Por 12 millones de votos

Juan R. Rallo pone en evidencia una vez más la instrumentalización del BOE por parte del partido en el poder (en este caso, el PSOE) para obtener votos. Es decir, el empleo de los impuestos extraídos a la fuerza al contribuyente para comprar el voto de mayorías sociales (o conjunto de minorías que acaben siendo mayorías suficientes) y perpetuarse en el poder. 

Poniendo de manifiesto que su discurso sobre el empleo de los impuestos para ayudar a los pobres y menos favorecidos es falso y solo una justificación del robo impositivo para aumentar su poder político, pues la recaudación impositiva va a dicha compra de votos de lobbies no desfavorecidos. 

Artículo de El Confidencial: 

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. (EFE)

Las dos grandes promesas electorales contenidas en la actualización del Plan Presupuestario 2020 remitido por el Gobierno a Bruselas son, por un lado, revalorizar las pensiones un 0,9% y, por otro, incrementar el salario de los empleados públicos en un 2%. El impacto financiero de ambas medidas supera los 4.600 millones de euros (1.404 millones dirigidos a financiar el alza de las pensiones y 3.264 millones al incremento salarial de los empleados públicos): es decir, el Ejecutivo socialista pretende fundirse en estas dos partidas prácticamente todo lo que aspiraba a recaudar Sánchez con su megasubida impositiva contenida en el fallido anteproyecto de Presupuestos para 2019 y que, de configurar una mayoría parlamentaria suficiente, se materializaría en 2020. Pero ¿por qué destinar casi todo el margen de gasto adicional que podría proporcionar una subida impositiva de ese calibre a elevar los ingresos de dos colectivos como el de los pensionistas y empleados públicos?

Según lo que verbalizan sus tribunos ideológicos, el objetivo final de un partido socialdemócrata como el PSOE debería ser, a la muy rawlsiana manera, el de mejorar las condiciones de vida de aquellos grupos sociales menos favorecidos. Así es, en el fondo, como se justificaría la extracción fiscal con su consecuente finalidad redistributiva: quitar a los que más tienen para ayudar a los que menos tienen. Siendo así, ¿son realmente los empleados públicos y los pensionistas los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad?

En 2018, la tasa de riesgo de pobreza entre los jubilados fue del 15,1% y entre los empleados, del 16%. Por el contrario, la tasa de riesgo de pobreza entre los parados ascendió al 58,9% y entre los inactivos, al 37,6%. A su vez, tales colectivos no fueron internamente homogéneos: por ejemplo, la tasa de riesgo de pobreza de los asalariados con contrato indefinido fue del 7,3% y la de los temporales, del 21,3%; la de los trabajadores a jornada completa fue del 10,9% y la de los trabajadores a tiempo parcial, del 22,5%; la de los autónomos totalizó el 24,4%, y la de trabajadores con un título de enseñanza básica supuso el 21,7%, frente al 6% de los universitarios.

Claramente, pues, ni los empleados públicos ni los pensionistas son, en términos agregados, los colectivos más desfavorecidos: aquellos que, desde un planteamiento estrictamente socialdemócrata, debieran recibir una atención prioritaria; parados e inactivos deberían ser, en cambio, quienes concentraran el foco de atención estatal. A su vez, tampoco parece que una elevación homogénea e indiscriminada de sus ingresos —sin distinguir entre pensionistas que cobran la pensión mínima y la máxima; o entre empleados públicos con contrato temporal y con contrato indefinido, a tiempo parcial y a tiempo completo, con baja cualificación y con alta cualificación— sea la medida más razonable para minimizar la incidencia de la pobreza y, por tanto, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos menos pudientes.

Así las cosas, regresamos a la casilla de salida. ¿Por qué el PSOE quiere concentrar la subida del gasto en pensionistas y empleados públicos? Pues por una sencilla razón: estos dos colectivos concentran 12 millones de votos (a fecha de hoy, el número de pensionistas asciende a 8,86 millones y la cifra de empleados públicos, a 3,2 millones). Sobre un censo de 26,5 millones de votantes, estamos hablando de más del 45% del total.

En suma, estamos ante un intento desvergonzado de comprar el apoyo de la mitad de los electores con el dinero del contribuyente: el mismo intento desvergonzado, por cierto, que ya perpetró en su momento Mariano Rajoy en los últimos Presupuestos Generales del Estado, algo que pone de manifiesto que, lleven el collar socialdemócrata o lleven el collar democristiano, todos los políticos con acceso al BOE se comportan de idéntico modo; a saber, instrumentando las instituciones estatales para perpetuarse en el poder. La redistribución de la renta no es de ricos a pobres, sino de grupos organizados a grupos desorganizados.