El opositor que adivinó ante notario doce de los 14 aprobados

Otro triste y deplorable ejemplo de la manipulación que se comete (y del fraude al ciudadano y estafa a los miles y miles de candidatos que se esfuerzan por una plaza) en muchas oposiciones públicas.
Pero cómo no, no sirve para nada detectar, denunciar ni aun con pruebas ante notario las irregularidades cometidas.
Si la mayoría de la plantilla del propio Tribunal de Cuentas (sí, el mismo que debe controlar que se hagan bien las cosas) son familiares entre sí y de los propios cargos del Tribunal...

Una nueva evidencia de cómo las élites extractivas controlan el poder público y político en su propio beneficio y a costa de los recursos de los ciudadanos, pero cómo no, todo es por nuestro bien...


Artículo de El País:

Acertar la combinación ganadora era tanto como hallar una aguja en un pajar. J. A., un opositor al Tribunal de Cuentas, estuvo a punto de obtener un pleno. Semanas antes de iniciarse en 2010 los exámenes para cubrir 14 plazas de auxiliares de grabación y subalternos en el órgano que se encarga de fiscalizar a todas las administraciones públicas, J. A. se presentó ante un notario y le pidió que levantase acta de un futurible. Y le facilitó 14 nombres, de los que el notario dio fehaciente fe. Al terminar los exámenes, cotejó su lista notarial con la de aprobados que figuraban en el BOE: 12 aciertos. Y le extrañó haberse equivado en dos.

En realidad, J. A. no era ningún adivino: simplemente tenía alguien dentro del Tribunal que le alertó de que casi todas esas vacantes tenían dueño. Consciente de ello, y de que esas prácticas atentan contra la transparencia e igualdad de oportunidades que fija la Constitución para todos los ciudadanos, emprendió una dura batalla legal. Sin éxito. J. A. presentó una cascada de recursos contra la forma en que se iban a desarrollar los exámenes. El Pleno del Tribunal de Cuentas rechazo casi todos sus recursos. Incluso llegó hasta el Tribunal Supremo, que también desestimó su recurso por una cuestión técnica, pero obvió entrar y valorar los detalles de las “escandalosas irregularidades” que le describió J. A., según las define en diferentes recursos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El opositor ha rehusado hablar sobre este asunto. Ahora tiene otro trabajo y no quiere problemas.

A esa oposición concurrieron unas 300 personas y, finalmente, como admitidas para presentarse a los ejercicios, quedaron 225, muchas de ellas personas de la calle, ajenas al tribunal. Entre los aspirantes, había trabajadores eventuales de la institución que pretendían hacerse con una plaza fija. Al final aprobaron siete secretarias de consejeros y la hija del exsecretario general de la institución, José Antonio Pajares. El Tribunal de Cuentas sostiene que tanto el acceso de estas secretarias como el de la hija de Pajares se ajustaron a la legalidad y que el hecho de que aprobasen tantas secretarias obedecía, entre otras cosas, a que la institución, antes de los exámenes, habilitó un curso ex profeso de preparación para el personal de la Casa. J. A. consideró un trato desigual que el Tribunal diese cursos específicos para su personal eventual sin contar con el resto de ciudadanos. Y pidió al Tribunal toda la documentación sobre esos cursos. “Fue un curso largo y bien documentado, facilitándose a los opositores todo tipo de material relativo a los exámenes a desarrollar, llegándose por parte de los trabajadores a entregar preguntas propias de los exámenes a realizar”, explica J. A. en uno de sus recursos. El tribunal eludió darle esa documentación. Sus recursos cayeron en agua de borrajas.

Según han explicado numerosas fuentes de esta institución, en el Tribunal existe la tradición de, cuando hay renovación de consejeros, cada nueve años, sacar una oposición para buscar puestos en plantilla a eventuales. “Y rara es la que no ha aprobado en los últimos lustros”, señalan estos medios. Las secretarias son cargos de libre designación unidos al mandato de cada consejero (en total 12, elegidos por los partidos políticos).

También se quejó J. A. de que el tribunal examinador estuviese mayoritariamente integrado (tres de sus cinco miembros) por personas de esta institución que dependían del entonces secretario general del Tribunal, cuya hija aspiraba a una de esas plazas (y que la logró: obtuvo la tercera mejor nota de los 14 aprobados). Recusó a tres miembros del tribunal, pero tampoco le hicieron caso. Le contestaron con un escrito en el que despachaban las irregularidades denunciadas con una o dos frases sumamente técnicas.

EL PAÍS publicó el pasado julio que, de los algo más de 600 trabajadores que tiene la plantilla de este tribunal, más de un centenar son familiares o allegados de medios y altos cargos, o familiares entre sí. Sólo sus dos actuales máximos mandatarios, el presidente Ramón Álvarez de Miranda y su número 2, suman seis parientes. El número dos tiene a una hermana, un hermano, a su esposa y una pariente de su esposa. Por su lado, los dos principales líderes de la sección sindical de UGT suman una docena de parientes y allegados. Tras las informaciones de este periódico, el presidente tuvo que comparecer el pasado julio ante el Congreso para explicar el volumen de parentescos que existen en la institución.