Juan Rallo expone la irresponsabilidad que supone la nueva propuesta del Gobierno de subir el salario a los funcionarios, no habiendo ninguna razón justificada para ello.
Artículo de su página personal:
Los diferentes niveles administrativos del Estado destinaron a lo largo de 2016 (último dato disponible) un total de 121.325 millones de euros a abonar las nóminas de los empleados públicos. Tal cantidad equivale a más del 25% de conjunto del gasto público, al 90% de todo lo que recaudamos anualmente por IRPF e IVA, y al 10,8% de nuestro Producto Interior Bruto.
A este último respecto, nuestro país gasta en nóminas públicas más que Austria, Polonia, Letonia, Italia, Lituania, Eslovaquia, Reino Unido, Bulgaria, República Checa, Luxemburgo, Holanda, Rumanía, Alemania, Irlanda y, a su vez, que en el conjunto de la Unión Europea. Es verdad que, durante los últimos años y debido a la austeridad impuesta por las necesidades de la crisis económica, hemos conseguido minorar el peso de estas nóminas públicas desde un máximo del 11,6% del PIB en 2010 hasta el actual 10,8%: tanto la congelación del sueldo de los funcionarios como la reducción de su número han contribuido decisivamente a conseguirlo. Sin embargo, y aun teniendo en cuenta semejante moderación de los desembolsos estatales, todavía continuamos ubicándonos por encima de los niveles pre-crisis, etapa en la que ni siquiera alcanzábamos el 10% del PIB.
En otras palabras, en ningún caso cabe afirmar que la estructura funcionarial de España sea esquelética ni con respecto a nuestra historia reciente ni, tampoco, con respecto a los países de nuestro entorno. Pese a ello, todos los actores sociopolíticos parecen empeñados en volver a disparar el gasto en nóminas públicas. Por un lado, los distintos niveles de la administración llevan años incorporando más personal a sus plantillas: desde el mínimo de 2,909 millones de empleados públicos alcanzado en el cuarto trimestre de 2013, en la actualidad hemos regresado a los 3,074 millones. Esto es, hemos contratado a 165.000 nuevos trabajadores públicos: a un coste medio de unos 40.000 euros por empleado (computando sus respectivas cotizaciones sociales), el coste de la medida ronda los 6.600 millones de euros por año.
Por otro, el Ministerio de Hacienda —con el entusiasta concurso de los sindicatos— se ha mostrado dispuesto a aprobar una subida salarial del 8% a lo largo de los próximos tres años: aun suponiendo que la plantilla funcionarial no aumentara en mayor medida hasta entonces, la medida acarrearía un coste anual a partir de 2020 de casi 10.000 millones de euros. En otras palabras, la contratación de nuevos empleados públicos desde los niveles alcanzados en 2013 unida al alza salarial que estudia implementar el Gobierno durante los próximos años nos costará a los contribuyentes españoles más de 16.000 millones de euros anuales: algo así como la mitad de nuestro déficit público presente.
No es, por consiguiente, el momento de continuar incrementando el gasto en nóminas públicas: al contrario, nuestro objetivo debería ser —como poco— el de reducir su peso dentro del PIB hasta los niveles alcanzados antes de la crisis. En tal caso, reduciríamos el gasto funcionarial en unos 10.000 millones de euros en lugar de incrementarlo en esa misma magnitud. Si aspiramos a disponer de margen para bajar sosteniblemente los impuestos en un futuro cercano, hemos de recortar el gasto público, no multiplicarlo: sería un tremendo error emborracharnos con los frutos de la recuperación para volver a disparar el tamaño de nuestro Estado. Lo que, en cambio, hemos de multiplicar es el crecimiento económico de nuestro sector privado.
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