"Con los sobrecostes, constructoras y políticos se unen para vaciar el bolsillo del contribuyente"

Xavier Sala i Martín muestra el problema político que lleva a la situación vivida por casos como el de Sacyr con el Canal de Panamá (un problema más mediático pero que es el día a día y lo ha sido todos estos años en España), y que lleva a malgastar ingentes cantidades del dinero del contribuyente sin ningún tipo de consecuencia.

Una nueva muestra de cómo funciona el sector público, de qué manera esquilma al contribuyente, de su falta absoluta de control y transparencia y de cómo se superpone siempre el interés del político al del ciudadano.


Artículo de El Economista:

"La situación vivida estos días con la constructora Sacyr como protagonista por el sobrecoste en las obras del Canal de Panamá "ha puesto en entredicho la ya de por sí entredicha Marca España", comenta el economista Xavier Sala i Martín.

Pero que nadie se lleve a engaño, avisa el Catedrático en Economía de la Universidad de Columbia. Es verdad que la práctica de hacer ofertas de construcción de infraestructuras públicas a un precio demasiado bajo y aumentar el precio final con sobreprecios es una práctica habitual en España. Pero no solo. También lo es en todos los países del mundo y así ha sido siempre, añade.

Por eso, comenta en su blog, "el fiasco de Sacyr no representa ninguna mancha adicional para la reputación internacional de España. Porque no es un problema de España. Es un problema del sistema político".

"Mientras haya gente que pueda malgastar cantidades ingentes de dinero del contribuyente sin sufrir ningún tipo de consecuencia nuestros queridos líderes lo seguirán haciendo". El problema no es la marca España. El problema es la marca sector público, piensa.

La realidad

Cuando una empresa constructora se presenta a un concurso de obra pública, presenta un presupuesto a un precio ridículo con el objetivo de conseguir la licitación. Si gana el concurso y recibe el encargo de construir la infraestructura, entonces gasta todo lo que puede a sabiendas de que los políticos aceptarán el sobrecoste. Eso ha pasado en España durante años, escribe Sala i Martín.

De hecho, añade, es sabido que las grandes constructoras tienden a separar el departamento que consigue las obras del departamento que las ejecuta. Y para justificar la desviación y mantenerla dentro de la legalidad, las mismas empresas tienen un tercer gran departamento, el jurídico, donde un ejército de abogados tortura las leyes para poder apuntarse al máximo de desviaciones posibles. "El resultado es conocido por todos los españoles: el 90% de las obras públicas acaban teniendo sobrecostes importantes".

La novedad: no es en España

Todo esto ha pasado en España durante décadas. La novedad en el caso de Sacyr y el Canal de Panamá es que esta vez ha pasado en un escaparate internacional. "Y ahora todo el mundo puede ver con transparencia cómo han ido funcionando las cosas en España".

Pero es injusto decir que esa práctica es específicamente española y típica de la era de la burbuja, apunta Sala i Martín. "La realidad es que eso del sobrecoste es una práctica universal".

La pregunta importante, a su juicio, es la siguiente: si los políticos que contratan a las constructoras saben cómo funcionan esas empresas y saben, por tanto, que la propuesta que se hace no es creíble y acabará comportando enormes sobrecostes, ¿por qué lo aceptan?

A los políticos ya les va bien

"La explicación es simple: ¡porqué les interesa!". En su opinión, a los políticos ya les va bien eso de adjudicar obra pública a un costo menor del real porqué, primero, el concurso y proceso de adjudicación tiende a hacerse bajo la atenta observación de los medios, las empresas y los contribuyentes. Para quedar bien ante los votantes, seleccionan los proyectos que presupuestan los menores costes para el contribuyente.

Segundo, cuando el coste acaba siendo más alto de lo presupuestado, ellos le echan las culpas a la empresa pero deciden pagar el sobre coste con la excusa "de que dejarlo a medias todavía sería más caro". Tercero, el dinero del sobrecoste no sale de sus bolsillos sino del de los contribuyentes.
"Finalmente, los políticos corruptos saben que el proceso pelearse y acabar aceptando pagar los sobrecostes es mucho menos transparente y conlleva mucha menos publicidad que el proceso del concurso de licitación inicial. Por lo tanto, es mucho más fácil robar o desviar dinero para financiar partidos políticos. A través de los sobrecostes, pues, las empresas constructoras y políticos se coaligan para vaciar el bolsillo de los contribuyentes", sentencia el catedrático."