Se puede decir más alto, pero desde luego no más claro.
Una exposición concisa sobre el grave error de los presupuestos llevados a cabo, que no hacen otra cosa que hundir aún más la economía del país retrasando la salida de la crisis, y provocando soluciones futuras más drásticas, y que ni PSOE anteriormente, ni PP hoy están por la labor:
Juan Ramón Rallo lo expone en su blog:
"Constituye un principio financiero fundamental que ningún agente económico puede gastar sistemáticamente más de lo que ingresa, esto es, que ningún agente puede endeudarse sin fin. Llega algún momento en el que hay que comenzar a gastar menos de lo que se ingresa para disponer de un margen con el que amortizar las deudas pasadas más sus correspondientes intereses. Nótese, en este sentido, que los intereses –los gastos financieros–son un desembolso más al que tendrá que hacer frente aquel sujeto que, habiendo frenado su sed de apalancamiento, opte por buscar un equilibrio entre sus entradas y sus salidas de caja.
La economía española comenzó a perder su capacidad para gastar muchísimo más de lo que producía allá por el año 2008. Después de la borrachera crediticia e inmobiliaria, tocaba comenzar a hacer frente a la enorme deuda acumulada hasta entonces. Familias y empresas comprendieron adecuadamente el mensaje: desde comienzos de 2009, estos agentes privados han reducido su endeudamiento en unos 170.000 millones de euros; proeza que sólo se ha visto empañada por el lamentable comportamiento de un sector público que, paralelamente, ha aumentado su endeudamiento en casi 400.000 millones. Consecuencia: el endeudamiento no financiero total de España, que ya se encontraba en niveles de saturación en 2008, ha seguido creciendo desde entonces en varios cientos de miles de millones más, abocando a nuestro país a una situación crítica cercana a la suspensión de pagos.
Tras la catástrofe del zapaterismo, los inversores esperaban que el Gobierno de Rajoy pusiera fin a esta herida casi mortal por la que se estaba desangrando el país mediante la restructuración del sobredimensionado tamaño de nuestra administración pública hasta unos niveles sostenibles con sus nuevos ingresos. Semejante transformación debería haberse materializado en unos Presupuestos Generales del Estado para 2012 verdaderamente austeros, donde todas las partidas –incluyendo la remuneración de los empleados público y las transferencias sociales– fueran susceptibles de un recorte que permitiera, no ya cumplir el objetivo de déficit para el año en curso, sino mejorarlo para así poder minorar nuestras necesidades de emisión de deuda y obtener mejores condiciones de financiación en los mercados.
No cabe duda de que, a estas alturas de la película, el Gobierno del PP ha pagado un coste político similar al que se habría derivado de meter verdaderamente la tijera en todas las partidas de las cuentas públicas (también en las anteriores, pero no sólo en las anteriores). Y, sin embargo, en los presupuestos aprobados para 2012 no hubo ninguna reducción del gasto total: si en 2011 el gasto total presupuestado (entre Estado central y Seguridad Social) era de 316.000 millones de euros, en los de 2012 apenas se reducía a 312.000 millones de euros. Macrorrecortazo del 1,2% que obviamente no tranquilizó –más bien al contrario– a los inversores que esperaban ver un cambio de actitud y que sólo hallaban más de lo mismo: conservar una superestructura estatal insostenible a costa de cargar las tintas sobre un debilitado sector privado al que se esquilmaba con muchos más impuestos.
Tan inútiles y tan poco creíbles se reputaban tales cuentas públicas, que a los pocos días de salir aprobadas la prima de riesgo comenzó a dispararse en una imparable escalada que el Gobierno de Rajoy trató de contener mediante extemporáneos anuncios de nuevas subidas de impuestos (como la del IVA) y mediantes algunos de los recortes del gasto (como la eliminación de una paga extra a los empleados públicos) que habrían resultado el mínimo exigible en los presupuestos elaborados apenas unos meses antes. Sólo el anuncio de que Draghi podría empezar a monetizar deuda ha conseguido, de momento, generar una miniburbuja en nuestra deuda que, mientras tanto, permite al Ejecutivo colocarla a tipos de interés algo más razonables. Ínterin de gracia que Rajoy podría haber aprovechado para, al menos, intentar recuperar su credibilidad. ¿Cómo? Pues presentando unos presupuestos para 2013 que lograran aquello que deberían haber conseguido los de 2012: adelgazar lo suficiente la administración como para volverla sostenible de acuerdo con los niveles de ingresos actuales. Pero, por desgracia, las cuentas de 2013 son, si cabe, un fiasco todavía mayor que las del año en curso: los gastos totales para el próximo ejercicio aumentan hasta los casi 320.000 millones de euros, rebasando no sólo el nivel previsto para 2012 sino también el de 2011.
En otras palabras, lejos de reducir el gasto anual en de la administración central y de la Seguridad Social en unos 90.000 millones de euros (las autonomías debería recortar otros 45.000 millones) para lograr atajar el déficit, el Gobierno lo incrementa en 8.000 millones. Acaso las cifras de recortes necesarios les parezcan muy gruesas, pero recordemos que España padece un déficit anual de 100.000 millones de euros y que toda reducción de gastos implica, al menos a corto plazo, el aumento de otros gastos (desempleo, por ejemplo) y la caída de algunos ingresos (como el IRPF de los empleados públicos despedidos), de ahí que se necesite un margen extra de, al menos, 35.000 millones para contar con garantías de éxito.
El Gobierno justifica tamaño despropósito argumentando que el repunte del gasto se debe a la explosiva evolución de los intereses de la deuda (que pasan de 28.000 millones a 38.000 millones), como si ello nos eximiera de tener que pagarlos. Lo que les importa a nuestros acreedores es la evolución del gasto total y éste, lejos de reducirse en casi 100.000 millones, sigue aumentando. Pero es que, además, incluso excluyendo el pago de intereses, el gasto presupuestado total apenas cae un 0,7% con respecto al año pasado. Y ello a costa de infravalorar muchas de las partidas merced a previsiones macroeconómicas poco realistas (por ejemplo, el gasto previsto en desempleo disminuye en 3.000 millones). ¿Son esos los intensos y audaces recortes que necesita una economía que ya no puede financiarse en los mercados? Obviamente no, de ahí que estos no sean, ni muchísimo menos, los presupuestos que necesita España.
Sucede que las promesas de monetización de deuda realizadas por Draghi y la consecuente rebaja en la prima de riesgo han vuelto a relajar a unos políticos que, como los españoles, parece que siguen sin comprender la auténtica naturaleza de nuestras dificultades presentes. Montoro, Nadal o Rajoy insisten en que el problema presupuestario de España es que los ingresos han caído sobremanera con respecto al año 2007, de modo que sólo necesitamos resistir y esperar a que la crisis escampe para que el déficit desaparezca. Pero no: el nivel de ingresos del año 2007 era un nivel propio de una burbuja inmobiliaria que, afortunadamente, ya hemos abandonado. Mientras no demostremos a los inversores nacionales y extranjeros que España no necesita de un milagro para evitar la suspensión de pagos sino que es capaz de autofinanciar su sector público con sus actuales niveles de recaudación, el capital no volverá a inmovilizarse en nuestro país y, por tanto, el crecimiento no regresará y la crisis no escampará.
El Gobierno debe proceder de inmediato a pinchar la burbuja del sector público que está pisoteando cualquier expectativa de recuperación. No podemos seguir costeando, con una economía privada debilitada y sometida a una enorme incertidumbre sobre nuestro futuro (ni siquiera sabemos si a cinco años vista seguiremos en el euro), un sector público sustancialmente más abultado que el que teníamos durante el falso apogeo de la burbuja inmobiliaria. Hasta el momento, PP y PSOE sólo han huido hacia adelante, parcheando los agujeros conforme han ido surgiendo para tratar que los inversores internacionales nos siguieran extendiendo crédito y así poder costear una gigantesca e insostenible maquinaria estatal. Pero, por muchos parches que pongamos de más, no evitaremos el hundimiento del peso muerto que supone nuestra Administración. Lo malo es que ese peso muerto está arrastrando con él al sector privado: es hora de desprendernos de los grilletes estatales que nos impiden al sector privado levantar cabeza. Esos grilletes que estos nada austeros presupuestos sólo han contribuido a redoblar."
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