José María Olmo muestra más sobre el escándalo de Marlaska haciendo referencia a otro antecedente de cese de otro alto cargo de la Guardia Civil por no filtrarle (pese a ser secreto) la la operación de los CDR en Cataluña.
Artículo de El Confidencial:
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), en presencia del ex director general de la Guardia Civil Félix Azón. (EFE)
El coronel Diego Pérez de los Cobos no es el primer alto cargo del Ministerio del Interior cesado por Fernando Grande-Marlaska por no informarle de "investigaciones y actuaciones" secretas de la Guardia Civil. El anterior director general del cuerpo, Félix Azón, fue relevado el pasado enero por ese mismo motivo. En su caso, el detonante que terminó provocando su salida fue la operación contra un grupo de miembros de los autodenominados comités de defensa de la república (CDR), según informan a El Confidencial fuentes conocedoras del episodio.
El operativo se produjo a primera hora del lunes 23 de septiembre de 2019. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encontraba entonces en funciones y a las puertas de una nueva convocatoria electoral. Ese día estaba en Nueva York para participar en la Cumbre del Clima. Durante una rueda de prensa, los periodistas preguntaron al jefe del Ejecutivo por las detenciones que se habían producido en Cataluña horas antes. La Guardia Civil había desarticulado un grupo compuesto por nueve radicales independentistas que presuntamente preparaba actos violentos con artefactos explosivos.
Sánchez reaccionó con sorpresa a las preguntas de los medios de comunicación. No sabía que los arrestados por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional habían sido descubiertos tramando supuestos ataques terroristas. El presidente del Gobierno tuvo que admitir que desconocía esos detalles. Tras la convocatoria de prensa, Sánchez telefoneó a Marlaska para reprocharle que no le hubiera anticipado la trascendencia de la operación.
Según las fuentes consultadas, el ministro sí conocía que en esa jornada iba a producirse una operación contra miembros de los CDR, pero no sabía que los servicios de información de la Guardia Civil los habían descubierto comprando sustancias químicas para fabricar artefactos y haciendo reconocimientos sobre el terreno para elegir potenciales objetivos. Los agentes los fotografiaron ultimando un presunto asalto al Parlamento de Cataluña para protestar contra la sentencia del 1-O.
La llamada desde Nueva York no gustó a Marlaska. Su enfado creció por el hecho de que nadie en el ministerio le hubiera advertido de la gravedad de la investigación. Instantes después de hablar con el presidente del Gobierno, Marlaska llamó al director de la Guardia Civil para recriminarle que no le hubiera proporcionado todos los datos sobre el operativo, a pesar de que la investigación dependía de un magistrado de la Audiencia Nacional y la causa se encontraba secreta.
Según fuentes próximas a esa conversación, el ministro del Interior reprochó a Azón que lo hubiera dejado en ridículo ante el presidente del Gobierno. Le acusó de "no enterarse" de lo que ocurría en la Guardia Civil y no controlar el cuerpo, y le exigió que hiciera todo lo que fuera necesario para conocer los pormenores del sumario de los CDR. En adelante, también debía informarle con suficiente antelación de todas las investigaciones en curso del instituto armado. Pero Azón rechazó la orden y no hizo nada para conseguir más información de la que podía conocer por los cauces legales.
Aquella conversación se convirtió en un punto y final. Marlaska barajó cesar ese mismo día a su director general, pero no pudo hacerlo porque ese movimiento habría puesto en riesgo el equilibrio interno del Gobierno. El nombramiento de Félix Azón había sido consensuado, como es habitual, con la ministra de Defensa, Margarita Robles. La Guardia Civil es un cuerpo de seguridad pública de naturaleza militar y, por ello, participan en la elección de su director general ambos ministerios. El momento también desaconsejó el relevo. El Gobierno se presentaba a una reválida en las cuartas elecciones en cuatro años y desconocía si iba a continuar.
Marlaska esperó un momento más propicio para el cese. El pasado enero, tras la cita con las urnas y constituido ya el Ejecutivo y renovado en su puesto al frente de Interior, Marlaska acometió el relevo. Azón fue destituido de la dirección general de la Guardia Civil solo 19 meses después de llegar a la casa. Su relación con el ministro era inexistente desde hacía semanas. La destitución se incluyó en una remodelación de la cúpula de Interior en la que también cayó la secretaria de Estado, Ana Botella. Ambos fueron sustituidos por personas de la confianza directa del ministro.
En el lugar de Botella, Marlaska colocó a su jefe de gabinete hasta el momento, antiguo magistrado letrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Pérez. Por su parte, Azón fue sustituido por María Gámez en una decisión que, rompiendo por primera vez con la regla no escrita sobre la jefatura de la Guardia Civil, no se consensuó con Defensa. Las fuentes consultadas indican que con esos dos nombramientos de personas de su círculo más íntimo se aseguró "un férreo control" sobre la evolución de los casos. "Acceso a todo", añaden.
Gámez, ahora en el ojo del huracán por el cese de Pérez de los Cobos y el documento en el que admite que lo destituyó por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial", fue elegida por Marlaska precisamente para conseguir lo que dejó escrito en esa nota 'reservada' que desveló El Confidencial este martes. El documento ha provocado una queja unánime de las asociaciones de jueces y fiscales, que lo consideran una intromisión del Gobierno en el poder judicial.
La oposición también ha arremetido contra el antiguo juez de la Audiencia Nacional por ofrecer casi una decena de versiones sobre la destitución del coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid desde que esta se produjo el domingo 24 de mayo por la noche. Marlaska se ha negado a dimitir y ha respaldado la labor de Gámez, que fue concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga (2011-2016), y del secretario de Estado de Seguridad, que fue el encargado de hacer efectiva la propuesta de cese de Pérez de los Cobos. No obstante, en sus últimas intervenciones, el ministro ha intentado desmarcarse del relevo argumentando que no intervino en la decisión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario