lunes, 15 de julio de 2013

Montoro incendia a la hostelería y a la gran distribución con el tasazo al frío. (Política, Economía. 1.742)

Otro paso más hacia el desastre. En esto se resume la gestión política. Sangrar al máximo al contribuyente, subir impuestos y mantener e incrementar el Estado y Gasto público a costa del bienestar del ciudadano, provocando más destrucción de empleo, menos competitividad, menos ahorro e inversión y más destrucción de riqueza y bienestar. 
Pero que siga la fiesta, y lo peor de todo, es que los partidos de la oposición (salvo algún partido verdaderamente muy minoritario y residual) siguen y exigen la misma línea sino peor (aún más gastos e impuestos). Mala solución para la sociedad:

"Reunión de urgencia en la patronal CEOE. Varias de las asociaciones sectoriales afectadas por el último impuesto inventado por el Ministerio de Hacienda mantuvieron encuentros de trabajo la semana pasada para definir de urgencia una respuesta conjunta. Hostelería, grandes superficies, distribución, logística… consideran que el tasazo del ministro Cristóbal Montoro, que ha decidido aplicar un gravamen medio de 76 euros/kilogramo al gas fluorado utilizado para generar frío industrial, un impuesto casi ocho veces superior al precio de mercado de este componente (8 euros/kg), escapa de toda lógica medioambiental y que sólo esconde un afán recaudatorio cuyo impacto económico no se ha medido correctamente. 
Aprobado en el consejo de ministros del 28 de junio, el Partido Popular presentó de urgencia el mismo 3 de julio el Proyecto de Ley que establecerá estas medidas en materia de fiscalidad medioambiental, en teoría para seguir las recomendaciones europeas, donde existe un debate entre los países del Norte, impulsores de la medida, y los del Sur, principales consumidores, para definir un calendario de adaptación a nuevas tecnologías menos contaminantes. En España, este impuesto especial sobre gases fluorados de efecto invernadero (aires acondicionados y aerosoles) entrará en vigor en 2014 en todo el territorio español, adelantándonos a futuras directrices de Bruselas, y espera recaudar en torno a 340 millones de euros.
La decisión ha pillado por sorpresa a todos los afectados. El Ministerio de Hacienda ha trabajado de manera confidencial con la Oficina Española de Cambio Climático, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, para desarrollar este tributo sin que trascendiera, evitando así las objeciones y apelaciones que han soportado otras iniciativas legislativas, como por ejemplo con la elaboración de la Ley de la Cadena Alimentaria. Ahora son hechos consumados y por vía de urgencia, con la intención de que entre en vigor con la mayor celeridad posible, de manera que el efecto recaudatorio tenga impacto para las arcas públicas cuanto antes, según señalan con tono crítico desde alguna asociación empresarial afectada.
Este nuevo marco impositivo respecto a los gases de efecto invernadero convierte a España en un país pionero dentro de la Unión Europea, una vanguardia que no se corresponde con el resto de actuaciones vinculadas a la eficiencia energética. Esta asintonía, entre otras cosas, ha hecho pensar a la cadena de afectados por la decisión del Ministerio de Hacienda que lo que de verdad se esconde esta medida es un mero afán recaudatorio, independientemente del espíritu medioambiental que la ampara. "De cara a la opinión pública, el desarrollo de un impuesto verde es socialmente bien visto, más aún si además no recae de manera directa sobre los consumidores, como ocurre al quedar fuera el aire acondicionado doméstico". 
Aunque de cara a la opinión pública el anuncio del nuevo impuesto quedó circunscrito al aire acondicionado, la realidad de la nueva figura tributaria tiene un alcance muy superior y una dimensión industrial. En realidad, los grandes afectados son los usuarios de frío industrial para su actividad empresarial, como por ejemplo hostelería, distribución, logística… que por su desempeño no pueden emplear otros productos (amoniaco) como elemento para generar frío. Este tasazo amenaza de forma inmediata los costes de producción, al tiempo que renuncia a establecer un proceso de transición gradual a otras tecnologías menos contaminantes, aunque menos competitivas, como ha ocurrido en otras ocasiones. 
Desconcierto y descontento generalizado
Además de las industrias usuarias de estos gases, impulsoras del citado plan de acción ante Hacienda, también serán contribuyentes del nuevo impuesto los fabricantes de gases fluorados, los importadores y los revendedores. El tipo impositivo se establecerá en función del potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de los productos. La tipología de gases fluorados afectados se divide entre los hidrofluorocarburos (HFC), empleados como refrigerantes, disolventes de limpieza y agentes para fabricación de espumas; los perfluorocarburos (PFC), usados también para crear semiconductores, y el hexafluoruro de azufre (SF), especial para equipos de conmutación de alta tensión y la producción de magnesio.
El impuesto se exigirá en función del potencial de calentamiento atmosférico (PCA) atribuido a cada tipología de gas. De esta manera, el tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente de 0,020 al potencial de calentamiento atmosférico que corresponda a cada gas fluorado, con el máximo de 100 euros por kilogramo. La liquidación de este tributo será trimestral y todos los contribuyentes estarán obligados a inscribir sus instalaciones en el registro territorial del impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, sobre el que posteriormente el Ministerio de Hacienda elaborará un censo de obligados tributarios. Las Comunidades Autónomas no verán ni un euro de este nuevo impuesto estatal.
Por sus características, instalaciones de menos de 3 kilos, la medida ha dejado fuera a los aparatos domésticos de aire acondicionado. Sin embargo, la compra compra o recarga de los equipos de una vivienda costará de media 65 euros más,según cálculos de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC). Un equipo doméstico suele recargarse cada dos o tres años, mientras que los equipos industriales se recargan anualmente. Los fabricantes o mayoristas de estos aparatos destinados a la refrigeración serán los encargados de pagar a la hacienda pública este nuevo impuesto, por lo que al consumidor final se verá afectado de manera indirecta en caso de que el impuesto se repercuta en los precios. "

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