jueves, 30 de octubre de 2014

¿Hay algún político honrado en España?

Percyval Manglano sobre la situación actual de corrupción política, que abarca a todos los partidos que disfrutan del poder político y las opciones que hay para reducirla. 
Artículo de Libertad Digital:
Nos guste o no a todos aquellos con responsabilidades políticas, esta es la pregunta que hoy se está haciendo la gran mayoría de españoles. La acumulación esta última semana de casos de corrupción que afectan a altos responsables de los mayores partidos políticos ha creado un efecto bola de nieve de hartazgo y de desengaño ciudadano. Da igual que los acusados sean de un partido político o de otro; incluso da igual el montante de lo distraído. Lo relevante es que todos los días hay un caso nuevo que deslegitima a "los políticos". Quien piense que una futura mejora económica hará olvidar las heridas producidas por estos casos en la conciencia de los españoles se equivoca; las heridas son profundas y cicatrizarán con mucha lentitud.
La razón no es sólo que la gente sienta que les están robando (cosa que es verdad); es que los que les están robando son los mismos –"los políticos", sin distinciones– que les llevan pidiendo sacrificios desde hace años por el bien de todos. A cuenta de estos sacrificios se han subido impuestos, se han reducido prestaciones sociales y se ha despedido a gente. Muchos tienen la sensación de que, dicho de manera gráfica, se han roto los huevos, pero la tortilla se la han zampado "los políticos".
Siguiendo el aforismo "Si me engañas una vez la culpa es tuya, pero si me engañas dos es mía", los españoles están adoptando una actitud de desengaño y de cinismo hacia "los políticos". Es fiel reflejo del cinismo que atribuyen a quienes les piden su confianza para luego traicionarla. Da igual lo que digan o lo que prometan; son "políticos" y como tales no merecen ser escuchados. Es sintomático, en este sentido, que el programa Un Tiempo Nuevo de Telecinco pinchase en su estreno el sábado pasado teniendo como invitado principal al ministro de Hacienda.
Ante esta disyuntiva, caben dos grandes posibilidades. La primera sería poner la política española en manos de individuos que dicen no ser políticos, que dicen estar por encima de la dicotomía izquierda-derecha. Su capacidad para canalizar la rabia y la frustración de los españoles es óptima. Son inmunes al "y tú más" de la vieja práctica política. Prometen con elocuencia una revolución que cambie la política de arriba abajo. Pero, como decía Orwell, no se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace la revolución para establecer una dictadura. Y es que el detalle de las propuestas de estas personas siempre acaba desembocando en más Estado, más control y más intervención pública. Es decir, más poder para los políticos. Porque es una evidencia que, cuanto mayor sea un Estado, más poder tendrán los políticos que lo dirijan.
Por eso, la segunda alternativa va en la dirección opuesta. Se trataría de reducir el poder del Estado y de los políticos. Vaya por delante una cifra: en España hay actualmente unas 100.000 leyes vigentes, de las que dos terceras partes son autonómicas. Si algún avezado jurista se pusiese como meta leerlas todas tardaría 274 años en hacerlo leyéndose una al día. Tal avalancha legislativa es un foco de corrupción. Cumplir la ley se convierte en tal quimera para el empresario o ciudadano de a pie que la solución más eficaz puede acabar siendo el sobre bajo la mesa. En mi libro Pisando charcos entro en algunos detalles sobre cómo regenerar la vida política española. Pero ahora añadiría una propuesta muy concreta. Los programas electorales de los partidos que quieran recuperar la confianza de los españoles deberían especificar las leyes y ordenanzas que derogarían si llegasen al poder. No se trataría de prometer nuevas leyes, ni nuevas instalaciones, ni nuevas prestaciones. Se trataría de eliminar leyes y ordenanzas vigentes. De esta manera no sólo se simplificaría la vida de los españoles. Se limitaría, también, el poder de los políticos y, de esta manera, se reduciría su capacidad para corromperse.
La cuestión no es sólo que haya políticos honrados; la cuestión es que se minimice el poder que ejercen los políticos para limitar, así, sus opciones para corromperse. La mejor forma de no caer en la tentación es que la tentación no exista.

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