El Gobierno prepara un plan de ayudas fiscales para reindustrializar España

Varios apuntes y conclusiones con este anuncio de reindustrialización de España.

En primer lugar, y algo muy positivo, se prepara un plan de "ayudas fiscales" para ayudar a la inversión e industrialización. Este hecho es ciertamente importante y resaltable. ¿Por qué? Pues porque el gobierno y los burócratas están reconociendo abiertamente que los impuestos, y más aún los elevados impuestos que se sufren en España son una barrera a la inversión, a la generación de riqueza y al empleo. Y como esto es evidente que es así, se demuestra una vez más el negativo impacto que tiene el intervencionismo estatal y la incongruencia de no bajar impuestos (a todas las empresas no solo a unas elegidas) para permitir un mayor crecimiento, una mayor capacidad de innovación (I+D+i), y por tanto una mayor acumulación de capital en la economía, que conllevará a un incremento de la productividad y de los salarios reales. La negativa a hacer esto de manera generalizada (y la intención de la inmensa mayoría de partidos de aumentar en gran medida la presión fiscal sobre las empresas) supone precisamente un freno y un palo en la rueda de la iniciativa emprendedora.


Además, y como bien comentaba Gonzalo Melián al respecto de esta noticia, "lo más triste es que venden la palabra ayuda como si estuvieran dándote algo, cuando lo que están haciéndote es quitarte menos de lo que has ganado honradamente cooperando con la sociedad".

Esto es básico entenderlo, y más cuando estamos hablando de buscar mayores inversiones, investigación e innovación. Y para ello es fundamental el beneficio (eso tan odiado e incomprendido). Y cuanto mayores sean los impuestos y más perseguido el beneficio empresarial, mayores serán las trabas al progreso y el bienestar y las dificultades económicas.

Parafraseando a Mises, "la virtud del sistema de beneficio es que proporciona a las mejoras una recompensa suficientemente alta que sirve como incentivo para asumir grandes riesgos. Si la recompensa se suprime o disminuye seriamente, no puede haber progreso.
Las grandes empresas invierten en investigación grandes cantidades porque esperan sacar provecho de los nuevos métodos de producción (...). No se le puede pedir que sin estímulo de lucro se lance a todas las mejoras que habría emprendido si hubiera tenido una perspectiva de enriquecimiento."

Además, el gran problema de la política que quieren llevar a cabo en otra seria grande de medidas, es que supone una mayor planificación de la economía, y esto trae perniciosas consecuencias, como por ejemplo:

-Una errónea asignación de recursos que evita dedicarlos allá donde el mercado (conjunto de consumidores) los exige. Y un error del burócrata supone graves consecuencias para el conjunto de la sociedad que son los que pagan sus errores (como bien demostrara Hayek o el propio Mises, con el error del cálculo del socialismo o la planificación centralizada). Así pues hemos podido asistir a estos graves errores en temas infraestructuras absurdas, inútiles, innecesarias y carísimas (ya no solo en su coste de inversión/gasto, sino en el de mantenimiento), que ha provocado el empobrecimiento de muchos ciudadanos y sectores, mediante el incremento de la deuda incosteable y de los impuestos, con un enorme coste de oportunidad.

Y es que como bien comentara Ludwig von Mises, el cálculo económico hace posible que las empresas ajusten su producción a las demandas de los consumidores. Por otra parte, cualquier variedad de socialismo, la oficina central que dirige la producción se encuentra en la más completa incapacidad para establecer un cálculo económico. La imposibilidad del cálculo impide obtener respuesta a la cuestión de si los proyectos planificados o realizados son los más adecuados para satisfacer las necesidades más urgentes.

Y Mises da en el clavo en este sentido en su obra Burocracia (1944, pero como si se hubiera escrito ayer), cuando afirma que "los burócratas ven en el fracaso de sus medidas precedentes una prueba de que son necesarias ulteriores intromisiones en el sistema de mercado".

-Un alto incentivo a la corrupción, pues el burócrata decide arbitrariamente a quién beneficia y a quién dota de recursos, favoreciendo el amiguismo y el clientelismo, así como la colocación de allegados.

-A su vez, esto lleva con gran probabilidad a una menor generación de ideas por parte del mercado, en favor de la búsqueda de rentas, al ansiar las empresas dicho soporte público garantizado.

-Un situación de enorme injusticia, pues el burócrata de turno, y no el mercado, (y por tanto el consumidor en función de quién satisface mejor sus necesidades) decide a quién beneficia y destina recursos (favoreciendo a unos pocos el acceso privilegiado al crédito y préstamos subvencionados) , y a quién no lo hace, por lo que provoca discriminaciones, eliminando la igualdad de oportunidades y la competencia sana.

-Un incremento enorme de la burocratización, ineficiente y dispendiosa, y que lleva a otro efecto nocivo, pues a menudo, dichas empresa no acometen nuevas producciones o inversiones, a condición de que el Estado acuerde subsidios suficientes que permitan esperar la consecución de importantes beneficios.

Por otra parte, todo lo que implique facilidades al emprendimiento, reducción de costes y trabas burocráticas, bajada de impuestos...será positivo y favorable, pero a todo el mundo.


Artículo de El Economista:

El Gobierno ya tiene lista la "Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España", un plan de acción a corto plazo para mejorar la actividad del país y contribuir a un aumento de su peso en el PIB y a la creación de empleo.

Para lograrlo, se ha elaborado un documento con diez líneas de actuación y un paquete de 96 medidas concretas de las que el Consejo de Ministros ha priorizado 34, tal y como consta en el documento al que tuvo acceso elEconomista.

El Ejecutivo apuesta por la aportación de incentivos fiscales para potenciar el crecimiento, así como por el apoyo a la I+D+i, la mejora del acceso a la financiación de las pymes, la creación de empresas de alto valor añadido, la lucha contra la morosidad y una mayor implicación de la diplomacia española en labores comerciales, al estilo de otras administraciones como la estadounidense, la alemana o la francesa.

La 'Agenda industrial' delimita claramente el trabajo de cada departamento y fija un plan de revisión sobre sus avances anuales además de ser plenamente compatible con el Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia aprobado el 6 de junio.

Captar inversiones

Tras varios años de recortes, el Gobierno vuelve a poner en marcha incentivos fiscales para las empresas. Según figura en la Agenda, el Ejecutivo prevé otorgar apoyo financiero a la creación, traslado y ampliación de plantas industriales, así como a la financiación público-privada para las pymes en los sectores estratégicos.

Para lograrlo, el departamento que dirige José Manuel Soria, que ha seguido muy de cerca su elaboración, pretende redefinir los criterios de concesión de las ayudas priorizando el peso de la I+D+i y estableciendo uno niveles mínimos de inversión en bienes de equipo.

Se promoverá la participación en programas comunitarios como son el H2020 y los fondos Feder y se mantendrá el apoyo a programas de innovación en las empresas farmaceúticas, como Profarma, o de mejora de la competitividad con planes como el PIVE, para renovar el parque de automóviles, o el PIMA, para modernizar la maquinaría agrícola.

El Gobierno pretende también promover las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI), lo que supone que empresas de distinto tamaño puedan colaborar para acelerar la introducción de nuevos productos en el mercado.

Para dar pasos adelante se escuchará una de las mayores reclamaciones de las empresas en los últimos años, mejorar la fiscalidad de las actividades de I+D+i y de los procedimientos de gestión. Además de buscar activamente sinergias entre los fondos públicos de financiación y los estructurales para poder identificar las áreas de colaboración en materia de política industrial.

Pese a las críticas de años anteriores por los ajustes, se vuelve a potenciar la inversión en alta tecnología en un sector de amplio retorno como es el espacio a través de la aportación de España a la Agencia Espacial Europea.

El Gobierno quiere iniciar a la vez un nuevo ciclo inversor en I+D militar que esté adaptado a las capacidades industriales de la defensa y que refuerce su uso dual, es decir, con mayor orientación al mercado y potenciará el sector naval mediantes instrumentos fiscales (tax lease) y otras medidas que no concreta. La Administración general de estado está impulsando mecanismos de compra pública innovadora (véase el reciente contrato de la electricidad por cerca de 1.000 millones) con la intención de controlar sus gastos.

Acceso a la financiación

Otro de los principales puntos del plan industrial del Gobierno es mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas y luchar contra la morosidad.

La restricción del crédito durante la crisis y la elevada dependencia de las empresas de la financiación convencional agravaron la situación. Para llevarlo a buen puerto, el ICO ha aprobado un fondo de 1.200 millones de euros destinado a la inversión público-privada en capital riesgo con la intención de movilizar más de 3.000 millones de financiación en los próximos cuatro años. Para ello se promoverá también una armonización de la normativa de capital riesgo y se desarrollará normativa que permita los nuevos mecanismos de financiación no bancaria como el crowdfunding.

El Gobierno quiere impulsar el desarrollo de los mercados alternativos, entre los que sigue incluyendo el MAB, pese a casos como el de Gowex que han levantado dudas sobre su eficiencia, así como el mercado de renta fija (MARF) o AIAF y dará un impulso a la revisión del régimen de Gobierno corporativo y la reforma del sistema de garantías mobiliarias.

Lucha contra la morosidad

En lo que respecta a la morosidad -uno de los mayores problemas que sufren las empresas-, el Ejecutivo de Mariano Rajoy está dispuesto a implicar a los departamentos de Hacienda, Economía e Industria para lograr una plena eficacia de la normativa existente, es decir, reducir notablemente los plazos de pago e incluso se quiere avanzar en el control de los plazos de pago estableciendo, en su caso, la obligación de auditar los plazos con medidas que prioricen las empresas no morosas.

Hacienda además estudiará la posibilidad de establecer mecanismos de compensación de deudas con las administraciones públicas y prevé mejorar el régimen fiscal específico para el inversor profesional y gravar las acciones para el emprendiemiento para pyme en el momento de su transmisión tributando por ganancias del capital, lo que supondría favorecer la atracción del talento, especialmente para sectores de alta tecnología. Según la Agenda del Gobierno se pretende reforzar las exportaciones españolas en mercados de alto potencial fuera de la UE.

El Gobierno prepara también un listado de países y sectores prioritarios analizando el nivel de importaciones y su crecimiento esperado y reforzar las medidas de apoyo económica adaptando las bases de los programas de ayuda del Icex y del Ministerio de Industria.

Industria asignará partidas presupuestarias por país de destino y reforzará las medidas de asesoramiento creando servicios específicos como una ventanilla única y reduciendo los plazos de los trámites administrativos.

Países estratégicos

El Gobierno pretende intensificar las relaciones diplomáticas y asegurar la coordinación de las embajadas y consulados con el Icex apoyando a las empresas en la repatriación de beneficios, facilitar la obtención de permisos de trabajo y establecer desgravaciones en el impuesto de sociedades para inversiones en el extranjero. Otra de las opciones que maneja es reforzar el apoyo a las empresas proveedoras de las grandes compañías aumentando los fondos del Icex.

Impulsar la comercialización de productos industriales facilitando la obtención de referencias mediante la contratación pública y reforzar el posicionamiento de España como sede de multinacionales priorizando la retención de actividades de gran valor añadido con medidas de carácter fiscal y creando un programa de soporte para las gestiones administrativas.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy también pone en su agenda el apoyo a las empresas para la obtención de avales para proyectos internacionales estableciendo mecanismos que refuercen su validez o con un prgrama de garantías del Instituto de Crédito Oficiala favor de organismos internacionales.

El Gobierno contempla en el casi centenar de medizas además apoyar el Made in Spain al igual que hacen ya otros países de Europa. Para ello, se quiere crear en el Ministerio de Industria un sistema de certificación y etiquetaje que controlará un organismo dentro de este departamento.

A lo largo de los últimos meses, el Ejecutivo ha celebrado cuatro foros de discusión con la participación de distintas organizaciones empresariales, sindicales, entidades y organismos públicos y privados para definir estas líneas básicas de actuación que supondrán la aportación de todos los departamentos y ha trabajado en colaboración con Boston Consulting Group, para definir las medidas concretas.