Artículo de El Confidencial:
"Vuelta de tortilla. La Faja Pirítica de Huelva, una de las principales subtramas del caso de los ERE falsos, que se saldó con el despido de 200 mineros, salpica de lleno a la UGT andaluza. En la segunda fase de la Operación Heracles, que capitanea la juez Mercedes Alaya, se ha demostrado cómo se enriquecieron dirigentes de los dos principales sindicatos. La Faja Pirítica no estuvo siempre en la sombra de la sospecha sindical. El PSOE forzó la declaración de Javier Arenas, Juan Ignacio Zoido y Eduardo Zaplana en la comisión parlamentaria de 2012 por su supuesta implicación en las ayudas extraordinarias concedidas a esta zona minera onubense.
El secretario general de UGT en Cádiz, Rafael Mera, detenido el pasado martes en esta fase judicial instruida por Alaya, supone todo un ataque al sindicato ugetista, ya tocado por las facturas falsas de comilonas y fiestas con cargo a subvenciones de la Junta. Mera, en calidad de secretario general de la FIA (Federación de Industrias y Afines de Andalucía), fue uno de los seis participantes del acta fundacional de la Asociación Faja Pirítica de Huelva, constituida el 30 de junio de 2003.
Mera no estaba solo. Lo acompañaban el actual secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero, cuando era secretario de Organización y Finanzas de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras en la comunidad andaluza (COAN); Manuel Pastrana, secretario general de UGT Andalucía hasta el pasado mes de mayo, tras 15 años en el cargo, y Roberto Carmona, secretario general de la Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras, también arrestado dentro de la Operación Heracles.
“Mera lo que hizo únicamente fue un trabajo sindical para buscar una solución a la situación que atravesaban entonces esos trabajadores y tratar de favorecer que estos recibieran una prestación adecuada", se justificó ayer el secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, quien insistió en la inocencia de su compañero gaditano: “No tengo constancia de que haya hecho algo irregular", señaló, sin asegurar de una manera contundente la inocencia de Mera.
¿Dónde están los 600.000 euros?
Hay un elemento más –en este caso económico, clave en la instrucción de Alaya– que añade suspense a esta subtrama. Los sindicatos denunciaron la sustracción de 600.000 euros en el ERE de la Faja Pirítica, como publicó El Mundo, pero el pasado lunes, apenas 24 horas del inicio de la segunda fase de la Operación Heracles, los sindicalistas acusaron de este supuesto robo a José González Mata, responsable de la consultora de Uniter y al abogado Carlos Leal, del bufete Estudios Jurídicos Villasís. Tanto González Mata como Leal, dos de los principales protagonistas del caso, se encuentran imputados.
El ERE de la Faja Pirítica, que incluía 796 prejubilaciones con un total de 44 intrusos, costó 138 millones de euros. La Junta aportó 120 millones de euros y el Ministerio de Trabajo 36. Esta cifra explica el gran interés e insistencia del grupo parlamentario del PSOE, con el apoyo de Izquierda Unida, para resaltar la estrecha colaboración de dos exministros de José María Aznar y del exdelegado del Gobierno en Andalucía en el expediente de la Faja Pirítica de Huelva. Eduardo Zaplana, ahora alto directivo de Telefónica, recordó en la comisión de investigación de las ayudas sociolaborales que fue el exministro de Trabajo socialista Valeriano Gómez quien reconoció que estos expedientes eran "competencia" de la Junta mediante un acuerdo con la Junta de Andalucía de 2002.
Arenas, que era vicepresidente del Gobierno de Aznar, y Zoido, actual alcalde de Sevilla y presidente del PP andaluz, que fue delegado del Gobierno en Andalucía, también negaron cualquier irregularidad en la tramitación de estos expedientes en la Faja Pirítica, la zona minera que sembró de dudas, irregularidades y detenciones a los sindicatos andaluces."
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