martes, 18 de junio de 2019

Portugal reducirá los impuestos a los propietarios que bajen el alquiler

Una muestra de Fake News (diario Público) y de manipulación interesada por parte de Podemos de una información falsa para tratar de justificar sus crecientes pretensiones de intromisión en el mercado de la vivienda a través del control del precio de los alquileres (que se ha demostrado SIEMPRE un gravísimo error de consecuencias más que contraproducentes aumentando la escasez de vivienda y disparando los precios y el mercado negro, degradando el parque de viviendas y dejando sin vivienda a miles de familias al reducir la oferta y la inversión y aumentar artificialmente la demanda.  

Articulo de Libre Mercado: 
Portugal no limitará el precio de los alquileres. Podemos se ha apresurado a aplaudir una medida que no existe. El partido de Pablo Iglesias afirmaba en su cuenta en Twitter que "para garantizar el derecho a la vivienda y frenar la especulación con los precios del alquiler hacen falta políticas valientes. El Gobierno progresista de Portugal marca el camino: urge limitar los precios abusivos del alquiler".

Para garantizar el derecho a la vivienda y frenar la especulación con los precios del alquiler, hacen falta políticas valientes. El Gobierno progresista de Portugal marca el camino: urge limitar los precios abusivos del alquiler. pic.twitter.com/LJhHlgoAQn

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Sin embargo, el plan del Gobierno luso no consiste en imponer a los propietarios un precio máximo, sino que, en lugar de conceder subvenciones a los inquilinos, ofrecerá sustanciales reducciones fiscales a los caseros que rebajen el alquiler, lo cual es muy distinto. Propietario e inquilinos se podrán adherir voluntariamente a este "Programa de Alquiler Accesible", que entrará en vigor el próximo 1 de julio.
El objetivo consiste en incentivar la oferta de alquiler barato, a precios más reducidos que los que ofrece el mercado, a cambio de incentivos tributarios. De este modo, aquellos propietarios que ofrezcan un precio un 20% por debajo del de referencia -en función del valor de mercado, la zona y las características del inmueble- podrán beneficiarse de un importante ahorro fiscal, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones en cuanto a precio máximo, duración mínima de los contratos (5 años), seguros y tasa de esfuerzo por parte de los inquilinos (35% del porcentaje de sus ingresos destinado al alquiler). Además, tan sólo se aplicará a los nuevos contratos.
Para ello, el Ejecutivo luso ha elaborado una tabla nacional para calcular los precios de referencia de los inmuebles sobre los que aplicar el citado descuento del 20% como mínimo y, de este modo, aprovecharse de las rebajas fiscales. Así, los alquileres que se acojan a este programa no podrán superar los 675 euros al mes en buena parte del país. En concreto, el plan establece que en la mayoría de los localidades lusas, con las rentas más bajas, el precio de un estudio no pueda superar los 250 euros, mientras que los pisos de dos habitaciones no podrán pasar de 450 y las de cinco hasta 675 euros de máximo.
Por el contrario, en el caso de la capital, Lisboa, los propietarios no podrán cobrar más de 600 euros por un estudio ni más de 1.700 por un piso de 5 habitaciones, siempre a cambio de esos incentivos fiscales. En los inmuebles que tengan seis o más habitaciones -casos relativamente frecuentes en la capital portuguesa-, a esos 1.700 euros se les podrá sumar hasta otros 150 adicionales por cada cuarto de más.
En el escalón anterior a Lisboa se encuentran las localidades de Cascais, Oeiras -vecinas-, y Oporto, la segunda ciudad del país, donde los precios máximos serán de 525 euros para las viviendas de un único ambiente, 775 en las de una habitación, 1.000 en las de dos, 1.200 en las de tres, 1.350 en las de cuatro y 1.500 en las de cinco.
Asimismo, los requisitos para los inquilinos de esta "renta accesible" es que no superen un determinado nivel de ingresos. Si el inquilino es una única persona, no podrá tener unos ingresos brutos anuales que superen los 35.000 euros, un límite que se sube a los 45.000 euros si el contrato lo firma una pareja, a los que puede sumar 5.000 euros por hijo. Es decir, una familia con dos hijos que quiera acceder al programa no podrá tener ingresos superiores a los 55.000 euros.

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