El consumo público, como antes de la crisis

Juan Rallo analiza la evolución del consumo público (que no gasto público) en España desde el inicio de la crisis, y que refuta otro extendido mito: el de que los "recortazos volvían inmanejable e ingobernable el Estado de bienestar".

Desgraciadamente, el populismo, la demagogia y la propaganda tienen un alcance mucho mayor a los datos y los hechos, pues el interés político, mediático y de los lobbies en ello no tiene fin. 

Artículo de El Confidencial: 

Foto: Reuters.

Gasto público no es lo mismo que consumo público: el primero se refiere a la totalidad de los desembolsos que efectúa el Estado, mientras que el segundo solo está integrado por aquellas partidas presupuestarias dirigidas a fabricar o adquirir bienes que las administraciones prestan a los ciudadanos de manera gratuita (esto es, a cargo del contribuyente). En otras palabras, los pagos corrientes sin contrapartida (pensiones, desempleo, becas, intereses, subvenciones, etc.) no son consumo público y, en cambio, la prestación o financiación pública de servicios como la educación, la sanidad, la dependencia, la seguridad y los medicamentos sí es consumo público. Por consiguiente, el consumo público constituye un buen indicador del tamaño del Estado como proveedor de servicios a la población (aunque no nos ofrece la imagen completa del Estado como redistribuidor forzoso de la renta).

Desde hace una década venimos escuchando que el Estado de bienestar —educación, sanidad, dependencia, etc.— se ha desmantelado en España; que cada vez hay menos personal y menos equipo para responder a las necesidades de la población. Evidentemente, cuando ciudadanos, periodistas o políticos profieren tan rotundas afirmaciones no pueden estar refiriéndose a los (inexistentes) recortes sobre el conjunto de las transferencias sociales: a la postre, estas alcanzaron en 2017 la cifra más elevada de su historia (178.000 millones de euros: un 25% más, en términos reales, que al inicio de la crisis). En todo caso, estarán denunciando los tijeretazos acaecidos en el consumo público: a saber, que los medios materiales y humanos de las administraciones públicas para prestar servicios a sus ciudadanos se han hundido de manera estrepitosa desde 2007. Pero no ha sucedido de ese modo.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)presentó hace unos días los datos adelantados de los ingresos y gastos públicos correspondientes al año 2017. A su vez, la IGAE también publicó las cifras de consumo público correspondientes a ese ejercicio, lo que nos permite comparar la cifra del último año con la que experimentábamos antes de la crisis. En el siguiente gráfico, se puede observar cómo ha evolucionado —en euros constantes de 2017, esto es, descontando la influencia de la inflación— el consumo público durante los últimos 20 años.

Consumo público (millones de euros 2017). Fuente: Intervención General de la Administración del Estado.

La radiografía es obvia: los servicios públicos proporcionados por el Estado a sus ciudadanos crecen muy notablemente durante los años de bonanza, entre 1998 y 2007. En concreto, el consumo público se expande durante esas fechas un 54% en términos reales. Con la llegada de la crisis, el consumo público continúa creciendo durante un par de ejercicios, hasta que nuestro exorbitante desequilibrio presupuestario nos obliga a reducir durante varios años el consumo de las administraciones: en particular, el consumo público toca mínimos en 2013, al ubicarse un 6,7% por debajo de los niveles alcanzados antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. A su vez, y desde el mismo ejercicio, el consumo público se ha incrementado en más de un 5%, recuperando casi enteramente los niveles precrisis: tan es así que, en 2017, ya era un 4,3% superior al de 2006 y solo un 1,8% inferior al de 2007 (todo ello, repito, descontando la inflación). En suma, pese al estancamiento del gasto durante los últimos años, la trayectoria de engorde estatal durante las últimas dos décadas es incuestionable: el consumo público en 2017 era un 51% superior, en términos reales, al de 1998.

Más que de recortes, pues, deberíamos hablar de que, durante la crisis, se ha frenado la expansión de los servicios públicos. La conclusión, por cierto, es prácticamente la misma si optáramos por ajustar el consumo público en función de la población residente en España: en 2017, el consumo público por habitante ascendía a unos 4.640 euros, el mismo que en 2006 y un 4,2% por debajo del de 2007 (ya descontada la influencia de la inflación). Es decir, el Estado asume unos costes de servicios por habitante análogos a los previos a la crisis.

Consumo público por habitante (euros 2017). Fuente: Intervención General de la Administración del Estado.

¿Dónde están los recortazos que volvían inmanejable e ingobernable el Estado de bienestar? Por ningún lado: su crecimiento secular continúa imparable y su situación de cuasi bancarrota durante los últimos años apenas nos ha llevado a congelar temporalmente su ritmo de expansión. El auténtico adelgazamiento del Estado para revigorizar y oxigenar la sociedad civil ni está ni, a tenor de los recientes Presupuestos, se lo espera.