Nuevo dinero a repartir entre los diputados españoles. Normal, no llegan a fin de mes...
"Suma y sigue… Tres días antes de que el Gobierno aprobara el mayor ajuste presupuestario de la democracia, la Mesa del Congreso autorizaba la semana pasada un gasto de más de tres millones de euros para pagar los «finiquitos» a los ex diputados. Hay cosas que no cambian, como la vieja ley del embudo. Y es que 131 parlamentarios de la IX Legislatura se beneficiarán de esta nueva «pedrea» de la Cámara Baja, de acuerdo al Reglamento de Pensiones Parlamentarias que les da derecho a una indemnización por cese al término del mandato. Los hay de todos los colores políticos, y todos recibirán el finiquito en función de los años, con un mínimo de dos, que han ocupado un escaño. Entre los «agraciados», los hay que cobrarán sólo 6.252 euros en dos meses (son los menos). Y los hay, como los socialistas Álvaro Cuesta, Francisco Fernández Marugán o Antonio Cuevas, que recibirán 75.024 euros en 24 meses por los servicios prestados en el Parlamento.
Hay también «finiquitos» intermedios que oscilan entre los 12.504 euros de quienes han sido parlamentarios durante una única legislatura y los 68.772 euros que, como la popular Soledad Becerril, cobrarán quienes han estado 22 años en las Cortes. Por ejemplo, el ex diputado del PP Gustavo de Arístegui, embajador hoy en la India, cobrará 37.512 euros en 12 mensualidades, los años que estuvo en el Parlamento o la ex ministra Carmen Calvo, que recibirá 25.088 euros por sus ocho años como parlamentaria.
Todo esto en el mandato en el que el Gobierno ha aprobado una reforma laboral que reduce a 20 días por año trabajado el despido de los asalariados. Claro, dirán, que los diputados no tienen nómina, sino una asignación constitucional de 3.126 euros mensuales, a la que se le añaden dietas según sean de Madrid u otra circunscripción y complementos varios por cada cargo que desempeñan en las comisiones parlamentarias.
El caso es que quienes han sido miembros de las Cortes Generales y tras la constitución de unas nuevas Cámaras no tengan ya acta de diputado, tienen derecho a una indemnización por cese.
La «canonjía» corresponde también a quien habiendo sido senador designado por una comunidad autónoma, cese en dicha condición sin obtener un nuevo mandato. La cuantía de la indemnización es equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales o fracción superior a seis meses, y hasta un límite máximo de veinticuatro mensualidades. Nada que ver con lo aprobado para los trabajadores en el nuevo marco de relaciones laborales. La decisión de abonar las indemnizaciones por cese se tomó el martes 27 de marzo, el mismo día que se autorizó el gasto para el retrato de José Bono, que costará 82.000 euros, y tan sólo un mes después de que el Congreso actualizara las pensiones y ayudas que paga cada mes a otros ex parlamentarios españoles. En total, fueron 2.500.000 euros para pensiones y complementación de ingresos de ex diputados, viudas de parlamentarios e hijos menores de 25 años.
Y es que de acuerdo al capítulo primero (artículos 1 al 16) del Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras prestaciones económicas, reciben también con cargo al presupuesto una retribución adicional quienes habiendo cumplido 65 años y obtenido la jubilación han estado un mínimo de 7 años en las Cortes. Una ayuda que complementa la que ya pudieran percibir sus señorías por otro sistema hasta llegar al límite máximo de percepción de pensiones públicas. En total, en la actualidad son 75 ex diputados y ex senadores quienes desde 2006 se han acogido a este generoso sistema que, como el de los «finiquitos», no regirá para los diputados de la actual legislatura, pues ambos preceptos se derogaron durante los últimos meses del mandato de José Bono en el Congreso."
Fuente: La Razón
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