Las cuatro recetas para sortear la crisis que Pedro Sánchez debería aprender

Daniel Rodríguez Herrera expone las cuatro recetas para sortear la crisis qeu Pedro Sánchez debería aprender. 

Desgraciadamente, no va en la dirección de ninguna de las cuatro...

Artículo de Libre Mercado: 

Pedro Sánchez, durante la presentación de las 370 medidas. | EFE

Europa está más cerca de la recesión técnica. Países como Italia o Alemania se acercan al abismo de los dos trimestres consecutivos con tasas de crecimiento del PIB negativas y, con ellos, Europa entra en la cuerda floja. España no es inmune, ya desde el tercer trimestre de 2018, cuando nuestra economía empezaba a presentar los primeros síntomas de desaceleración.

Ahora, ya estamos ante una situación muy similar a la de las principales potencias europeas. Es más, incluso los líderes políticos de la izquierda hablan de "desaceleración" como parte del argumentario que, tras la careta de intentar llegar a acuerdos, solamente pretende ir a unas elecciones a favor de los intereses del PSOE.

Nos acecha una crisis de carácter industrial, en un entorno de máxima incertidumbre y con indicios de problemas de liquidez en los mercados financieros. Podríamos haber gestionado la desaceleración como hizo Estados Unidos, en el momento en el que Trump detectó síntomas de fin de ciclo, o como lleva ya planteando Alemania varios meses. Todos ellos, con algunos elementos comunes de los que deberíamos aprender.

¿Qué rumbo estratégico debería adoptar España para hacer frente a una situación tan incierta? Estas son las cuatro ideas clave:

1. Menos impuestos y cargas administrativas

España no es un infierno fiscal, pero está cerca. No sólo tenemos una cuña fiscal (diferencia entre lo que el empleador desembolsa y lo que el trabajador recibe en términos netos) alta, si no que evoluciona de forma divergente a como lo hacen los países de la OCDE. Dicho de otra manera:

• Nuestra cuña fiscal es 7 puntos y 9 puntos más elevada que, por ejemplo, la de Irlanda o Reino Unido, respectivamente. Esto es importante tenerlo en cuenta, especialmente cada vez que políticos como Ximo Puig o Adrián Barbón acusan a Isabel Díaz Ayuso de competencia desleal o sucedáneos. No competimos entre regiones, competimos con cualquier parte del mundo. La inversión no elige entre Madrid o Valencia, si no entre Madrid, Londres, Lisboa, Berlín, etc. Y no salimos especialmente favorecidos en la foto.
• Mientras que la cuña de la OCDE disminuye año tras año, la nuestra se incrementa. Es decir, incrementamos la presión fiscal, tanto para las clases más necesitadas como para las más pudientes. Del leviatán español no se libra nadie.

A todo lo anterior hay que añadir una estructura autonómica que supone, en algunos casos, la introducción de hasta 13 tributos propios a mayores de la regulación estatal.

Por si el coste económico no fuera barrera suficiente para la entrada en el país de inversiones y para la paralización de proyectos, también arrastramos desde hace varios años el problema de la elevada burocracia. No en vano, España ocupa el lugar número 30 de 189 economías sobre las que el Banco Mundial mide la facilidad para hacer negocios. Tampoco salimos bien parados en el índice de competitividad global, que nos sitúa como el número 26 de 140 países, con países como Korea, Israel o Islandia por delante.

Así, la burocracia y las excesivas trabas administrativas desde todos los niveles del Estado son una traba enorme a la hora de poner en marcha la iniciativa privada.

2. Tamaño de nuestras empresas

Seguro que han oído muchas veces aquello de que los impuestos no se pueden bajar porque "nuestra capacidad recaudatoria está muy por debajo de la media de la Unión Europea", o similares. Los mismos que pretenden que los inspectores de la Agencia Tributaria salven las cuentas públicas persiguiendo el fraude (algo que ha fracasado tantas veces como se ha prometido en campaña) tienen el valor de decirle a uno de los mejores cuerpos de funcionarios del Estado lo mal que trabajan. Y se quedan tan anchos.

La iniciativa privada no se ha recuperado totalmente de la crisis de 2012. Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que elabora el INE, el número de empresas en España en 2018 ascendió a 3,3 millones. Estamos, por tanto, ante un tejido empresarial que ha decrecido en 85.000 empresas (-2,5%) en los últimos diez años, a pesar del impulso experimentado desde 2014 (218.000 empresas más). Pero hay más: la composición del tejido empresarial español está notablemente sesgada en favor de las microempresas, cuya importancia en términos cuantitativos es mayor a la que se observa en otras economías comparables.

En su informe país de 2015, el Fondo Monetario Internacional ahonda en esta cuestión y declara: "La baja productividad de la economía española está explicada en parte por el predominio de empresas pequeñas y poco productivas(…) Como resultaba esperable, el análisis empírico de la productividad empresarial, utilizando datos a nivel empresa para el período 2006-2013, confirma que el tamaño corporativo está fuerte y positivamente correlacionado con el la productividad total de los factores a nivel empresa".

No sólo eso. Una estructura de pymes es una estructura con menores beneficios y peores condiciones laborales. Dicho de otra manera, una economía más cíclica, con salarios más bajos y recaudación deficitaria. ¿Les suena?

Debemos avanzar en la modernización de nuestro tejido productivo, y eso no se hará ni con un SMI mayor ni con la Tasa Google/Tobin. Se hace eliminando barreras al crecimiento y concienciando a los sindicatos de la importancia de tener grandes empresas a nivel país.

3. Flexibilidad del mercado laboral

Seguro que todos ustedes recuerdan cómo Europa entera sufría la crisis del año 2008, especialmente en los años 2011 y 2012, mientras Alemania la veía por la televisión. ¿Su truco? Podríamos hablar de finanzas saneadas o de su competitividad a nivel internacional, y no mentiríamos. Pero lo que realmente salvó a Alemania de la crisis subprime fue su capacidad para poder ajustar el mercado laboral por horas y no por puestos de trabajo. Dicho de otra manera, el número de horas trabajadas en el país se redujo drásticamente por la compleja situación internacional, pero no fue necesario hacer un ajuste tan importante en el número de empleados como, por ejemplo, en nuestro país.

Deberíamos haberlo aprendido, y la reforma laboral va en ese sentido, pero está incompleta. La flexibilización del mercado laboral en España ha resultado ser un éxito absoluto, tanto en creación de empleo como en la mejora de condiciones laborales. Por eso, hay que continuar por esa vía ahora que la recesión acecha.

Los salarios llevan varios años mejorando y el número de afiliados a la Seguridad Social está en máximos históricos. Sin embargo, aún existen rigideces en el mercado y la movilidad, tanto geográfica como funcional, evolucionan a la baja.

4. Incentivos a la responsabilidad de las CCAA

Decía Pedro Sánchez hace sólo unos días, en la sesión de control al Gobierno, que las finanzas del Estado están bajo control. Y no le falta razón… si no fuera porque el déficit de la Seguridad Social, el de las CCAA y el de las entidades locales está desbocado. España puede enfrentarse a un escenario de déficit del 2,8% y eso, con los primeros problemas de liquidez en los mercados, no nos lo podemos permitir.

Más del 30% del presupuesto público está gestionado por las Comunidades Autónomas y, tras años de aplicación del FLA como mecanismo de financiación extraordinario, su déficit está lejos de ser cumplido. Y, lo que es más importante, los incentivos para cumplir con los compromisos financieros son prácticamente inexistentes, mientras que los existentes para que el Estado se responsabilice ante los ciudadanos de sus malas decisiones fiscal es alto.

Las Comunidades Autónomas se echan a la yugular del Gobierno por la negativa de éste de realizar las entregas a cuenta correspondientes al sistema de financiación autonómica, y tienen razón. Es un dinero que han recaudado en 2017 por encima de lo presupuestado y, por lo tanto, les corresponde. Mantenerlo en manos del Estado por intereses partidistas y personalistas es una irresponsabilidad.

Pero no nos engañemos. Una lucha contra el sistema de financiación actual no se desata por lo que debería ser un problema puntual de tesorería, sino por agujeros que comenzaremos a ver en las cuentas públicas en los próximos trimestres. La AIREF ya ha avisado de que pocas comunidades van a cumplir este año. Algunas, como Cataluña, ya tienen 2 de cada 3 euros de deuda con el FLA como acreedor. Si hay que dar un siguiente paso, sólo queda nacionalizar. Y no creo que ninguno de nuestros políticos esté por la labor.