¿Nos sale muy caro el Estado autonómico?

Juan Rallo analiza la cuestión del gasto burocrático de la descentralización en España, en respuesta a los que dan como solución a todos los problemas la centralización del gasto para ahorrar y pagar otras partidas o promesas. 

Artículo de El Confidencial: 

Unos operarios colocan las banderas de las comunidades autónomas. (EFE)

Suele decirse que los estados descentralizados son mucho más caros de mantener que los estados fuertemente centralizados: ya saben, en los estados descentralizados existen duplicidades por todas partes y, por tanto, la factura de la burocracia se dispara. En el caso particular de España, es habitual escuchar lo disparatado que supone contar con 17 parlamentos autonómicos, 17 consejerías de Sanidad o incluso 17 embajadas regionales: si pudiéramos suprimir todos esos estamentos burocráticos y centralizar sus competencias en una única Administración territorial, lograríamos importantísimos ahorros del gasto que podríamos destinar a partidas mucho más urgentes, como la educación o las pensiones. Algunas formaciones políticas incluso se han aventurado a cuantificar en 60.000 millones de euros el sobrecoste que representan las duplicidades del Estado autonómico.

Tales planteamientos suelen olvidar que centralizar no es lo mismo que desburocratizar: si un órgano centralizado, precisamente por el hecho de concentrar un enorme volumen de competencias, delega parte de sus funciones en otros órganos subordinados, no estamos reduciendo el número total de órganos, sino que únicamente estamos modificando la relación jurídica que existe entre ellos (la centralización somete a todos los órganos a una relación de estricta jerarquía, mientras que la descentralización otorga una relativa autonomía a cada uno de esos órganos). En otras palabras, para saber si un Estado descentralizado, como el de las autonomías, es mucho más ineficiente y caro que otros estados centralizados similares, necesitaremos comparar el coste de la burocracia de unos y de otros.

Afortunadamente, Eurostat nos proporciona cada año las estadísticas sobre clasificación funcional del gasto público, donde encontramos dos rúbricas que nos permiten medir lo que podríamos denominar 'gasto burocrático' o 'gasto gerencial'. Por un lado, la rúbrica de “órganos ejecutivos y legislativos, asuntos financieros y fiscales, asuntos exteriores”, donde se estima el gasto público de los parlamentos, gobiernos, agencias fiscales y embajadas exteriores. Por otro, la rúbrica de “servicios generales”, donde se incluye el gasto del personal dedicado a coordinar, planificar, implementar y evaluar el conjunto de políticas sectoriales de la Administración. Por tanto, si sumamos ambas partidas, alcanzaremos el gasto específicamente burocrático.

Pues bien, ¿cuánto gasta España en estas dos materias? El 2,6% de su PIB, es decir, alrededor de 30.000 millones de euros cada año. De entrada, fijémonos en que la cifra es voluminosa, pero no da para hacer los milagros que algunos partidos suelen prometer: aun cuando consiguiéramos eliminar totalmente este gasto (un objetivo del todo ilusorio, dado que todo Estado necesita de una cierta burocracia), no conseguiríamos, por ejemplo, compensar el agujero medio que tendría la Seguridad Social (5,3% del PIB) en caso de suprimir las dos últimas reformas del PSOE y del PP.

Pero vayamos a lo que realmente nos ocupa: ¿es esta cifra del 2,6% del PIB escandalosamente alta dentro del contexto europeo? No, no lo es: de hecho, está ligeramente por debajo de la media europea (2,8% del PIB) y apreciablemente por debajo de otros países tan centralizados como Francia (3,5% del PIB), Portugal (3,2%) o Italia (3,1%). En otras palabras, y como ya apuntamos, centralización no es ni lejanamente garantía de desburocratización: existen estados muy centralizados y enormemente burocratizados justamente porque mantienen una enorme estructura administrativa pero sometida a una organización puramente jerárquica.

Fuente: Eurostat.

Por supuesto, cabría alegar que el volumen de gasto burocrático estará relacionado con el volumen total de gasto público: cuanto más grande es un Estado, más burocracia necesitará para gestionarlo (si bien también cabría pensar que existen ciertas economías de escala en esta materia, esto es, que un volumen determinado de burocracia sea capaz de gestionar distintos niveles de gasto público). En tal caso, dado que el gasto público de España es inferior al de otros estados europeos, no resultaría significativo que nuestro país gaste menos en burocracia que otros.

Sin embargo, aun cuando pongamos el gasto burocrático en relación con el gasto público total, España no es uno de los países europeos con mayor despilfarro en esta sede: en concreto, nuestro país destina poco más del 6% de todo su presupuesto a sufragar la burocracia, exactamente lo mismo que la hipercentralizada Francia.

Fuente: Eurostat.

En definitiva, no parece que el Estado de las autonomías español se halle especialmente sobreburocratizado en relación con otros estados europeos más centralizados: si de lo que se trata es de eliminar burocracia —algo que evidentemente sería deseable—, podemos hacerlo con o sin descentralización. Pero no es de recibo manipular a la ciudadanía prometiendo inverosímiles ahorros de gasto público en caso de recentralizar la estructura estatal.