Los políticos, por supuesto dirán misa, y tratarán de engañar al ciudadano (lo que supone graves consecuencias para su futuro) con la intención de ganar votos, parecer que se preocupan por el ciudadano (y el de enfrente no) y en el colmo de la irresponsabilidad y la inmoralidad, tratarán de comprar votos dando más a corto plazo y haciendo más insostenible (y grave la consecuencia, que serán más recortes, menos salarios, más impuestos, menos riqueza, más dependencia, y menos dinero para suplir otros servicios) el sistema a medio y largo plazo.
Pero lejos de exigir responsabilidad, reformas que permitan la viabilidad y la misma justicia intergeneracional, se aplauden con las orejas la mentira, la demagogia y la absoluta irresponsabilidad política mediante la instrumentalización de las mismas pensiones (lo que no es otra cosa que jugar con las personas y su futuro por el propio bienestar personal del político).
Artículo de Libre Mercado:
La sostenibilidad de las pensiones públicas en España está puesta en entredicho desde hace varios años, aunque los políticos insisten en mirar para otro lado. Ahora, ha sido el Tribunal de Cuentas el último organismo en advertir de la gravedad de la situación: la Seguridad Social está quebrada.
Así lo ha publicado el Tribunal de Cuentas en un informe remitido al Congreso de los Diputados, y al que ha tenido acceso El Mundo. El documento certifica que la Seguridad Social se encuentra ya en su conjunto con "patrimonio neto negativo" o, dicho de otra forma, en quiebra técnica.
Y es que, desde el año 2010 la Seguridad Social registra 100.000 millones de pérdidas acumuladas. Y eso es sólo hasta 2017, último periodo de análisis, por lo que nada hace presagiar que en 2018 la situación se haya revertido. "Tales resultados derivan de las operaciones de la gestión ordinaria de estas entidades, porque los recursos de esta naturaleza (mayoritariamente cotizaciones sociales y, en menor medida, transferencias recibidas del Estado) resultaron insuficientes para la cobertura de los gastos del mismo origen (prestaciones contributivas, fundamentalmente pensiones, y prestaciones no contributivas), provocando desequilibrios financieros, presupuestarios y de tesorería", reza el texto.
El Tribunal de Cuentas urge a tomar medidas. "Resulta necesario promover y llevar a término las reformas que sean precisas para resolver, de forma estable, dicha situación", claman.
Aunque ninguna empresa privada podría continuar su actividad con esos alarmantes números, al tratarse de un sistema público y tener la garantía del Estado, no se exige su disolución. Esa es la defensa que hace el interventor general de la Seguridad Social, Manuel Rodríguez, ante esta situación. Rodríguez asegura que "conviene destacar que la trascendencia en el ámbito de la Seguridad Social de un patrimonio neto negativo no es comparable al ámbito de entidades privadas donde la garantía del Estado no se encuentra presente".
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