"Una fundación propone pasar de los 8.000 municipios actuales a unos 2.000
La Fundación Ciudadanía y Valores considera que hay una "hiperinflación legislativa autonómica" porque los diputados de las CCAA tienen que justificar su labor y propone agrupar ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes para ahorrar recursos públicos y prestar servicios de más calidad. El ahorro estimado de esta medida, 10.000 millones de euros anuales.
La Fundación Ciudadanía y Valores propone que España tenga en 2013 un nuevo mapa municipal resultante de la agrupación de ayuntamientos para prestar servicios de más calidad a los ciudadanos y ahorrar recursos públicos. El objetivo es pasar de los más de 8.000 actuales hasta unos 2.000, cada uno de ellos con un mínimo de 10.000 habitantes.
Esta idea está recogida en un informe elaborado por la Fundación, para la racionalización del Estado autonómico. Entre las medidas también propone eliminar organismos de las comunidades, reducir el número de diputados de los parlamentos autonómicos o redefinir el papel de las Diputaciones, entre otras.
A su juicio, el proceso de descentralización del Estado puesto en marcha hace más de 30 años ha tenido consecuencias "indudablemente positivas" pero también ha generado "graves problemas", ante lo que consideran que la respuesta definitiva a esta "problemática" de la organización territorial pasa por la reforma de la Constitución para fijar el número de comunidades autónomas y sus competencias.
Sin embargo, mientras esta reforma constitucional no sea posible, el informe propone una serie de medidas que no requieren cambios de la Carta Magna, debido a que la racionalización del Estado autonómico "es también un requisito para que España salga de la crisis".
El ejemplo griego
Una de estas propuestas consiste en agrupar municipios y recuerda que en 2010 Grecia ya pasó de 1.034 ayuntamientos a 355, lo que permitió una reducción de gasto de 1.185 millones de euros anuales. Traducido a España, calcula que permitiría ahorrar unos 10.000 millones de euros.El informe propone reconvertir el mapa municipal para reestructurarlo en unos 2.000 ayuntamientos que se identifiquen con comarcas geográficas y un mínimo de 10.000 habitantes, aunque con "flexibilidad" para aumentar o disminuir esta cifra en función de las especificidades de cada zona.
A su juicio, esta reordenación del territorio permitiría la aparición de estructuras municipales más eficientes, con disminución de los cargos públicos y favorecería también la fusión de empresas públicas locales, con una disminución del gasto público en general. "Prestar unos servicios públicos de calidad, lo que no puede lograrse con el minifundismo local actual, tan costoso como ineficiente", fija como otro de los objetivos.
Para conseguir esto sería necesario un pacto político de amplia mayoría en las Cortes Generales y, aunque reconoce que suscitaría reticencias importantes en los ayuntamientos más pequeños, sostiene que "el interés general debe imponerse sobre un particularismo que se traduce en una administración local costosa e ineficiente a la hora de prestar los servicios públicos".
Siguiendo con el objetivo de racionalizar el Estado autonómico, la Fundación propone limitar su dimensión institucional y poner freno al "indisimulado intento de articular a nivel regional un sistema político similar al que se configura en el Estado". En concreto se refiere a órganos como los defensores del pueblo o los consejos consultivos, que asegura que están "excesivamente politizados" y, pese a su "escasa funcionalidad", tienen un "alto coste" en dietas y personal y, en muchos casos, superponen sus actividades a las que ya realizan otros miembros de la administración pública.
El documento también arremete contra la "paradiplomacia" generada por las autonomías en el exterior con "costosas sedes" que prestan servicios que ya cubre el Estado. Para remediarlo, la propuesta es perfeccionar el modelo de las conferencias sectoriales y profundizar en el principio de cooperación y lealtad institucional.
Que los diputados sólo cobren dietas
Pero además, contempla una reforma de los parlamentos autonómicos basado en la idea de reducir sus miembros y, además, desprofesionalizar el cargo de manera que los diputados puedan compatibilizar su función con el desempeño de su profesión y percibir por la labor política tan sólo una compensación mediante dietas.Con estas medidas se conseguiría reducir "la peligrosa distancia" que se ha abierto entre políticos y ciudadanos, además del ahorro económico y "evitar la consolidación de una suerte de casta de profesionales de la política autonómica", fomentando la participación en ella de "personas cualificadas y competentes".
El informe denuncia una "hiperinflación legislativa autonómica" debido a que se aprueban "infinidad" de leyes en las comunidades autónomas "en muchos casos inútiles" y que "no resuelven problema real alguno". "Este exceso de legislación tiene su origen, indiscutiblemente, en la existencia de unas asambleas legislativas autonómicas conformadas por unos diputados que tienen que justificar su dedicación exclusiva", denuncia.
Para racionalizar la estructura del Estado también propone abordar la redefinición institucional de las Diputaciones Provinciales y privatizar las televisiones autonómicas. Precisamente este viernes, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un proyecto de ley que permitirá a los gobiernos autonómicos privatizar las televisiones públicas regionales pero que les da la opción de quedarse con la gestión, aunque en este caso, estarán obligados a no tener déficit.
Localismo, elemento perverso
La Fundación Ciudadanía y Valores también aborda el mapa universitario español y propone una reordenación, ya que en los últimos años se ha dado "predominancia" de la cantidad frente a la calidad. "El localismo ha sido un elemento especialmente perverso", advierte.Además, reclama el control del déficit de comunidades autónomas y entidades locales y reforzar la unidad del mercado "como garantía del crecimiento económico y la cohesión social".
Otra de sus propuestas aborda la no discriminación por razones lingüísticas en el ámbito de la administración y la enseñanza, ya que señala que en algunas comunidades se ha desarrollado "un cierto proceso de discriminación" por razón del idioma y "se ha pasado de una situación prohibicionista en materia de uso de lenguas regionales a una situación en la que el castellano es discriminado tanto en el ámbito de la enseñanza como en el acceso a puestos de trabajo autonómicos y locales".
Ley de Cooperación
Todas estas propuestas culminan con la idea de aprobar una Ley General de Cooperación para garantizar los principios de cooperación y solidaridad, "causa de muchas disfunciones en el Estado autonómico" y desde la convicción de que "sin el recurso al principio de cooperación ningún Estado compuesto resulta viable".
"Los procedimientos bilaterales de cooperación previstos en los estatutos deben ocupar un lugar muy residual. Y ello porque un Estado no puede funcionar mediante la yuxtaposición de diecisiete modelos de cooperación bilateral", concluye.
El estudio ha sido coordinado por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco Javier Tajadura y participan los docentes Jesús Avenzuela, Miguel Córdoba, Josu de Miguel y José María Román."
Fuente: El Economista
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