Gonzalo Velarde analiza uno de los mayores problemas que tiene el mercado laboral español, su rigidez y baja flexibilidad, que implica una enorme dualidad de los contratos laborales (sobreprotección de los contratos fijos y mayor indefensión en los temporales), una mayor precariedad laboral, una mayor temporalidad de los contratos, una menor contratación (mayores tasas de desempleo), una menor búsqueda de empleo entre los parados (mayor trabajo en negro y mayor tasa de desempleo) y por lo tanto mayor duración del desempleo, mayor economía sumergida (menores prestación futuras de pensiones, menor recaudación, más fraude...).
Pero los políticos que tanto hablan de parecernos a los países más ricos y con menos desempleo en Europa, no hacen lo que ellos (flexibilidad laboral, y sí, menores indemnizaciones por desempleo para agilizar la contratación, facilitar el contrato fijo, reducir el desempleo, reducir la economía sumergida, aumentar la seguridad laboral y la previsión de un proyecto de vida, reducir el número de desempleados cuando hay recesión, así como el número de empresas que cierran al no poder asumir dichos costes, lo que implica despedir a mucha más gente de lo necesario, como ocurrió en España, y no en el resto de Europa, lo que a su vez reduce la carga del Estado -menos impuestos y deuda pública- para afrontar gasto en parados, ayudas...).
Bajo la retórica o fruta envenenada que cala demagógicamente en la gente, un despido más caro (entre otras medidas de rigidez laboral presentes) no es mejor para los trabajadores y nuestra sociedad. Es peor, como he indicado en las repercusiones.
Las medidas no hay que valorarlas por sus supuestos fines o bondades retóricas, sino por sus consecuencias y efectos (probados) reales. Es la diferencia entre el juicio y el prejuicio, entre la ideología y la realidad de los hechos.
Desgraciadamente, en España no se aprende, y se quiere ir hacia atrás nuevamente. No es progresismo (no confundir con prosperidad), es regresismo o conservadurismo económico.
Artículo de El Economista:
La dualidad del mercado laboral español no es el único elemento de rigidez que impide el dinamismo deseado tanto en términos de creación de puestos de trabajo como de movilidad entre los mismos. El elevado coste de las indemnizaciones por despido también contribuye a que el español sea uno de los mercados menos flexibles de la OCDE.
Concretamente, España es el país de entre los más desarrollados que cuenta con un mayor coste de despido para trabajadores con más de 10 años de antigüedad en la empresa, con indemnizaciones que rozan las 30 semanas de salario (28,6 semanas concretamente), es decir superiores a 200 días de remuneración.
De hecho, este periodo de compensación es notablemente superior al del resto de los principales países del entorno comunitario como Alemania, donde el despido pasados los diez años de antigüedad se remunera con 21,7 semanas; o Portugal, donde se encuentra en torno a las 14 semanas. Y más allá, mucho menos protectores con el despido de sus trabajadores son las Administraciones de Francia, con una indemnización de 8,7 semanas tras diez años en plantilla; o Reino Unido, donde apenas llega a las siete semanas. En el extremo opuesto estarían países como Italia, Malta, Suecia o Dinamarca donde no existe la indemnización por despido.
"España es todavía uno de los estados de la OCDE con mayores rigideces en su mercado laboral, lo que implica dos cosas: primera, hay que proseguir y profundizar en la flexibilización de las instituciones laborales; segunda, cualquier retroceso en esa dirección tendría severas consecuencias sobre una economía con un paro muy abultado", apuntan desde Freemarket en el informe Economía española: una era de expectativas inciertas y limitadas sobre los desequilibrios del mercado de trabajo.
En este sentido, cabe recordar que la reforma laboral impulsada por el PP en 2012 tenía como uno de los objetivos principales flexibilizar la política de despidos en las empresas ante el viacrucis que atravesaba el tejido asociativo español tras el ciclón de la crisis económica.
Sin embargo, como apunta el documento mencionado, "tanto en los despidos procedentes como en los improcedentes se sitúan aún entre los más elevados de la OCDE". En los primeros se establece una compensación de 20 días por año de trabajo, mientras que en el segundo de los casos constaría de 33 días por año empleado, hasta un máximo de 24 meses.
Dualidad persistente
"Esta es una de las causas determinantes de la baja tasa de conversión de temporales en fijos y además no afecta a los contratos indefinidos vigentes con anterioridad a la reforma. La consecuencia es la permanencia de una elevada temporalidad", apuntan los expertos de Freemarket.
El resultado de esta situación: España ocupa el puesto 25 de 41 países analizados en materia de flexibilidad laboral pertenecientes a la Unión Europea y a la OCDE, además de ser un país que presenta una nota "pésima" en el apartado de condiciones de contratación, de acuerdo al Índice de Flexibilidad Laboral elaborado con datos del Banco Mundial y otros organismos por parte de la Fundación para el Avance de la Libertad.
En este sentido, el mercado de trabajo más flexible es el de Dinamarca, un país que supera los 97 puntos sobre 100 en flexibilidad laboral, seguida de los Estados Unidos (92,4 puntos), Japón (91 puntos) y Gran Bretaña (83,2 puntos). En la mitad de la tabla se encuentran países como Austria, con 69,1 puntos; Bélgica, con 68,2 puntos; y Alemania, con 63,5 puntos. España les sigue con 60,8 puntos.
Cierran el índice, con los niveles más bajos de flexibilidad laboral de todo el mundo desarrollado, países como Turquía (48,3 puntos), México (45,1 puntos) y Francia, el cual presenta el mercado de trabajo más rígido, con menos de 40 puntos.
En este sentido, todos los análisis apuntan a que si bien se han llevado cabo modificaciones en la ley que rige el mercado laboral, no se ha reformado el sistema de protección al desempleo existente, y que es uno de los más generosos en términos de tasa de sustitución de la prestación respecto al último salario percibido además de ser uno de los modelos más prolongados, con hasta dos años de duración de la prestación entre todos los países de la Unión Europea.
"Ello incide de manera directa en los incentivos de los parados a buscar de manera activa un puesto de trabajo, prolonga de manera artificial la duración del desempleo y resta posibilidades de entrar al mercado laboral", advierte el informe.
No hay comentarios:
Publicar un comentario