Diego Sánchez de la Cruz muestra otro claro ejemplo de lo que propugnaba Errejón hace meses sobre la creación de redes clientelares con el dinero de los ciudadanos para vivir de la Administración y colocar a sus miembros y afines una vez dejaran el poder, ampliando así sus bases clientelares y de confrontación para hacerse más fácilmente con el poder nuevamente.
Artículo de Libre Mercado:
Manuela Carmena | EFE
El pasado mes de junio, Manuela Carmena reconocía ante los medios de comunicación que el resultado obtenido por Más Madrid en las elecciones municipales era incompatible con su permanencia en la alcaldía de la capital. Sin embargo, su equipo siguió maniobrando para impulsar distintos proyectos de gasto antes de abandonar el Palacio de Cibeles.
No hay que olvidar que este patrón se había observado ya antes de las elecciones, puesto que las auditorías de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal constataron un incumplimiento de la Regla de Gasto valorado en 335 millones de euros durante el primer trimestre de 2019. No solo eso: a las puertas de las elecciones, Carmena aprobó también una serie de compromisos de gasto valorados en 240 millones y centrados en seguir aumentando el personal dependiente del consistorio. En suma, un desfase de 575 millones de euros que permitió a la ex alcaldesa llegar dopada a las elecciones.
En junio, el objetivo del equipo de gobierno saliente era agilizar la "formalización de los procedimientos de adquisición de acciones de capital social o entidades de capital riesgo de impacto social". En base a esta iniciativa, cinco empresas se iban a repartir 30 millones de euros de dinero público destinados a financiar proyectos afines al anterior gobierno.
En esta línea, el concejal de Más Madrid, Luis Cueto, reconoció en la última Comisión de Economía del Ayuntamiento que la idea del gobierno de Manuela Carmena era "conseguir que hubiera un montón de proyectos de impacto ecológico, medioambiental y social en la ciudad de Madrid". El sobrino de Carmena ha dicho sentirse "alarmado" porque, "según información que nos han dado estas empresas, no se han formalizado dichos proyectos y al final no se van a ejecutar. (…) Va a ser un desastre".
Sin embargo, desde el nuevo gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos tienen claro que este fondo, dotado con 30 millones de euros, plantea numerosos puntos débiles que deben ser evaluados. Por lo tanto, el equipo de José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís ha puesto freno a las adjudicaciones que tenía previsto el gabinete de Carmena.
"Puntos débiles"
José Luis Moreno, director general de Economía del consistorio a las órdenes del delegado de área, Miguel Ángel Redondo, tomó la palabra en la comisión del ramo para subrayar que
Entre las carencias que detecta Moreno hay dos especialmente preocupantes: "primero, no exigen la presentación de datos financieros históricos ni de un historial de la experiencia previa de la gestión de los fondos. De hecho, ni siquiera se exigía que los fondos estuvieran constituidos y, de hecho, cuatro de los seis fondos que se presentaron ni siquiera estaban constituidos, lo que hace imposible la evaluación de su desempeño anterior, tanto en experiencia como en resultados financieros previos. Segundo, en los criterios de selección y adjudicación de puntos no se da la visibilidad a la política de control de riesgos, seguida por parte de los receptores de esos 30 millones de fondos municipales, ni se establece un análisis cierto de la política de inversiones de cada fondo".
Las dudas de Moreno sobre el fondo en cuestión son muchas y muy variadas. "El proceso, tal y como está diseñado por los pliegos, es muy complejo de fiscalizar. Tenemos dudas fundadas sobre la solvencia real de algunas entidades participantes. Hay también dudas sobre la validez jurídica de los propios contratos privados que se deberían suscribir con los adjudicatarios. Y, una vez se impulsen los proyectos, los pliegos no contemplan mecanismos sólidos de control adicional, de modo que no se puede hacer un proceso de investigación, de diligencia debida (due diligence) que asegure que no se perjudican los intereses del adquirente. Además, a todo lo anterior hay que sumarle el impacto de esta medida en la Regla de Gasto, porque esto puede tener impacto en las cuentas municipales".
Por su parte, el responsable de Economía, Miguel Ángel Redondo, apostilló que le invitó a Más Madrid a aceptar la defunción del polémico proyecto.
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