"Si los españoles queremos seguir disfrutando del magnífico sistema sanitario público es necesario adoptar medidas que garanticen su viabilidad económica, corrijan errores de gestión y plantee una hoja de ruta acorde con el momento que nos ha tocado vivir. Y estas reformas son inexorables, además de requerir valentía y sinceridad.
Las ruedas de prensa que se celebran cada viernes desde que Mariano Rajoy formara gobierno han comenzado a liderar el ranking de los temas más seguidos en todo tipo de foros, comenzando por Twitter, una red social que se ha puesto de moda y cuyos creadores no pensaron jamás que serviría de altavoz para que millones de españoles estuvieran al corriente del panorama político y económico.
La razón es muy sencilla: el gobierno debe encarar un programa de reformas que toca los cimientos de lo que hasta ahora se conoce como Estado del Bienestar, pero que hace aguas por todas partes, salvo que se tomen las medidas pertinentes en pos de adaptarlo a la realidad, no solo porque muchos de los grandes temas siguen estando articulados bajo parámetros del tardo franquismo, sino que el anterior ejecutivo socialista no encaró la crisis ni las necesidades sociales como cabría esperar de un gobierno responsable, cuya insolvencia quedó en evidencia cuando se acabó el dinero.
Unos cuantos números reflejan la realidad de lo que el gobierno se ha encontrado encima de la mesa. Para empezar, una desviación del déficit total de las administraciones públicas de más de dos puntos y medio: del 6% que aseguró a su salida de Moncloa, al 8’51% reconocido por Bruselas y que se traducen en 26.500 millones de euros.
Frente a este desequilibrio, el gobierno actual está obligado a realizar un ajuste de unos 45.000 millones de euros, de los que 15.000 millones ya se han recortado en los primeros meses de gestión. El pago de la deuda supone 30.000 millones, lo que implica tener que recortar el presupuesto entorno al 16% de lo inicialmente previsto.
La realidad es que el gobierno socialista apenas ha dejado recursos económicos para hacer frente a los pagos propios que requieren los servicios públicos. Se puede afirmar sin temor a errar que el Estado del Bienestar está en quiebra técnica. Solo en el ámbito de la sanidad pública, el gobierno del que Rubalcaba era vicepresidente dejó una deuda que roza los 16.000 millones de euros. Un sistema público de salud que como primera medida de urgencia, requiere un ajuste de 7.000 millones de euros adicionales a los que ya se tenían previstos.
Por tanto, si los españoles queremos seguir disfrutando del magnífico sistema sanitario público es necesario adoptar medidas que garanticen su viabilidad económica, corrijan errores de gestión y plantee una hoja de ruta acorde con el momento que nos ha tocado vivir. Y estas reformas son inexorables, además de requerir valentía y sinceridad.
España no se puede permitir continuar por la senda de la desorganización sanitaria sin plantear una cartera de servicios única que recoja lo fundamental apartando lo accesorio y planteando los parámetros de lo que es verdaderamente urgente. Es fundamental que establezca límites administrativos en cuanto a los beneficiarios del sistema de acuerdo a un escenario realista desprovisto de demagogia. Tampoco puede permitirse el lujo de seguir destruyendo 3.700 toneladas de medicamentos caducados o que no se han utilizado pagados con el dinero del contribuyente.
Estos desajustes y los planes que su resolución precisan no son algo subjetivo que dependa del capricho de un gobierno. España pertenece a un club de socios que ha sacado ya tarjeta roja a las cuentas públicas y que un día tras otro nos dice que está muy preocupado por nuestra delicada situación porque afecta el resto de vecinos. Europa ha dicho claramente que quiere un plan que ataje de una vez la desorganización administrativa que percibe. Su mensaje es claro: “los ajustes deben hacerse a cara descubierta, no queremos maquillaje”.
Mientras el gobierno trata de achicar agua para que el barco no se hunda, los mismos que no repararon la vía de agua que se había abierto devuelven el agua achicada a su punto de partida generando situaciones de verdadera preocupación entre ciudadanos de bien que llegan a creer que la educación o la sanidad pública están en peligro. De momento, en el ámbito de la educación no están siendo demasiado incisivos por dos razones: porque el gobierno no ha acometido reformas en profundidad todavía y porque el ámbito de la sanidad representa el campo perfecto para promulgar un discurso demagógico, en especial, frente a aquellos que pueden parecer más vulnerables, como es el caso de los inmigrantes.
Una vez conocida la pretensión del gobierno de organizar la administración de la tarjeta sanitaria el partido socialista, con Alfredo Pérez Rubalcaba a la cabeza, se ha apresurado a tachar de “xenófobas, crueles e ineficaces” la reformas que afectan a este colectivo, además de asegurar que las decisiones adoptadas por la ministra de Sanidad Ana Mato niegan la asistencia gratuita a los inmigrantes irregulares y son reflejo de un “ejercicio de insensibilidad social como la copa de un pino“.
¿Qué hay de verdad en estas declaraciones? ¿Cómo afectan en realidad las reformas sanitarias a los inmigrantes que viven en España?
La realidad del Sistema Nacional de Salud
La primera aclaración pertinente que hay que hacer es que desde que se realizaran las transferencias del antiguo INSALUD a las Comunidades Autónomas, el Sistema Nacional de Salud (SNS) se financia vía impuestos y no por cuotas a la seguridad social como hasta entonces. La aportación que hacemos los contribuyentes al sistema va en función de nuestros ingresos. Se trata de un sistema de aportación en función de la renta, y a aportan más los que más tienen, con independencia del uso que hagamos de la sanidad pública.
Otro aspecto importante que es preciso conocer es que la Seguridad Social tramita el reconocimiento del derecho de aseguramiento y el Sistema Nacional de Salud asegura la asistencia sanitaria a todos los españoles. Sin embargo, hasta el nuevo Real Decreto Ley existían infinidad de normas, algunas de los tiempos de la dictadura, que regulaban este derecho, solapándose unas a otras.
Ahora, tras la reforma sanitaria propuesta por el gobierno, el Real Decreto Ley unifica el concepto de asegurado definiendo todas las posibles situaciones en las que un español puede encontrarse en el momento de realizar el trámite administrativo de solicitud. Este mismo procedimiento administrativo se aplica a los extranjeros que lo soliciten, sujetos a la normativa europea, convenios bilaterales y parámetros de extranjería.
Tomando en consideración el escenario esbozado, lo primero que hay que dejar claro es falso que la nueva normativa significa un paso atrás en relación a las prestaciones como afirma el partido socialista. Antes al contrario, queda solucionado el marasmo normativo en que el sistema sanitario se encontraba hasta ahora en el ámbito del aseguramiento.
El nuevo Real Decreto Ley garantiza además, el derecho a la asistencia sanitaria para todos los españoles, incluidas las personas en situación de desempleo por largo tiempo. Hasta la aprobación de esta normativa este colectivo estaba al albur del capricho de las Comunidades Autónomas, siendo Madrid pionera en reconocer el derecho asistencial a este tipo de desempleados, medida que adoptó unilateralmente mientras el gobierno socialista no definió nada al respecto para toda España. En definitiva, ahora disponemos de una única norma, con una única modalidad de acceso para todos.
La reforma sanitaria que encara el gobierno hace frente a otro asunto que ha facilitado el crecimiento de la deuda desbocada que pone en entredicho la viabilidad del SNS: su uso fraudulento provocado por la disparidad de criterios entre Comunidades Autónomas y la indefinición legal de quienes tenían derecho en España a la asistencia sanitaria y en qué condiciones. Una realidad que ha puesto de manifiesto el último Informe publicado en enero de 2012 por el Tribunal de Cuentas.
Se atestigua que España gasta una media de 450 millones de euros anuales en prestar cobertura sanitaria a medio millón de ciudadanos europeos y extracomunitarios sin recursos económicos y sin solicitar su cobro a sus países de origen, aún y cuando existen convenios específicos que recogen la resolución de estas eventualidades. Solo en 2009 España dejó de facturar a otros países la asistencia médica y de farmacia a más de 700.000 ciudadanos de otros países en sólo un año (2009), lo que ha supuesto casi 1.000 millones de euros a los bolsillos de los contribuyentes.
Así, el gobierno presidido por Mariano Rajoy justifica textualmente que “ante el elevado coste económico que representa la asistencia sanitaria prestada a este colectivo en España, el gobierno de España debe impulsar medidas legislativas oportunas para que el coste de la asistencia sanitaria prestada a dicho colectivo pueda ser derivado, en su caso, a sus respectivos países de origen”.
Esta premisa no entra en confrontación con la cobertura sanitaria que propone el gobierno, como señala el PSOE. Lo que propone el texto de la norma es la unificación de convenios especiales y la asistencia sanitaria a todos los colectivos y situaciones particulares, incluidos los extranjeros cuya residencia en España sea legal, así como la de aquellos que sin estar adecuadamente regulada su situación, precisen asistencia.
Los inmigrantes y turistas en el nuevo escenario asistencial
A pesar de la intoxicación informativa que algunos han puesto en circulación, la realidad es que ningún ciudadano se va a quedar sin asistencia sanitaria.
Para empezar y como primera medida, los extranjeros en situación irregular tiene de plazo hasta el 31 de agosto de 2012 para cumplimentar los trámites legales para obtener la tarjeta sanitaria.
Esto es, estar empadronados- como hasta ahora- pero también, se les exigirá estar regularizados conforme a los requisitos dispuestos por ley.
El objetivo de la inclusión del supuesto de legalidad es paliar el presunto uso fraudulento del Sistema Nacional de Salud, evitando determinados abusos que se venían produciendo por la negligente trasposición que hizo el Gobierno Socialista de la correspondiente Directiva Comunitaria. En concreto, el gobierno en el que Alfredo Pérez Rubalcaba era vicepresidente, omitió el artículo 7 de la Directiva de derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión, que prohibía explícitamente desplazarse en busca de asistencia sanitaria que puedan obtener en su propio país.
Lo que ha dispuesto el gobierno es que la tarjeta sanitaria se expedirá a los que tengan nacionalidad española derogando el supuesto anterior contemplado en la Ley de Extranjería, en el que cualquiera que estuviera empadronado en cualquier lugar de España podía acceder al SNS sin límite alguno.
Ello no quiere de decir que los inmigrantes no reciban asistencia sanitaria. Lo que propone la norma es desbrozar grano de paja y sentar las bases para delimitar lo urgente de lo que no lo es. A partir de la reforma, los extranjeros que no tengan residencia en España, ya sea porque son turistas o porque residen en situación irregular, seguirán recibiendo asistencia en caso de urgencia por enfermedad o accidente hasta completar el proceso sanitario en manos de profesionales sanitarios y hasta que se autorice el alta médica.
Todas las mujeres embarazadas seguirán recibiendo asistencia médica durante la gestación, el parto y postparto, con independencia de su situación legal. Asimismo, está garantizada la asistencia para los extranjeros menores de 18 años en todos los casos, y en las mismas condiciones que para los españoles.
La reforma regulariza la asistencia sanitaria de los turistas que puedan precisar servicios médicos durante su estancia en España. En el caso de ser ciudadanos de la Unión Europea, su país de origen se hará cargo de su factura sanitaria utilizando como vehículo acreditativo de pago su propia tarjeta sanitaria. En el caso de no disponer de este documento o no pertenecer al ámbito comunitario, se utilizará su seguro de viaje. El gobierno de España hará valer los convenios bilaterales que tiene suscrito con otros países. Tal es el caso de Brasil, Chile, Ecuador, Marruecos, Perú y Túnez.
España también atenderá a los extranjeros que precisen cuidados específicos para determinados problemas de salud. Por ejemplo, los supuestos englobados bajo el Plan Nacional del SIDA o aquellos que puedan derivarse de acuerdos suscritos con ONG’s implicadas en el cuidado de la salud.
La reforma asegura el seguimiento de casos de interés humanitario como se ha venido haciendo hasta ahora. Tal es el caso de los convenios que España tiene para traer a nuestro país a niños enfermos procedentes de países en desarrollo a los que se pueda beneficiar del magnífico sistema sanitario español, tanto a nivel tecnológico como profesional.
Un poco de orden
Como era previsible, el partido socialista y su principal líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, han planteado una oposición basada en el descrédito y el desgaste al gobierno que se ve obligado a encarar un programa de reformas poco agradables. El PSOE nunca se ha caracterizado por su sentido de Estado y ahora además, sería reconocer que ellos son los principales responsables de que los españoles estemos buscando acomodo en un bote salvavidas una vez que el barco que capitaneaban con la confianza de los viajeros está prácticamente hundido.
Así las cosas, el gobierno presidido por Mariano Rajoy tiene dos retos ineludibles encima de la mesa: achicar agua para poder llegar a la vía abierta por donde se filtra y que hunde el barco, y garantizar que hay chalecos salvavidas para todos para que en el medio plazo, los viajeros puedan regresar al barco y continuar disfrutando del crucero que ellos mismos han pagado de sus bolsillos.
Una de las principales vías por donde el barco hace aguas está en la enfermería, un lugar donde al entrar los nuevos responsables han descubierto que falta material para lo importante y que hay exceso de lo que no es necesario, que no se sabe de qué recursos se dispone a falta de inventario, que están sin pagar y que se está atendiendo sin ton ni son a los que demandan asistencia sin tan siquiera haber hecho un diagnóstico previo ni del demandante, ni de los recursos, ni de nada de nada.
¿Hay alguien capaz de tripular un barco en estas condiciones de verdadera urgencia?
Ni el capitán más avezado puede hacerlo sin plantear una hoja de ruta que delimite los parámetros de la esencialidad y la urgencia, si no queremos que los botes salvavidas también se hundan.
Ana Ortiz. Artículo publicado originalmente en la Web del Grupo de Estudios Estratégicos el 4 de mayo de 2012. Liberalismoonline agradece al GEES la autorización para publicar este artículo."
Fuente: Liberalismo Online
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