legal”, en palabras de Cano, que en su opinión hace que se pierdan la certeza y la seguridad jurídicas: “Ni siquiera un profesional del derecho está seguro de lo que es aplicable, y las pymes no pueden conocer toda la normativa que les afecta”, explica este profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Se legisla, además, hasta el último detalle. Un ejemplo: las directivas europeas, por ejemplo, regulan, incluso  en milímetros, las dimensiones de los vehículos 4x4. Si un empresario quiere importarlos desde Estados Unidos, tendrá que tenerlo en cuenta.

Efectos en las pymes

“El tema del entorno legal es sin duda uno de los elementos que más afectan a la competitividad”, corrobora Carlos Ruiz, responsable de Economía de la Cepyme, que explica que el obstáculo no está sólo en la “maraña legislativa” comunitaria, sino también en la normativa estatal, comunitaria y local. “A la obligación de saber la normativa que les afecta, se une el coste económico de cumplirla, de sacar adelante los trámites, adaptar el sistema productivo de cada pyme… Se trata de un coste fijo, y es el mismo para una empresa de grandes dimensiones que para una pyme”. En esta organización, de hecho, han calculado que cada euro que una compañía de mayor entidad destina a estos gastos, para una pequeña y mediana empresa equivale a 10.

La propia Comisión Europea ha estimado el impacto que tendría en los balances de la Unión una reducción de las cargas administrativas. En un estudio de 2007 señalaba que el 1,5% del PIB comunitario, unos 150.000 millones de euros, se perdían en los costes y trabas de este ingente aparato regulatorio. “En 2013, como poco, se puede situar en un 2%”, añade José Carlos Cano.

Los pequeños, primero

En la Cepyme hablan de algunas medidas para paliar esta situación. Por ejemplo, la introducción del principio think small first, esto es, que al elaborar una norma se piense primero en la pequeña y no en la gran empresa, o que las distintas administraciones tengan fechas comunes de publicación de normativa para facilitar que las firmas afectadas puedan conocerlas.

La Comisión también está tratando de implantar algunas iniciativas, como el aumento de los trámites de audiencia, el plazo que ciudadanos y empresas tienen para formular sus objeciones antes de aprobar una directiva, que ahora está en 12 semanas. También está empezando a introducir el concepto de la smart regulation, cuyos principios dictan que toda legislación debe ser más eficaz y eficiente, que ha de demostrarse que añada valor añadido al sector que regula y que debe lograr un marco regulatorio simple y claro. Para ello, es importante escuchar la voz de las entidades y personas a las que afecta. Algo que la Comisión no siempre hace: “La directiva sobre el tabaco que se vota en septiembre ha recibido 85.000 respuestas a consultas públicas, pero el texto que ha elaborado la Comisión no dice si ha atendido a una sola. Parece que le da lo mismo lo que diga el ciudadano o la empresa”, concluye Cano.

El Foro Europa Ciudadana es, sin embargo, optimista. “La Comisión va en la línea acertada, pero se lo tiene que creer ella misma. Porque, en el fondo, el problema es que con todo esto los europeos no contemplan el proceso de integración como algo suyo y cunde la desafección hacia la Unión. Las elecciones al Parlamento Europeo del año próximo pueden dar sorpresas: si la participación no llega al 30% de media, estará en juego Europa. Nosotros pensamos que el barco se puede salvar, pero hay que remozarlo bien”, sostiene."

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