Diego Sánchez de la Cruz muestra los 7 errores de la izquierda que encarecen el mercado inmobiliario, mostrando su debilidad argumental, el desconocimiento de las causas reales del incremento de precios, y precisamente el apoyo o refuerzo que hacen de las causas que aumentan los precios inmobiliarios, pretendiendo dar soluciones erróneas (pues no van contra las causas reales del problema), aunque políticamente rentables.
Artículo de Libre Mercado:
El encarecimiento de la vivienda ha alentado una ofensiva de la izquierda política española contra los derechos de propiedad y la libertad de mercado. Sin embargo, un análisis pausado de la realidad sectorial revela la debilidad de buena parte del argumentario esgrimido por partidos como Podemos o asociaciones como la Plataforma Antidesahucios.
Quizá la tesis más recurrente de la izquierda es la que se vuelva en pedir medidas que aborden este tema por el lado de la demanda. En realidad, el problema que enfrenta España es de oferta. Antes de que se consolidase una burbuja en el sector, las nuevas promociones suponían el 35-45% del mercado de transacciones. Tras alcanzarse cotas del 59% en plena Era Zapatero, la crisis redujo este porcentaje hasta niveles inferiores al 10%.
Otro comentario recurrente en este tipo de debate es el reproche a los "grandes propietarios de vivienda", a quienes la izquierda culpa de la subida de los precios. Sin embargo, si consideramos qué porcentaje del mercado está en manos de fondos, SOCIMIS y similares, vemos que estamos ante un segmento muy minoritario, que apenas supone el 3% del total frente al 97% que amasan los particulares. La promotora con más activos en España gestiona alrededor de 20.000 activos, frente a los 450.000 de su homóloga teutona.
De hecho, aunque la izquierda carga las tintas contra las SOCIMIS, lo cierto es que el grueso de su cartera está en activos inmobiliarios de uso comercial, empresarial e industrial, no en viviendas de corte residencial.
En las diez SOCIMIS de mayor tamaño, solo cuatro tienen inversiones en vivienda residencial y ninguna de ellas dedica más del 10% de su cartera a dicho segmento del mercado.
Tampoco los pisos turísticos explican el encarecimiento de la vivienda, puesto que su cuota de mercado es demasiado reducida, más allá de ciertos barrios puntuales en las grandes ciudades.
De hecho, aunque este asunto ha generado mucha polémica en Madrid, la Villa y Corte es la segunda gran capital europea con menos vivienda de este tipo. En Barcelona tampoco se observan niveles mucho mayores: plataformas como Airbnb controlan solo el 4% del mercado.
Los impuestos son otro factor que influye decisivamente en la oferta de vivienda, pero la izquierda insiste una y otra vez en subirlos. No en vano, la izquierda ha acudido a las urnas en las últimas elecciones con propuestas que incluyen la subida de tributos como el IBI, la Plusvalía Municipal, las Transmisiones Patrimoniales o los Actos Jurídicos Documentados, a pesar de que nuestro país es el sexto de Europa que más recurre a este tipo de gravámenes a la hora de recaudar dinero.
Además de todo lo anterior, hay una sexta cuestión que no podemos ignorar: la falta de seguridad jurídica de los propietarios. En el Índice de Derechos de Propiedad, España aparece en un mediocre puesto 33. En el ranking que elabora el Foro Económico Mundial para medir esta misma cuestión, nuestro puesto es el 47. Y es que la continua aprobación de medidas regulatorias que restringen la libertad de los propietarios se suma a los ataques físicos contra la propiedad perpetrados por okupas para consolidar un cóctel explosivo de incertidumbre. Quizá la mejor demostración de esa indefensión es el auge de los seguros de impago, cuya contratación aumentó un 28% durante 2018 ante la falta de garantías que enfrentan los propietarios.
Por último, el séptimo problema que enfrenta el mercado de la vivienda es la falta de libertad a la hora de desarrollar proyectos inmobiliarios. Además de los tiempos de espera, que rondan los 18 meses en capitales como Madrid, están las numerosas restricciones codificadas en los planes urbanísticos, que limitan el suelo disponible y constriñen el tamaño de las promociones, reduciendo notablemente el número de viviendas que pueden desarrollarse. En este sentido, conviene recordar el informe que publicó la Comisión Nacional de la Competencia en 2013 y que ya anticipaba un encarecimiento de la vivienda como consecuencia de la falta de libertad del sector.
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