Este artículo refleja las consecuencias de las malas políticas aplicadas derivadas de la injerencia estatal.
Como bien mostraba Hayek en su obra "Los fundamentos de la libertad", estas políticas "quebrantan el respeto a la propiedad", "debilitan el sentido de responsabilidad de la gente", conllevan el "progresivo empeoramiento de los edificios dedicados a la vivienda", "provocan escasez crónica de viviendas" (de alquiler), "reduce el ritmo de cambios de residencia (...) que dejan de coincidir con sus apetencias y necesidades", "el propietario pierde todo interés por conservar en buen estado los edificios, no invirtiendo ni un céntimo más de aquella porción que los inquilinos se hallan obligados a abonarle con específico destino a tal finalidad", "numerosos individuos se hallan sometidos, en su quehacer diario, a las decisiones arbitrarias de la autoridad", "consideran normal que alguien les facilite gratuitamente el capital indispensable para construir su propia morada y que su bienestar económico dependa de los favores que otorga el partido dueño del poder, que a su vez utiliza las facultades omnímodas de que dispone en materia de viviendas para beneficiar precisamente a sus correligionarios".
Hayek hacía ver el error de que "si los individuos protegidos gozaran de mayores ventajas que los situados inmediatamente sobre ellos en cuanto a medios económicos, la presión que realizarían para obtener análogo beneficio sería tan irresistible que desencadenaría un proceso constantemente renovado y que progresivamente incrementaría el número de solicitantes", lo que traerá como consecuencia al generalizarse "una grave amenaza a la libertad, y obligará a la gente a destinar al capítulo de la vivienda más de lo que en realidad desea".
Esto conlleva más problemas añadidos, pues "dificulta seriamente mejorar los locales destinados a viviendas, ya que paralizan las fuerzas que provocan la gradual rebaja de los costes de edificación" (fruto de suprimir el orden competitivo y promover la tendencia al inmovilismo).
Es por esto que debe tratarse con sumo cuidado, pues a costa de beneficiar a unos pocos, puede perjudicar al conjunto en general, "sometiendo a estos pocos a tan alto grado de dependencia de los poderes públicos, que se plantea un grave problema político si los beneficiados llegan a ser la mayoría de las poblaciones".
Y es que supone un incentivo al acto violento, un premio a quienes actúan de espaldas a la ley y amenazan a aquellos que viven en una sociedad de convivencia, a los que además, les obligan a pagarles sus caprichos y exigencias mientras odian, amenazan e insultan al sistema que les da cobijo, sin ofrecer nada a cambio, rehusando a todo tipo de obligaciones de cooperación con el resto de la sociedad, provocando a su vez un incremento de los costes (impuestos y deuda) que hacen caer a cada vez más gente en un circulo de dificultades económicas y mayor dependencia del político.
Artículo de El Economista:
Como bien mostraba Hayek en su obra "Los fundamentos de la libertad", estas políticas "quebrantan el respeto a la propiedad", "debilitan el sentido de responsabilidad de la gente", conllevan el "progresivo empeoramiento de los edificios dedicados a la vivienda", "provocan escasez crónica de viviendas" (de alquiler), "reduce el ritmo de cambios de residencia (...) que dejan de coincidir con sus apetencias y necesidades", "el propietario pierde todo interés por conservar en buen estado los edificios, no invirtiendo ni un céntimo más de aquella porción que los inquilinos se hallan obligados a abonarle con específico destino a tal finalidad", "numerosos individuos se hallan sometidos, en su quehacer diario, a las decisiones arbitrarias de la autoridad", "consideran normal que alguien les facilite gratuitamente el capital indispensable para construir su propia morada y que su bienestar económico dependa de los favores que otorga el partido dueño del poder, que a su vez utiliza las facultades omnímodas de que dispone en materia de viviendas para beneficiar precisamente a sus correligionarios".
Hayek hacía ver el error de que "si los individuos protegidos gozaran de mayores ventajas que los situados inmediatamente sobre ellos en cuanto a medios económicos, la presión que realizarían para obtener análogo beneficio sería tan irresistible que desencadenaría un proceso constantemente renovado y que progresivamente incrementaría el número de solicitantes", lo que traerá como consecuencia al generalizarse "una grave amenaza a la libertad, y obligará a la gente a destinar al capítulo de la vivienda más de lo que en realidad desea".
Esto conlleva más problemas añadidos, pues "dificulta seriamente mejorar los locales destinados a viviendas, ya que paralizan las fuerzas que provocan la gradual rebaja de los costes de edificación" (fruto de suprimir el orden competitivo y promover la tendencia al inmovilismo).
Es por esto que debe tratarse con sumo cuidado, pues a costa de beneficiar a unos pocos, puede perjudicar al conjunto en general, "sometiendo a estos pocos a tan alto grado de dependencia de los poderes públicos, que se plantea un grave problema político si los beneficiados llegan a ser la mayoría de las poblaciones".
Y es que supone un incentivo al acto violento, un premio a quienes actúan de espaldas a la ley y amenazan a aquellos que viven en una sociedad de convivencia, a los que además, les obligan a pagarles sus caprichos y exigencias mientras odian, amenazan e insultan al sistema que les da cobijo, sin ofrecer nada a cambio, rehusando a todo tipo de obligaciones de cooperación con el resto de la sociedad, provocando a su vez un incremento de los costes (impuestos y deuda) que hacen caer a cada vez más gente en un circulo de dificultades económicas y mayor dependencia del político.
Artículo de El Economista:
Según el Partido Popular de Andalucía, la Junta presidida por Susana Díaz gastará 400.000 euros en amueblar el edificio en el que finalmente se alojarán a los 'okupas' de la Corrala Utopía. El inmueble de San Benardo, próximo a la Avenida de Málaga, fue diseñado en principio para el alquiler de jóvenes con necesidades y personas mayores de 65 años. La decisión -matiza el PP- ha partido de nuevo de la consejera de Fomento, Elena Cortés (IU), la misma persona que provocó la primera crisis del Gobierno de coalición firmado entre Díaz y Diego Valderas.
A los 14 millones de euros que ha costado el complejo -sito en la sevillana calle de Juan de Mata Carrizo, a la espalda del Prado de San Sebastián- habrá que sumar finalmente 400.000 euros que serán empleados para amueblar este edificio peculiar en su diseño arquitectónico, y que reúne cerca de 140 viviendas, cada una de ellas de características diferentes en función del número de moradores, recoge este martes el diario ABC en su edición en Andalucía.
"Con luz y taquígrafos"
Este lunes, Alicia Martínez, parlamentaria del PP por Sevilla, se reunía ante dicho inmueble -junto a Javier Portero y Maximiliano Vílchez, presidente de NNGG y delegado de Urbanismo de Sevilla- para reclamar a la Junta que inicie el expediente de adjudicación de estas viviendas, y que lo haga "con luz y taquígrafos" ante el temor de que finalmente no sean adjudicadas a los destinatarios iniciales: jóvenes con necesidades y personas mayores.
Martínez insiste en que de momento se desconoce por qué "no se ha abierto la convocatoria de ajudicación de hogares", al tiempo que sí sale a la luz "el contrato para amueblar los apartamentos por valor de casi 400.000 euros".
La Corrala Utopía
En abril de 2014 se producía el desalojo de los 'okupas' residentes en la Corrala Utopia, una construcción adquirida por Ibercaja abandonada desde hacía dos años. Entonces, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, de Izquierda Unida, se mostró a favor del realojo de estas personas, lo que provocó una crisis de Gobierno que a punto estuvo con poner punto final a la coalición que presidía la Junta, formada por el Partido Socialista e Izquierda Unida.
Desde un comienzo, Díaz se mostró radicalmente en contra de la decisión de Cortés. En ese momento, Susana Díaz retiró provisionalmente las funciones de Vivienda a Cortés.
Meses más tarde, y con Cortés de nuevo en su cargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía determinó que la actuación de la dirigente de Izquierda Unida fue "justa e impecable en términos legales". La denuncia presentada por Manos Limpias fue archivada, al entender la justicia que la consejera tomó esa determinación para "atender una situación de emergencia".
No hay comentarios:
Publicar un comentario