Efectivamente, un nuevo expolio fiscal de la "riqueza" del ciudadano para hacer frente al insostenible gasto y deuda pública. Un blanco fácil, puesto que es el principal activo de las familias españolas y de imposible evasión (una casa no la puedes llevar a otro país) ante el infierno fiscal que es cada vez más España.
¿La llevarán a cabo ahora, o más adelante, o el partido político siguiente, dado que todos defienden más impuestos y gasto?
Artículo de Libre Mercado:
"Si es propietario, prepárese. El Estado va a por usted. En los próximos meses, escuchará hablar mucho sobre la reforma fiscal que prepara el Gobierno y las recomendaciones de los expertos para mejorar el actual sistema tributario. Pero, más allá de los cambios que se avecinan, que serán muchos, aunque en ningún caso se traducirán en una bajada real de impuestos, hay un elemento, una sinuosa tendencia que, si bien pasará desapercibida para la mayoría, tendrá un impacto muy sustancial sobre su bolsillo.
"Fiscalidad patrimonial" lo llaman. ¿Traducción? Confiscación parcial de su propiedad, expoliación indiscrimnada de su riqueza, incautación forzosa de su capital. En resumen, un nuevo robo a mano armada. La idea no es nueva, pero, poco a poco, va tomando forma. La deuda pública ha alcanzado cifras récord en los países desarrollados y, entre las múltiples estrategias que barajan los gobiernos para amortizar sus créditos, la opción de expropiar parte de la riqueza de sus ciudadanos se va haciendo un hueco cada vez mayor. Sin ir más lejos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya avanzó esta posibilidad a finales del pasado año, sugiriendo una quita de hasta el 10% sobre el patrimonio de las familias para reducir deuda pública. Idea que, posteriormente, fue apoyada de forma explícita por el ex economista jefe del FMI Kenneth S. Rogoff.
No es el único. El todopoderoso banco central de Alemania (Bundesbank) avala la citada confiscación. Los halcones monetarios consideran que los gobiernos periféricos de la zona euro deberían recurrir a la riqueza privada de sus familias y empresas mediante un impuesto extraordinario sobre el capital antes de pedir ayuda a otros estados, como ha sucedido hasta ahora, para evitar el riesgo de quiebra soberana. "[Un impuesto sobre el capital] se corresponde con el principio de responsabilidad nacional, según el cual los contribuyentes son responsables de las obligaciones de sus gobiernos antes de requerir la solidaridad de otros estados", advierte el Bundesbank. Dicho en román paladino, esquilmen primero a sus contribuyentes antes de intentar sablear a los nuestros.
Ante tal atropello, muchos utilizarán como excusa este tipo de propuestas para recalcar, una vez más, la maldad y egoísmo de los alemanes con los pobres y maltratados países del sur. No se equivoquen. Lo único que pretenden, y con razón, es recuperar su dinero y salvaguardar a sus contribuyentes de los despilfarros acometidos por las economías periféricas durante la época de burbuja, pero, en última instancia, la aplicación o no de tal atraco no depende de Berlín ni de Washington -sede del FMI- sino, única y exclusivamente, de nuestra particular casta parasitaria. Recuerden sino la presión ejercida por Alemania y Francia para que Irlanda, entonces en situación de quiebra, elevara su Impuesto de Sociedades a cambio del rescate, y el muy acertado corte de mangas que recibieron en respuesta por parte de Dublín.
No, señores. Al acreedor lo que le importa es cobrar, da igual que sea subiendo impuestos -como hace España- o bajando de forma drástica el gasto -como han hecho los bálticos-. La responsabilidad última, por tanto, es de los políticos patrios, y éstos están encantados de expoliar a sus contribuyentes con tal de mantener en pie una estructura estatal mastodóntica con la que poder alimentar bocas y comprar votos a costa del trabajo de los demás. El problema para el Estado español, hoy por hoy, es que su capacidad para confiscar rentas (IRPF) y beneficios (Sociedades) se ha reducido de forma muy intensa, al tiempo que la tributación sobre el consumo (IVA) también se ha visto limitada durante la crisis.
¿Solución? Vayamos a por los propietarios. Dicho y hecho. Los dueños de viviendas bien saben el expolio al que han sido sometidos en los últimos años por los ayuntamientos. Y es que, en lugar de reducir gastos, la Administración Local ha disparado el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI) para compensar el desplome de los ingresos urbanísticos con un resultado ciertamente exitoso para las arcas munipales, ya que la recaudación de este tributo ha aumentado un 46% desde 2007 vaciando el bolsillo de los titulares.
Pero, por desgracia, este particular atentado impositivo no acaba aquí. Prueba de ello es la reforma fiscal que la "Comisión de Expertos" acaba de presentar al Ministerio de Hacienda. Así, entre otras medidas, proponen incluir en el IRPF una renta artificial e inexistente del 1,1% sobre el valor catastral de la vivienda habitual, que, hasta ahora, tan sólo se aplicaba a las segundas y ulteriores residencias. Asimismo, los sabios hacendísticos también apuestan por eliminar la deducción por compra de vivienda con carácter retroactivo, lo cual supondría un hachazo de 731 euros a los 5,8 millones de contribuyentes que se ahorran algo del IRPF a través de la amortización de hipoteca. Es muy posible que el Gobierno rechace ambas recomendaciones dado el negativo impacto que tendría para el PP de cara a las elecciones de 2015, pero en ningún caso se debería descartar su aprobación para más adelante.
Y dado que la vivienda se ha convertido en objetivo número uno de la Administración, las comunidades autónomas no van a ser menos. Es probable que la cuasi eliminación del Impuesto Sucesiones y Donaciones quede pronto en el olvido. Los expertos y, en este caso, también Hacienda consideran que es necesario armonizar estos tributos autonómicos, empleando como excusa la siempre manida "unidad de mercado". Por tanto, prepárense para una subida generalizada de ambos impuestos. Siendo la vivienda el principal activo de las familias es evidente que la recaudación por Sucesiones y Donaciones engordará a costa del patrimonio que recibirán los herederos, sin importar un ápice a nuestros queridos políticos el hecho de que tales bienes ya hayan tributado en el pasado.
Por último, recuerden que todo este tipo de ataques a la propiedad privada por parte de las hambrientas Haciendas españolas podría constituir tan sólo un adelanto del futuro expolio patrimonial, ya que la gran apuesta del PSOE es establecer un nuevo impuesto sobre la "riqueza" que, en el fondo, consiste, pura y llanamente, en imputar una rentabilidad artificial de hasta el 3% anual a todos y cada uno de los bienes que posee el contribuyente -desde rentas hasta acciones, depósitos e inmuebles-, con independencia de que tales excedentes se hayan o no producido en realidad.
La vivienda, que ayer era paradigma de riqueza [irreal], se ha convertido hoy en una trampa inevitable para el contribuyente debido al rechazo del Gobierno a reducir el gasto público para acabar con el déficit."
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