Y es que como bien expone, ninguno de los argumentos de sus defensores justifica "el establecimiento de semejante portal de información gubernamental".
Y evidencia una vez más que la casta y la neocasta no son diferentes, pues los partidos "colonizan la administración y la administración se coloca al servicio del partido" para intentar vender objetividad (donde hay propaganda partidista) desde órganos institucionales.
A su vez muestra la moraleja que hay que extraer.
Artículo de Voz Pópuli:
El Ayuntamiento de Madrid ha creado un polémico portal de noticias, Versión Original, donde publicará rectificaciones a diversas informaciones “erróneas” aparecidas en medios de comunicación privados. Muchos no han apreciado problema alguno en esta iniciativa debido a su previsible bajo coste (su diseño apenas emplea una plantilla standard de Wordpress y, además, probablemente baste con un trabajador a tiempo parcial para alimentarla con contenido); según reza su argumento, si no cuesta (casi) nada a los contribuyentes, entonces no puede existir problema alguno con ello. Otros, en cambio, han optado por defender la página web como una forma de romper el monopolio informativo de los periodistas: la web aporta transparencia y permite contrastar las informaciones sesgadas publicadas por los medios de comunicación.
Sin embargo, ninguno de ambos argumentos es realmente capaz de justificar el establecimiento de semejante portal de información gubernamental. En esencia, porque se están instrumentando las instituciones estatales para efectuar campaña partidista: si, según reza el mito, el Estado nos representa a todos y el gobierno del Estado apenas ha de dedicarse a cumplir con el mandato ciudadano a la hora de desarrollar un determinado programa electoral, entonces las interpretaciones personales sobre la acción política de ese gobierno deberían quedar en manos de los propios ciudadanos, de los medios de comunicación y, acaso, de los partidos políticos que dan apoyo al correspondiente gobierno.
Pero, desde luego, donde no deberían hallarse es en las manos del gobierno: el Ejecutivo ejecuta, no vende propagandísticamente sus ejecuciones. El Ejecutivo no debería estar preocupado por cómo se interpreten sus actuaciones, ya que su finalidad supuestamente no es la de retener el poder, sino la de ejercerlo de acuerdo con el mandato ciudadano recibido en las urnas. Son los partidos políticos que dan apoyo al gobierno los que, en cambio, sí están preocupados por que su particular proyecto ideológico prospere y se siga aplicando más allá de la actual legislatura. Pero los partidos no son —o no deberían ser— el gobierno: los candidatos a dirigir las instituciones no deberían identificarse con las propias instituciones. Podemos o Izquierda Unida tienen todo el derecho a defender al Ejecutivo al que dan apoyo: es más, se trata de una actividad que regularmente efectúan desde páginas webs, ruedas de prensa, cuentas de Twitter o debates en televisión. Mas las instituciones estatales no son el vehículo adecuado para canalizar su verborrea.
Entonces, ¿cuál es el motivo de que en este caso no sean los partidos quienes defiendan al gobierno municipal, sino que sea el propio gobierno municipal quien quiera defenderse a sí mismo? ¿Cuál es la razón de que los circuitos tradicionales de persuadir a la ciudadanía sobre las bondades de un determinado gobierno ya no sirvan y de que deba ser ese mismo gobierno quien pase a defenderse a sí mismo? Pues, en esencia, que la gran mayoría de ciudadanos han interiorizado —correctamente— que la información que transmite un partido es información de parte interesada y, en consecuencia, su credibilidad resulta nula. En cambio, las instituciones políticas retienen una porción de credibilidad dado que se les sigue reconociendo autoridad para ejercer de guardianes del orden social: las instituciones gozan de una presunción de veracidad de la que la agrupación política Ahora Madrid pretende aprovecharse en beneficio privativo. No es Versión Original, sino Verdad Oficial.
De ahí que resulte equivocado justificar la creación de un altavoz gubernamental que no sólo pretenda volcar información sobre los actos y decisiones tomadas por el Ejecutivo, sino que se proponga como misión el corregir, enmendar la plana, refutar o criticar a aquellos que, al muy sesgado juicio de los gobernantes, hayan ofrecido información que perjudique a sus ambiciones electorales. En este tipo de decisiones, partido y gobierno se entremezclan conformando un entramado cuyo único interés es el de retener el poder para seguir medrando personal e ideológicamente: el partido coloniza la administración y la administración se coloca al servicio del partido.
Evidentemente, no se trata de un vicio exclusivo de Ahora Madrid. PP y PSOE llevan décadas cometiendo tropelías mucho más graves: empezando por las televisiones públicas convertidas en órganos oficiosos de prensa de sus respectivas formaciones y acabando por la parasitación de los principales órganos fiscalizadores del Estado, el bipartidismo ha terminado convirtiendo las instituciones estatales en su particular cortijo. Es decir, lo que toca no es afearle la conducta a Ahora Madrid para lavarles la cara a esas maquinarias de poder terroríficamente engrasadas como son PP y PSOE: más bien, se trata de probar una vez más que las diferencias entre la casta y la neocasta son meramente aparentes.
Es más, este artículo ni siquiera busca ilustrar una equivalencia formal entre la casta y la neocasta: en realidad, la moraleja que deberíamos extraer de esta desacomplejada utilización partidista de las instituciones estatales es que resulta imposible separar en la práctica al partido, al gobierno y al Estado. La patrimonalización personalista de las instituciones y de la autoridad estatal es consustancial al actual marco de organización política ultraestatista en el que moramos: el Estado ni es propiedad de todos ni actúa en representación transubstanciada de la voluntad común. El Estado es sólo una carcasa jurídica con hiperlegitimidad social que habilita a determinadas personas (políticos y burócratas) a tomar decisiones a costa del ciudadano medio y en su propio provecho personal. En este caso, los políticos de Ahora Madrid se arrogan el derecho de obligarnos a costear lo que no pasa de ser otra herramienta de propaganda a su servicio. Todavía peor, se arrogan el derecho a instrumentar el halo de oficialidad del Estado para señalar a determinados periodistas como torpes escribas, manipuladores ideologizados o enemigos del Estado: el mismo Estado que presuntamente representa a tales ciudadanos, vilipendiados por criticar a Ahora Madrid, se revolverá contra ellos según cuál sea la agenda de los políticos que controlen el cuartel de mandos de ese Estado.
Al igual que sucede con todo medio de comunicación público, Versión Original debería desaparecer o, si acaso, convertirse en un portal administrado conjuntamente por Podemos, Izquierda Unida, Equo y cualquier otra organización satélite de Ahora Madrid: desde tales ámbitos, los políticos tienen absoluta legitimidad para señalar como enemigos del pueblo, de la revolución o de la justicia social a cuantos periodistas gusten. Pero el Estado no está —o no debería estar— para tales invectivas propagandísticas. El hecho de que ni siquiera se les haya pasado por la cabeza que no son usufructuarios de las instituciones dentro de las que (coercitivamente) nos encierran ilustra hasta qué punto la idea de un Estado que nos unifique orgánicamente a todos constituye una conveniente falacia: el Estado no somos todos, son ellos (la casta o la neocasta) contra nosotros (los ciudadanos que tratamos de vivir al margen de su coacción arbitraria). También cuando se trata de diseñar la propaganda de la clase política con la que ora emborracharán, aleccionarán o reprenderán a los ciudadanos.
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