Juan Rallo analiza la última medida de Maduro en Venezuela, que hemos ido pronosticando paso por paso, consecuencia de sus medidas antieconómicas (medidas por supuesto defendidas por algunos partido políticos con gran apoyo electoral en España).
Lo último es la legalización de la esclavitud, al destruir e impedir la cooperación voluntaria y la coordinación económica fruto del mercado, para imponer militarmente el dirigismo estatal, ordenando a la fuerza a qué se debe dedicar cada persona.
La legalización del trabajo forzado, como también denuncia Amnistía Internacional. Pero viva el socialismo...
Artículo de Libre Mercado:
Si algo no se le podrá negar al desastre socialista de Venezuela es su previsibilidad. El régimen bolivariano de Maduro está siguiendo a la perfección el manual del suicidio económico: primero, hacer frente a una crisis económica con inflación, esto es, tratando de ocultar el empobrecimiento real que está sufriendo una sociedad imprimiendo nueva moneda y reinflando las rentas nominales de trabajadores y receptores de gasto público; segundo, hacer frente a la inflación con controles de precios, esto es, tratando de ocultar que un aumento nominal de rentas seguido de un incremento sobreproporcional de los precios supone igualmente un empobrecimiento real de los ciudadanos; tercero, hacer frente al desabastecimiento general de mercancías y a la descoordinación productiva derivada del control de precios mediante la planificación estatal, esto es, dando a entender que el completo desmoronamiento de la economía es consecuencia de ineficiencias del mercado, de empresarios saboteadores, de especuladores sin escrúpulos y de bloqueos internacionales.
Pero no, el colapso de la economía venezolana es esencialmente consecuencia de las pésimas políticas aplicadas durante más de quince años: primero, al reforzar su absoluta dependencia del petróleo, especialmente en la rúbrica de los ingresos de un Estado sobredimensionado; después, al querer contrarrestar los problemas vinculados al abaratamiento del petróleo con el desnortado dirigismo arriba descrito. Y es que, una vez implantado el control de precios en una economía, la coordinación descentralizada lograda por el mercado desaparece.
Imaginen que, por alguna razón, la oferta de pan se viene abajo dentro de una economía y que ello motiva un incremento de su precio desde un euro a tres euros. Ese aumento de precios sólo refleja que la oferta es insuficiente para hacer frente a toda la demanda y, en la medida en que se trate de un aumento más o menos duradero, también refleja que no es sencillo volver a incrementar esa oferta a corto plazo (si lo fuera, mucha gente aprovecharía los altos precios del pan para fabricarlo y venderlo en grandes cantidades). Si, en ese contexto, el gobierno decreta que el precio del pan debe seguir siendo de un euro y no de tres, ¿cuáles serán las consecuencias?
La primera y más inmediata es que no habrá pan suficiente para todos los que quieran pagar su precio: por consiguiente, habrá que racionarlo de alguna forma (vía cartillas de racionamiento, por ejemplo). La segunda, y más a medio plazo, es que dejará de ser rentable producir pan: si, tras las dificultades en la oferta, sólo es rentable vender pan a tres euros, prohibir que se venda a más de un euro sólo llevará a que deje de producirse por completo; es decir, la disponibilidad del pan se reducirá aún más de lo que ya lo estaba. En tal caso, sólo restarán dos posibilidades: o levantar el control de precios —para que vuelva a ser rentable fabricar pan— u organizar coactivamente a los factores productivos —esto es, ordenar policialmente a los empresarios y a los trabajadores que produzcan pan aunque no sea rentable—.
Maduro, cómo no, ha optado por el sostenella y no enmendalla: a saber, por mantener el control de precios y dirigir militarmente a empresarios y trabajadores. Así, el presidente venezolano acaba de ordenar a todas las empresas del país que pongan a disposición del Estado a sus empleados para que éstos, obligatoriamente, trabajen en el campo y contribuyan a contrarrestarla crisis alimentaria que vive el país. Trabajos forzosos para el Estado con la excusa de una crisis alimentaria perpetrada por el propio Estado. Y es que, como hemos visto, no estamos ante una crisis alimentaria fruto de desventuras naturales: estamos ante un sabotaje alimentario provocado por la política antieconómica del gobierno bolivariano. En circunstancias normales, el aumento del precio de los alimentos señalizaría e incentivaría que trabajo y capital se trasladaran al agro: pero, como el control estatal de precios sobre los bienes de primera necesidad ha llevado a que deje de ser rentable producirlos o importarlos, sólo queda coaccionarlos para que en contra de su voluntad se concentren en la agricultura. Nada de cooperación voluntaria: sometimiento al mismo dirigismo estatal que ha aniquilado esa cooperación voluntaria.
En suma, Venezuela avanza aceleradamente hacia el socialismo de guerra: conforme Maduro y sus secuaces han ido destruyendo la coordinación económica voluntaria propia de los mercados, sólo queda que el Estado marque las prioridades productivas ordenando a cada persona a qué debe dedicarse. Esto es, sólo queda restablecer la esclavitud.
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