Otro ejemplo del despropósito reinante. 2.000 millones anuales de subvenciones para las TV y radios públicos al año.
Menos dinero del ciudadano en su bolsillo que no puede elegir libremente qué hacer o en qué emplear su dinero. Más destrucción de la economía productiva (y del empleo) para mantener empresas improductivas que se mantienen no por un mejor servicio al ciudadano o por satisfacer sus necesidades (si fuera así, existirían libremente sin obligar a nadie a pagar por ellas), sino para mantener entes improductivos (dilapidando recursos muy necesarios y escasos), empleo artificial (destruyéndolo en otros sectores para ello) entre los que se encuentran amigos, allegados, afines y familiares y servir de aparato de propaganda y de adoctrinamiento del poder (de aquél que lo controla sin excepción).
Y así suma y sigue hasta llegar a una situación insostenible, perdiendo el conjunto de la sociedad (pues el despilfarro de recursos provoca que dichos recursos no se destinen a donde es realmente necesario y más demandado, y donde satisfaga más al ciudadano. Y al destinarse menos recursos a esos lugares donde son más demandados por los consumidores (como ocurriría en un mercado libre), la eficiencia del sistema se resiente, las economías de escala no se crean en la misma medida reduciéndose la competencia, la oferta se reduce y en consecuencia los precios y los costes de aquello que es más necesitado y demandado por el ciudadano son mayores, teniendo por tanto menos recursos para gastarse en otras actividades (reduciendo así el empleo en el resto de la economía productiva), por lo que de esta manera el nivel de vida del ciudadano se ve reducida (o no aumenta como podría) al disponer de menos productos o servicios.
Claro, que todo esto nunca se ve ni se tiene en cuenta. Solo se denuncia o protesta por el puesto directo (privilegio) que se deja de tener mediante la apropiación de recursos (a la fuerza) de los ciudadanos. Nunca por los empleos que se destruyen y los que se dejan de crear (en mucha mayor cuantía) por este hecho, con otra diferencia clave. Éstos últimos son como consecuencia de la voluntariedad de las partes. Los primeros de la apropiación forzosa por parte de una de las partes.
El segundo en libertad. El primero con violencia.
Menos dinero del ciudadano en su bolsillo que no puede elegir libremente qué hacer o en qué emplear su dinero. Más destrucción de la economía productiva (y del empleo) para mantener empresas improductivas que se mantienen no por un mejor servicio al ciudadano o por satisfacer sus necesidades (si fuera así, existirían libremente sin obligar a nadie a pagar por ellas), sino para mantener entes improductivos (dilapidando recursos muy necesarios y escasos), empleo artificial (destruyéndolo en otros sectores para ello) entre los que se encuentran amigos, allegados, afines y familiares y servir de aparato de propaganda y de adoctrinamiento del poder (de aquél que lo controla sin excepción).
Y así suma y sigue hasta llegar a una situación insostenible, perdiendo el conjunto de la sociedad (pues el despilfarro de recursos provoca que dichos recursos no se destinen a donde es realmente necesario y más demandado, y donde satisfaga más al ciudadano. Y al destinarse menos recursos a esos lugares donde son más demandados por los consumidores (como ocurriría en un mercado libre), la eficiencia del sistema se resiente, las economías de escala no se crean en la misma medida reduciéndose la competencia, la oferta se reduce y en consecuencia los precios y los costes de aquello que es más necesitado y demandado por el ciudadano son mayores, teniendo por tanto menos recursos para gastarse en otras actividades (reduciendo así el empleo en el resto de la economía productiva), por lo que de esta manera el nivel de vida del ciudadano se ve reducida (o no aumenta como podría) al disponer de menos productos o servicios.
Claro, que todo esto nunca se ve ni se tiene en cuenta. Solo se denuncia o protesta por el puesto directo (privilegio) que se deja de tener mediante la apropiación de recursos (a la fuerza) de los ciudadanos. Nunca por los empleos que se destruyen y los que se dejan de crear (en mucha mayor cuantía) por este hecho, con otra diferencia clave. Éstos últimos son como consecuencia de la voluntariedad de las partes. Los primeros de la apropiación forzosa por parte de una de las partes.
El segundo en libertad. El primero con violencia.
Artículo de El Economista:
Las televisiones y radios públicas disfrutaron el año pasado de subvenciones de casi 2.000 millones de euros. En concreto, la cifra se eleva a 1.977,9 millones de euros, según se desprende del Informe Económico de las Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual 2014, elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Esa cantidad fue sufragada el año pasado por todos los españoles a través de sus impuestos, así como por las compañías de telecomunicaciones y las cadenas privadas de televisión.
La referida partida que se repartieron los medios de comunicación públicos, tanto de ámbito estatal como autonómico, supera en un 28% las sumas destinadas en becas y ayudas a estudiantes (1.411 millones de euros) o triplica con creces el gasto de los organismos públicos de investigación (576 millones de euros).
El mismo presupuesto destinado a las televisiones y radios públicas fue próximo al que repartirá este año el Estado en las pensiones no contributivas (2.320 millones), así como el que recibirá el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (1.900 millones).
La CNMC precisa en su informe que las subvenciones percibidas por los operadores públicos implica "una disminución interanual del 7,6%". También apunta que estos fondos se repartieron en 1.627 millones de euros en recursos para los servicios de televisión y de 350,9 millones para la radio".
Los 'mecenas' de RTVE
En el caso concreto de la Corporación de RTVE, las subvenciones proceden de los Presupuestos Generales del Estado, así como un porcentaje de la tasa de reserva de dominio público radioeléctrico y las tasa de los operadores de telecomunicaciones (el 0,9% de sus ingresos brutos) y de las sociedades concesionarias del servicio de televisión.
Para el próximo año, las cuentas públicas contemplan un gasto de 281 millones en RTVE, cantidad a la que hay que añadir otros 11,3 millones de la Orquesta y Coro de la Corporación.
Asimismo, los ingresos de los operadores públicos a través de fondos estatales y autonómicos también superaron el total de los ingresos publicitarios del conjunto del sector en 2013, es decir, más de 1.820 millones de euros, una vez digerido un retroceso del 5,4 por ciento respecto a 2012.
Durante el 2013 también se confirmó una tendencia que ya irrumpió el año anterior y que parece que no tendrá marcha atrás: los ingresos obtenidos por el segmento de televisión de pago, que ascendieron a 1.715,2 millones de euros, superaron a los de televisión en abierto, de 1.579,7 millones de euros.
Por otra parte, el conjunto del sector audiovisual español sufrió durante el primer trimestre de 2014 una caída interanual de sus ingresos del 2,6%, con un total de 865,3 millones de euros, sin incluir las subvenciones.
La televisión en abierto obtuvo 384 millones de euros, la televisión de pago ingresó 409 millones y los servicios de radio se repartieron 72 millones, según la nota trimestral de la CNMC. La radio también acusó la caída de los ingresos por publicidad durante el año pasado y, según las mismas fuentes, sumó 318,4 millones de euros, un 8,7 por ciento menos que el año anterior.
No hay comentarios:
Publicar un comentario