Un interesante artículo sobre la actuación de las autoridades argentinas sobre YPF, consecuencia de los negativos efectos del control de precios y tarifas, que tiene como consecuencia unas menores inversiones, un mayor desabastecimiento, y por tanto mayores importaciones y dependencia:
"Me recibí en la facultad de economía en 1964, el 28 de diciembre, día de los inocentes. En 1968, recién llegado de una beca en la Foundation for Economic Education de New York, el entonces presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires me invitó a que dictara un curso en el recinto principal de esa institución. Elegí como tema la necesidad de privatizar empresas estatales, circunstancias en las que esos centros políticos estaban desangrando al país, a pesar de lo cual, en esa instancia, la opinión dominante era que la sola propuesta de traspasar activos a manos privadas se consideraba traición a la patria. Mientras dictaba el curso, entre el público, mi mujer y uno de mis cuñados escucharon de boca de algunos de los asistentes —disgustados por mis reflexiones— referencias injuriosas y muy poco elegantes respecto a mi madre. Con el correr del tiempo se fue entendiendo y aceptando la idea, especialmente en ámbitos universitarios, pero en un momento dado se bastardeó tanto la privatización traspasando monopolios estatales a monopolios privados en el contexto de una alarmante corrupción y ensanchamiento del gasto público que ahora, cuarenta y cuatro años después de mi aludido curso, la Argentina vuelve a fojas cero, por eso remarco aquello del día de los inocentes.
Se acaba de anunciar la re-estatización de la petrolera YPF, expropiando la mayoría accionaria en manos privadas y ha sido designado como interventor un ministro acusado de corrupción secundado por un ideólogo marxista, una combinación ideal a ojos de los dromedarios estatistas de turno.
En esta ocasión me veo obligado a repetir lo que dije hace más de cuatro décadas en la referida Bolsa de Comercio de Buenos Aires, lo cual naturalmente produce una buena dosis de cansancio moral, por no decir extenuación intelectual al repasar puntos que en toda buena universidad se enseñan en seminarios introductorios al estudio de la economía, pero antes de eso formulo algunas consideraciones específicas sobre el rubro energético.
La situación argentina en esta área (y en otras) se debe principalmente a la machacona política de manipular compulsivamente tarifas. Cuando un precio se mantiene artificialmente deprimido, la demanda se expande mientras que la oferta se contrae (y, consecuentemente, las inversiones disminuyen hasta que, en su caso, debe recurrirse a la importación de energía para suplir el zafarrancho). En un arranque tragicómico, el gobierno argentino pretende resolver el problema con lo dicho y a la situación deficitaria de caja del momento agrega la necesidad de indemnizar a los accionistas (con o sin juicios) y hacer frente a los pasivos de la empresa confiscada en su porción mayoritaria.
Estas señales horrendas son recibidas por los proveedores del otro setenta por ciento del mercado energético, ya que la empresa de marras solo abastece el treinta por ciento. Esos signos de inseguridad jurídica mayúscula hacen que esas otras empresas naturalmente se abstengan de invertir, todo lo cual agrava el problema de la energía argentina.
En la era de Carter en EE.UU. (quien se hacía sacar fotografías en mangas de camisa en verano al efecto de mostrar que no usaba aire acondicionado “para ahorrar energía”), se fijó un techo a los precios del petróleo lo cual hizo acelerar el consumo y aparecieron colas en las estaciones de servicio al tiempo que se obstruyeron las señales para encarar fuentes alternativas de energía, es decir, el peor de los mundos, lo cual fue criticado, entre otros, por el premio Nobel en economía Milton Friedman, el ex secretario del tesoro William Simon y el entonces presidente de Citicorp Walter Wriston quienes señalaron enfáticamente los peligros y contribuyeron a modificar drásticamente la política.
Hasta el modo en que algunos burócratas se refieren a temas energéticos revela desconocimiento de magnitud respecto a cuestiones elementales, como cuando aluden a las reservas petroleras extrapolando al futuro el precio y la tecnología presentes, sin percibir que la provisión de energía y su consumo se modifican completamente al modificarse el precio respectivo, consecuencia de situaciones cambiantes que refleja el mercado. En otros términos, como ha destacado Friedman “si quieren sobrantes de petróleo el gobierno debe fijar precios mínimos, si quiere faltantes debe imponer precios máximos, pero si se desea que oferta y demanda se equilibren y las cosas funcionen bien, hay que dejar los precios libres”.
Creo que en buena medida lo que anquilosa las mentes es la idea de soberanía. Bertrand de Jouvenel en Los orígenes del estado moderno explica que el concepto del soberano como sinónimo del rey fue derribado al señalar la limitación natural de todo ser humano, sin embargo al trasladarse la idea al pueblo parece que el límite se franqueó con el resultado de que, en definitiva, volvió a recaer en el gobernante con un áurea más contundente y más fuerte que en la época de las monarquías absolutas. Esta idea atrabiliaria se aplicó a distintos bienes y así se declama sin rubor alguno que el petróleo pertenece a la soberanía popular, lo cual es tan idiota como sostener la soberanía de la zanahoria o el garbanzo. En el caso argentino, se ha llegado al extremo en el que el secretario de cultura (subrayo el cargo) lanzó al ruedo la peregrina noción de la “soberanía cultural” al efecto de dictaminar sobre la lectura de lo que conviene y lo que no conviene leer, es decir, una nueva versión del Index y la inquisición cultural.
Solo parapetados en conceptos de esa laya es que puede envolverse empresas estatales en el pabellón nacional alegando que se trata de “bienes estratégicos”, sin percatarse que cuanto más vital un bien más razón para que funcione bien y para que se desarrolle con todos los rigores del mercado sin privilegios de ninguna naturaleza.
Por supuesto que hay empresas que la juegan de privadas pero llevan a cabo sus negocios en los despachos oficiales y las hay que están sometidas al manotazo en sus flujos de fondos por parte de los aparatos estatales. Ninguna de las dos cosas representa el benéfico proceso de mercado: en un caso con ladrones de guante blanco y en el otro son víctimas del atropello del Leviatán.
Empresa estatal es una denominación que constituye una contradicción en términos puesto que no resulta posible simular y hacerse pasar por empresario, el cual arriesga recursos propios en la administración de los factores productivos, y si tiene éxito en satisfacer los deseos de los consumidores obtiene ganancias y en la medida en que se equivoca incurre en quebrantos, a diferencia de lo que sucede cuando se politiza el proceso, situación en la que la asignación de activos y conveniencia de pasivos opera a espaldas del mercado.
Más aun, la sola constitución de la llamada empresa estatal o la estatización de una privada inexorablemente significa derroche de capital puesto que, como todo no puede hacerse al mismo tiempo, se alteraran las prioridades de la gente (si se hace lo mismo que se hubiera decidido en el plebiscito diario del mercado, no tiene sentido intervenir y pueden ahorrarse los gastos administrativos correspondientes).
Incluso si por ventura la “empresa estatal” (en base a contabilidades confiables) arrojara ganancias, habría que preguntarse el por qué de ese resultado y si no estarán las tarifas demasiado altas. Por otra parte, la competencia tampoco es un simulacro: se está en el mercado con todo que ello implica o se está en la órbita política con todos los privilegios consiguientes (si se dijera que se abrogan todas las prebendas para “competir” no hay razón para mantener la empresa en el sector estatal).
Se suele argumentar la conveniencia de estatizar porque las privadas “no reinvierten lo suficiente” y las extrajeras giran sus utilidades al exterior. Toda actividad empresaria que se mantiene a flote en el mercado sin privilegios ofrece bienes y servicios que mejoran la situación de los consumidores. Lo que hacen con el resultado de esa mejora dependerá de las condiciones económicas del país en cuestión y, sobre todo, de su marco jurídico. De todos modos, como queda dicho, los beneficios para el consumidor ocurren, la contrapartida debe ser analizada por cuerda separada, ya se sabe que sería más atractivo que todos los capitales del orbe inviertan en cierto país, pero es harina de otro costal.
Todas estas consideraciones son aplicables a las empresas mixtas en la parte que corresponde al aporte estatal (léase compulsivamente de los contribuyentes) y si se recluta el capital privado en base a exenciones y otras canonjías debe extenderse el análisis también a esa parte.
No es que los burócratas sean malas personas y los que se desempeñan en el sector privado sean por su naturaleza buenas, ni que en un caso sean profesionales de menor calado que en el otro, se trata de incentivos. La forma en que se prenden las luces y se toma café es distinta en un caso que en otro. Lo que es de todos no es de nadie y aparece indefectiblemente la “tragedia de los comunes”.
El economista decimonónico Frédéric Bastiat nos recuerda que el análisis de estas cuestiones requieren de una visión muy amplia al efecto de prestar debida atención “a lo que se ve y a lo que no se ve”. Se ve un edificio estatal reluciente en mármoles y otras delicadezas para cobijar funcionarios en reparticiones varias (que, además, suelen emprenderla contra actividades pacíficas y voluntarias), pero, en cambio, lo que no se ve son los faltantes de biberones y leche como consecuencia que los recursos fueron a parar al mencionado edificio.
La transferencia de activos de las llamadas empresas estatales al sector privado puede realizarse a través de licitaciones abiertas al mejor postor, venta en el mercado de capitales si se encuadrara en la figura de la sociedad anónima o directamente la entrega sin cargo de acciones a residentes bajo diversos procedimientos que han sido aplicados en otros países.
Desde luego que lo dicho es aplicable a todas las empresas en manos del estado incluyendo bancos, los cuales en la medida en que otorgan créditos subsidiados acentúan el derroche de capital que hemos mencionado y, por tanto, contribuyen a reducir salarios e ingresos en términos reales puesto que éstos solo puedan elevarse como consecuencia de las tasas de capitalización.
En resumen, casi todo lo que viene ocurriendo en la Argentina es la repetición de políticas populistas que se enancan a la agresión al poder judicial y a la prensa independiente en la esperanza de poder arrasar con más facilidad con lo poquísimo que queda de la tradición alberdiana, que desde la organización nacional hasta la incursión del fascismo socialista hizo de la Argentina uno de los países más prósperos del orbe. Ya vimos la película de lo que hoy sucede, esperemos que se reaccione a tiempo antes de que sea tarde y nos convirtamos en otra Venezuela o Cuba.
Este artículo fue publicado originalmente en El Diario de América (EE.UU.) el 19 de abril de 2012."
Fuente: Cato Institute
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