martes, 10 de julio de 2012

El ajuste que piden los "gurús". (Política, Economía. 778)

Estos son los ajustes que realizarían distintos expertos, medidas a realizar con la mayor celeridad posible para salvar la situación de España y la presión a la que está siendo sometida ante su déficit desbocado:


"El próximo miércoles, Mariano Rajoy tendrá que llevar al Parlamento una batería de reformas, medidas y ajustes de calado. Con la tensión en los mercados disparada y el bono flirteando con el techo del 7%, a España le quedan muy pocas balas.
Los expertos consultados por MERCADOS señalan el camino: recortar mucho más el gasto público, congelar las pensiones, bajar el sueldo a los funcionarios -o despedirlos-, adelantar la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años, eliminar la deducción por vivienda, tocar el subsidio del paro y diezmar el número de organismos públicos y universidades. Y hacerlo ya y de golpe, porque los anuncios por goteo sólo generan más incertidumbre.
JESÚS FERNÁNDEZ VILLAVERDE Universidad de Pensilvania
Antes que nada se necesita cambiar de discurso. Algo se ha hecho, pero hay que dejar claro el compromiso inquebrantable de España con el euro. Un plan coherente de consolidación fiscal y reformas. Limpiar los bancos. Devolver la independencia a las instituciones nacionales y a todos los organismos reguladores. Y una reorganización de la estructura del equipo económico para que el plan sea aplicado con mano firme, seria y a la vez sutil e inteligente.
¿Qué recortes deben aprobarse de forma inmediata? Bajada de sueldo del 5% a los funcionarios y eliminación de una paga extraordinaria por los próximos cinco años. Para los jubilados, eliminación de una paga extraordinaria por los próximos cinco años. Quitar la deducción de vivienda. Implantar el copago sanitario y meter mano en todas las subvenciones que se pueda. Cerrar organismos. Las televisiones autonómicas, las primeras. Cambiar el marco de RTVE y de las empresas publicas.
MANUEL LAGARES Catedrático de Hacienda Pública
Las subidas de impuestos en una economía en recesión sirven de poco o de nada. Otra cosa es que el Gobierno se vea obligado por las exigencias de sus socios comunitarios, pero entonces debería compensar esas subidas. Si hay que subir algo más que el IVA, hay que pensar en los que inciden sobre consumos no deseables, como el tabaco o el alcohol, pero esas subidas pueden fomentar el mercado negro.
De forma inmediata deben reducirse o suprimirse gastos suntuarios y duplicidades. Hay que racionalizar y reducir drásticamente la estructura del sector público suprimiendo servicios innecesarios y empresas públicas. Hay que reducir en un tercio, al menos, el número de empleados públicos, estableciendo niveles mínimos de eficiencia y despidiendo o jubilando a los que no los alcancen reiteradamente. Reducir sueldos públicos debe ser la última medida para evitar que queden sólo los empleados que no encuentren salida en el sector privado, aunque si Bruselas aprieta, no quedará otro remedio que aplicar alguna reducción, que debería ser puramente temporal.
En pensiones debería acelerarse la puesta en vigor de la jubilación a los 67 años e, incluso, ligar la edad de jubilación a la evolución de la esperanza de vida; y las pensiones, a las cotizaciones efectuadas durante toda la vida activa. En Sanidad queda una ingente tarea de racionalización y de mejora en la eficiencia de los servicios. Pero lo más importante, urgente y difícil es racionalizar la distribución de servicios públicos entre Estado, CCAA y corporaciones.
SANTIAGO CARBÓ Bangor Business School (Reino Unido)
Adoptar nuevas medidas es necesario porque la ejecución presupuestaria marcha por una senda que puede conducir a una desviación del objetivo de déficit demasiado amplia. Esto requerirá incrementar los ingresos por la vía de aumentar los impuestos y entre ellos, el IVA tiene todas las papeletas. Es una de las vías por las que más se podrá recaudar y, comparado con otros países parece existir cierto margen. Otro de los elementos es una profunda reforma de las administraciones, para su racionalización y simplificación. Pero resulta difícil esperarlo. Es posible que sean precisas nuevas reducciones de sueldos a los funcionarios, y sería bueno ajustarlos, y los horarios, según productividad. Un sistema de incentivos que requiere valentía para superar un igualitarismo sin sentido.
En servicios esenciales como la Sanidad o la Educación se puede exprimir más la eficiencia sin tener que recurrir a recortes. Prejubilar no es eficiente, y además, es caro y puede fomentar un mayor desequilibrio intergeneracional. Se debería revisar el papel de las empresas públicas y no siempre por estrictos criterios de rentabilidad. Pero sí que hay margen para reestructurar y cerrar algunas. Debe, además, revisarse cuántas universidades precisamos y cuántas televisiones y radios públicas.
MANUEL CONTHE Ex presidente de la CNMV
El Gobierno debe adoptar, como mínimo, las medidas que el 30 de mayo la Comisión Europea recomendó a España y el Ecofin apoyó, con matizaciones, poco después. Las más concretas serían: un aumento del tipo medio del IVA, mediante una subida del tipo ordinario y con una limitación de los supuestos en que se aplican los tipos reducidos (8%) y superreducidos (4%). Además, un adelantamiento del calendario de entrada en vigor del alargamiento a 67 años de la edad de jubilación, y la supresión de la deducción fiscal en el IRPF por compra de vivienda.
A esas medidas debieran añadirse cuantas puedan contribuir al equilibrio estructural de las cuentas públicas, aunque sean impopulares. Entre ellas habría que pensar en una revisión de las prestaciones por desempleo (reducción de su cuantía y carácter más condicional); recortes de sueldos públicos (mediante supresión de complementos y pagas extraordinarias); supresión de programas de gasto público e instituciones de escasa utilidad (las televisiones públicas autonómicas serían candidatas obvias), y creación o elevación selectiva de algunos impuestos.
La estrategia debiera ser, siguiendo el consejo de Maquiavelo, acumular todos esos «actos de severidad» para después abordar aquellas medidas favorables que puedan estimular la economía (mejora de la financiación de las pymes, reducción de las cotizaciones sociales...). Las medidas de ajuste no tendrán un efecto coyuntural favorable pero demostrarán una voluntad de corregir los graves desequilibrios que ha acumulado la economía española y facilitarán que el BCE y los socios del euro nos presten el apoyo financiero sin el cual será difícil que superemos la grave crisis financiera que padecemos.
JUERGEN DONGES Universidad de Colonia
España tendrá que subir impuestos. Para empezar, el IVA, incluido el tipo normal en al menos dos puntos, y reducir al máximo los casos del superreducido. Además, es muy urgente especificar el calendario de la ejecución de ajustes y reformas durante los próximos dos años. Con anuncios puntuales de viernes a viernes el Gobierno siembra más dudas que confianza en los mercados. Por otra parte, se tendrá que reducir el empleo público superfluo, que es mucho. Sobre todo en las comunidades autónomas y en los municipios. El despido y no la prejubilación es la forma más compatible con el objetivo de consolidación fiscal.
MÓNICA DE ORIOL Presidente del Círculo de Empresarios
Antes que subir el IRPF se tendría que haber optado por recortar más el gasto público. El alza del IVA, si se hace, debe ir ligada a una rebaja de las cotizaciones sociales. Que cada punto que suba se refleje en una bajada equivalente de las cotizaciones. Por otra parte, luchar contra el fraude debe ser prioritario.
¿Qué recortes deben aprobarse? Todos los que supongan adecuar el tamaño de la Administración a lo que podamos pagar, asegurando la sostenibilidad de los servicios públicos. Y más que de recortes preferiríamos hablar de ajustes y de mejora de la eficiencia. En Sanidad, Educación o pensiones hay muchos ajustes de gestión por hacer que permitirían reducir el gasto público.
En cuanto a los funcionarios, lo que hay que hacer es reducir la masa salarial. Hay, por otra parte, 800.000 contratados sin oposición: en este ámbito se podrían hacer muchos ajustes. Los gestores públicos deben primar en este sentido la utilidad y el esfuerzo. No se ajusta contra nadie, sino en beneficio de todos.
Además, en las actuales circunstancias las pensiones deberían congelarse. Y en cuanto al subsidio de desempleo, que se encuentra entre los más generosos de Europa, debería retirarse a quien no acepte una oferta de empleo razonable. Es evidente que sobran organismos públicos y que existe un amplio margen de ajustes. También en universidades y televisiones. No vamos a señalar a nadie en concreto, ésa es tarea del Gobierno, pero que hay que cerrar muchas cosas es más que obvio.
GUILLEM LÓPEZ CASASNOVAS Universidad Pompeu Fabra
El Gobierno tendrá que subir los impuestos especiales y los indirectos (ivas reducidos). Son medidas regresivas, pero menos que algunos recortes potenciales golosos para políticos insensibles a los colectivos sociales más frágiles. ¿Qué recortes deben aprobarse? No me entusiasma, pero el sueldo de los funcionarios. Y las pensiones, pero sólo las elevadas. El no agotar el periodo de subsidio, aceptando un trabajo, debiera de premiarse. Y el no esperar a un ERE y a la indemnización para moverse de trabajo, también.
En cuanto a organismos, le toca al Estado adelgazar. La Administración y los organismos oficiales continúan indemnes, anclados en un pasado que ya no existe. A ello se añade el caso de algunas CCAA que ni quieren, ni pueden, ni saben. Y es necesaria una reforma municipal drástica. Por otro lado, hay que legitimar fiscalmente las medidas con un impuesto sobre patrimonios elevados y reintroducir el de Sucesiones. Y ni amnistías fiscales ni indultos.
JUAN RAMÓN RALLO Instituto Juan de Mariana
España necesita regresar a un tamaño de Estado sostenible, previo a la hipertrofia de la época de la burbuja. Para ello todas las partidas deberán verse afectadas; también las que hasta ahora se consideran nucleares del Estado de Bienestar. Si entre 2001 y 2011 las pensiones contributivas se hubieran limitado a conservar el poder adquisitivo según la inflación, hoy el gasto anual en las mismas sería 21.000 millones de euros menos.
El seguro de desempleo debería reducirse a la mitad: lo que implica un ahorro de 15.000-20.000 millones anuales. Si mantuviéramos el ratio de empleados públicos de 2001 (uno cada 16 habitantes) y nos hubiésemos limitado a incrementar su coste según la inflación, el ahorro anual sería de 20.000 millones. Tal ratio implica despedir a 400.000 empleados públicos, y quizá más.
Hay que eliminar íntegramente subvenciones a la economía, al transporte, a los deportes y a la cultura. Podrían ahorrarse otros 20.000 millones de euros que sólo generan incentivos perversos. En total, hablamos de 80.000 millones de euros, cuantía que acreditaría nuestra capacidad para repagar toda nuestra deuda y -con otros recortes- permitiría revertir las subidas de impuestos e incluso mejorar la tributación sobre el ahorro y los beneficios empresariales, todo ello necesario para volver a generar riqueza y reestructurar la economía rápidamente.
JOSÉ L. MARTÍNEZ CAMPUZANO Citi
Hay que dar un vuelco a la tributación, con mayor peso de la imposición indirecta y menor de la directa. Subida del IVA, pero con recortes del IRPF y especialmente del Impuesto de Sociedades. Necesitamos que nuestras empresas mejoren cuota de mercado externo al mismo tiempo que mejoran las perspectivas de empleo. Y hay más margen para subir los impuestos especiales.
Me inclino por un retoque de todas las partidas, dejando al margen la inversión y el pago de intereses. Es relevante racionalizar el tamaño de las administraciones. Y se deben tomar decisiones excepcionales, pero también temporales, con respecto a los salarios de funcionarios. Esto debe ser compatible con un ajuste estricto del empleo público a corto y medio plazo. Y es importante retomar el ajuste en las pensiones, tanto por el menor crecimiento y empleo como por los problemas demográficos.
No nos podemos olvidar de las privatizaciones. Por los ingresos y por el mensaje al mercado y a la UE sobre la disciplina para reducir la deuda pública. Los ingresos, en buena parte, no van a volver.
JOAQUÍN TRIGO INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
El dicho El dinero mejor ganado es el no gastado es válido. Los BOE siguen dando dinero para «la elaboración e implantación de planes de igualdad a la pequeña y mediana empresa y otras entidades» (18 junio 2012). O «para ayudas a entidades sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos (21 junio 2012). O para «ayudas para la promoción de centros de apoyo a emprendedores. (14 junio 2012)» ¿No sería mejor facilitar la vida a los emprendedores?
Las diputaciones no deben hacerse cargo de los ayuntamientos pequeños o mal gestionados. Es preferible agruparlos y eliminar las diputaciones. En cuanto a los funcionarios, hay que parar las convocatorias de oposiciones. Eliminar los complementos. Reducir costes y trasladar las personas sin actividad a donde puedan tenerla. No hacen falta liberados en la función pública.
RAFAEL PAMPILLÓN INSTITUTO DE EMPRESA
Hay que bajar los impuestos directos y reducir cotizaciones a la seguridad social a las empresas que hagan nuevas contrataciones. Se tendrá que aplicar el IVA normal a algunos productos que se beneficiaban del tipo reducido (8%), o reducir la lista de productos a tipo superreducido (4%). En definitiva, elevar el tipo en transporte, hostelería, espectáculos deportivos y algún producto alimentario.
Además se debería introducir un impuesto medioambiental. Y volver a eliminar la deducción a la compraventa de vivienda. En cuanto a los recortes, Rajoy debería congelar las pensiones, dejar sin una paga extra a los funcionarios y despedir a buena parte del personal contratado. Por otro lado, tenemos que reformar la prestación por desempleo reduciendo el tiempo en que se cobra. Y revisar las prioridades de gasto para desviar fondos de partidas suntuarias e improductivas hacia otros que faciliten el acceso a la financiación a pymes, investigación e innovación y reducción del fracaso escolar.
DAVID TAGUAS UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
Resulta necesario revisar el Programa de Estabilidad 2012-15, variando significativamente el crecimiento de la actividad, el crecimiento potencial, el output gap y, por tanto, el déficit cíclico durante los próximos años. Manteniendo el esfuerzo fiscal de 2012 y 2013 y aumentando hasta el 1% el de 2014, el déficit objetivo podría situarse próximo al 6% en 2012, al 4% en 2013 y al 3% en 2014.
El esfuerzo mayor debe hacerse en la reducción del gasto no productivo, que explica el 15,6% del ajuste en 2012. Medidas transitorias para moderar la evolución de la remuneración de asalariados públicos y del gasto en pensiones parecen inevitables. La supresión temporal de las pagas extraordinarias y la no revalorización de las pensiones son preferibles a reducciones permanentes.
Por el lado de los ingresos también son necesarias medidas. Primero, la ampliación de la base del IVA gravando al tipo normal bienes y servicios que ahora están al tipo reducido o superreducido. Segundo, elevando dos puntos el tipo normal. Tercero, aumentar la fiscalidad de los hidrocarburos. Cuarto, suprimir la desgravación fiscal por adquisición de vivienda. Quinto, establecer el principio de pago por utilización de infraestructuras. Este conjunto de medidas debería permitir rebajar la fiscalidad sobre el trabajo, reduciendo las cotizaciones sociales y revertiendo la última subida del IRPF. Igualmente debe reducirse con urgencia la fiscalidad sobre el ahorro.
Por último, urge la inmediata creación de un Consejo de Estabilidad Presupuestaria independiente como los existentes en otros países."

Fuente: El Mundo

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