Juan Rallo analiza las restricciones y prohibiciones al comercio que están adoptando formaciones como PSOE y Podemos tras las últimas elecciones municipales.
Una muestra del profundo rechazo a la libertad de los distintos partidos político, al servicio de grupos de presión y que emplean su poder como "carta blanca para el abuso de poder político y para colocar las aspiraciones pacíficas de las minorías electorales en la picota de las mayorías caprichosas".
Artículo de El Economista:
Comerciar es una actividad consustancial a la libertad humana. Las personas gustamos de intercambiar unos bienes por otros bienes (do ut des), unos bienes por otros servicios (do ut facias) o unos servicios por otros servicios (facio ut facias). El comercio, ya sea dentro del grupo o especialmente entre grupos, se halla presente en todas las sociedades humanas y, muy en particular, en aquellas que exhiben un mayor grado de prosperidad y desarrollo.
Es verdad que, pese a lo anterior, casi todas las culturas han impuesto algún tipo de límites al comercio: no sólo en el objeto de los bienes o servicios transables, sino también en las circunstancias que rodean tales transacciones. Las religiones, por ejemplo, suelen exigir un día de descanso donde toda actividad -incluida la comercial- debe quedar paralizada para así disponer de suficiente tiempo para rendir culto a la correspondiente divinidad: el cristianismo impone los domingos, el judaísmo los sábados y el islam los viernes.
Por supuesto, es perfectamente legítimo que una confesión religiosa imponga a sus miembros voluntarios un determinado patrón de comportamiento, sobre todo cuando se trata de honrar a la divinidad que los congrega en torno a semejante confesión. Lo que, por el contrario, carece de sentido es que tales obligaciones se impongan también sobre aquellas personas que no forman parte de esa religión y que, en consecuencia, poseen otras visiones de la buena vida -igualmente legítimas- entre las que puede incluirse comerciar durante todos los días de la semana.
Del mismo modo que nos parecería absurdo que una religión les impusiera a los ateos o a los miembros de otra religión su concepción de la buena vida, también debería parecernos absurdo que, más en general, un grupo de personas le impongan su concepción de la buena vida a otro grupo de personas.
Pero esto es justamente lo que están haciendo los nuevos clérigos estatales desde sus oficinas burocráticas: en la Comunidad Valenciana, PSV y Compromís han acordado dar marcha atrás en la parcial liberalización de los horarios comerciales; en Baleares, el PSOE también ha suscrito con Podemos y la coalición MÉS un acuerdo para declarar una moratoria de seis meses a la apertura de nuevos centros comerciales; y el nuevo Gobierno navarro también ha exhibido su interés en prohibir la apertura durante domingos y festivos así como de limitar la apertura de nuevos grandes almacenes.
¿Competencia desleal?
¿Cuál es la base para semejante reacción prohibicionista? Simplemente, que hay algunos comerciantes que preferirían descansar los domingos y, en consecuencia, no puede permitirse que otros comerciantes que no tienen esa misma aspiración ejerzan contra ellos una "competencia desleal".
Es decir, dado que el grupo de comerciantes que desea descansar los domingos no quiere responsabilizarse de las consecuencias de sus muy legítimas decisiones (el riesgo de perder parte de sus clientes frente a otros comerciantes que están dispuestos a abrir los domingos para prestar un buen servicio a los consumidores), autorizamos socialmente la represión de la libertad de todas aquellas personas que tienen otras aspiraciones distintas pero tan legítimas como las de los comerciantes que desean descansar los domingos.
Vivir en sociedad implica coexistir pacíficamente y, por tanto, respetar los objetivos vitales de otras personas que no impliquen una agresión ilegítima contra mis propios objetivos vitales: coexistir pacíficamente implica, pues, respetar las decisiones ajenas que no se dirijan directamente a impedir mis propias decisiones aun cuando puedan perjudicarme indirectamente.
Por ejemplo, uno es libre de estudiar una carrera universitaria o de no hacerlo, pero lo que no debería poder hacer es prohibir que otras personas estudien un grado superior para así evitar hallarse en una desventaja competitiva en caso de que no estudie. O, asimismo, uno es libre de acudir todos los días al gimnasio o de no hacerlo, pero desde luego no está legitimado para impedir que otros cuiden su apariencia física so pretexto de que, si él no hace lo propio, tendrá menos oportunidades de encontrar pareja.
Y, por las mismas, uno es libre de comerciar o de no comerciar los domingos, pero lo que desde luego no debería poder hacer es emplear la fuerza -aunque sea a través de las instituciones estatales- para impedir que otros comercien mientras él descansa en domingo.
Una sociedad libre necesita de un respeto estructural a los distintos proyectos vitales de las personas. En nuestras sociedades actuales, sin embargo, parece que un gobierno está legitimado a tomar cualquier decisión mientras tenga cabida dentro de la constitución. El padecer una constitución poco garantista con las libertades personales se ha convertido en una carta blanca para el abuso de poder político y para colocar las aspiraciones pacíficas de las minorías electorales en la picota de las mayorías caprichosas.
Pero nada de ello debería llevarnos a guardar silencio ante tan inaceptables y absurdos atropellos perpetrados por una mezcla de prejuicios ideológicos anticapitalistas y por atender las liberticidas reivindicaciones facciosas de un grupo de presión organizado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario