Juan Rallo analiza y muestra la necesidad de extender la educación financiera a todos los estudiantes (medida especialmente beneficiosa para las familias más humildes), suponiendo un acierto en este caso, la propuesta del PP al respecto.
Artículo de El Confidencial:
Inicio del curso escolar en Madrid. (EFE)
Hay reformas del sistema educativo que no son especialmente difíciles de aplicar y que podrían suponer un importante impacto en la vida de los ciudadanos. Una de ellas es la de ir introduciendo progresivamente formación financiera dentro del currículo de los estudiantes para que, cuando alcancen la vida adulta, sepan construir y gestionar su propio patrimonio personal: es decir, para que sepan distinguir entre los distintos tipos de activos en los que pueden invertir (y cuáles son las características de cada uno de ellos) y, a su vez, conozcan las implicaciones de las diferentes obligaciones financieras que tienen la opción de asumir (crédito hipotecario y los elementos de una hipoteca, crédito al consumo, préstamos empresariales, etc.).
La desigual educación financiera de los hijos procedentes de familias de rentas altas, medias y bajas son cruciales a la hora de comprender parte de la desigualdad en la distribución de la riqueza. A la postre, los hogares ricos ya poseen, por experiencia propia, una cierta cultura financiera que transmiten a sus vástagos y que les proporciona una ventaja diferencial frente a los niños de hogares pobres donde esa educación financiera no ha podido aprenderse o solo se ha aprendido de un modo muy precario. Expresado de otra forma: las lecciones y los consejos financieros que una familia pobre proporciona a sus hijos son muy distintos de los que una familia rica transfiere a los suyos. Recordemos, verbigracia, cómo el Banco de España, en su programa experimental donde instruía financieramente a 3.000 estudiantes de 3º de la ESO, hallaba que el mayor impacto de estas enseñanzas se producía entre aquellos alumnos procedentes de entornos socioculturales más humildes.
Esta brecha en la formación financiera entre hogares ricos y hogares pobres puede observarse con total rotundidad en la dispar composición de sus carteras de activos. De acuerdo con la 'Encuesta financiera de las familias', elaborada por el Banco de España, el 75% de la población con menor riqueza concentraba aproximadamente el 90% de sus activos en activos reales (esencialmente, la vivienda principal, aunque también otras propiedades inmobiliarias); en cambio, el 10% de la población española con mayor riqueza neta mantenía un porcentaje menor (el 73,5%) de sus activos totales en activos reales. Es más, ese 10% de activos financieros que sí poseen las tres cuartas partes de la población española se concentraban esencialmente en cuentas corrientes (muy pocos de esos hogares invertían en acciones o fondos de inversión, aunque sí en los generalmente malos planes de pensiones); en cambio, el 26,5% de activos financieros en que invertía el 10% más rico de la sociedad española se hallaba mucho más diversificado (por ejemplo, el 41,6% de los hogares dentro de ese grupo poseía acciones de empresas cotizadas).
Esta misma asimetría en la cartera patrimonial de las familias también resulta perfectamente observable en el caso de EEUU, donde la presencia de acciones es residual entre las familias más humildes y va incrementándose conforme la riqueza neta de los hogares también va aumentando.
En la medida en que los distintos activos financieros exhiben rentabilidades muy divergentes (las cuentas corrientes proporcionan un retorno negativo después de considerar la inflación, mientras que la renta variable tiende a generar una tasa de retorno media después de inflación del 5,5% anual), esas diferencias en la composición de las carteras (que se explican en parte por diferencias en la educación financiera de las carteras) engendran diferencias en las rentabilidades cosechadas a largo plazo y, por tanto, en la riqueza finalmente acumulada. Una formación financiera de calidad a lo largo de la etapa formativa podría contribuir a acercar la composición de la cartera de las clases medias a la de las clases más adineradas, reduciendo así la brecha de rentabilidad entre ambos enfoques inversores y promoviendo una mayor autonomía financiera dentro de sectores cada vez más amplios de nuestra sociedad.
Acierta, por tanto, el Partido Popular a la hora de defender la integración de esta materia dentro de los planes de estudio de los discentes españoles. Por supuesto, continúo siendo un firme defensor de la patria potestad de los padres para determinar cómo se educa a sus hijos, de modo que si algunos progenitores de extrema izquierda consideraran que este tipo de conocimientos lleva aparejado un notable sesgo ideológico, entonces deberían disponer de la capacidad para excluir a sus hijos de tales enseñanzas: bastaría para ello con que defendieran la propuesta del PIN parental de Vox y lo usaran con esta asignatura. En todo caso, lo que no resulta legítimo es que esos padres de extrema izquierda impidan que otros padres más sensatos puedan proporcionar a sus hijos una (necesaria y valiosa) formación financiera dentro del sistema educativo que el Estado nos impone a todos.
En definitiva, bienvenida sea la reforma educativa propuesta por el PP. De hecho, combinando esta mayor formación financiera con el blindaje fiscal al ahorro para las clases medias que ya propusieron durante la pasada campaña electoral (una especie de sicav para todos los públicos), nuestro país podría dar un auténtico salto cualitativo hacia la llamada 'sociedad de propietarios' (dejando de ser, en paralelo, uno de los países más anticapitalistas de Europa): una sociedad, en suma, donde la riqueza y las rentas del capital estén mucho más horizontalmente distribuidas y desconcentradas que en la actualidad.
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