Un nuevo disparate de la pésima gestión pública, en este caso de 170 millones de euros de financiación ilegal de las comunidades autónomas, que por supuesto son quitados por la fuerza de los bolsillos de los ciudadanos, vía subvenciones que son cobradas sin que exista nadie.
Por supuesto, no hay responsabilidad alguna de los dirigentes políticos...
"El informe del Tribunal de Cuentas sobre cómo se pagan millones por cuidados a personas que en realidad están muertas muestra el descontrol del sistema autonómico.
El órgano fiscalizador del Estado ha descubierto que las comunidades autónomas han llegado a cobrar indebidamente al Imserso al menos 170 millones de euros por prestar presuntos servicios de dependencia a 41.205 personas que en realidad están fallecidas. Así lo asegura en el informe definitivo que acaba de enviar al Congreso de los Diputados para su conocimiento y debate. Las comunidades todavía actualmente siguen cobrando por más de 9.000 personas que el Tribunal de Cuentas considera probado que están fallecidas, pero puede haber muchos más casos, porque el documento resalta que todavía no hay controles suficientes ni en las autonomías ni en el Imserso a la hora de aplicar la Ley de Dependencia.
El informe del que dio cuenta EL MUNDO en su edición de ayer es el típico que resulta incómodo para los dos grandes partidos del país y, por tanto, hay grandes posibilidades de que no genere el escándalo que merece. El grueso del fraude se produjo, según el documento, cuando Leire Pajín era ministra de Sanidad, pero todas las comunidades están implicadas, entre ellas las gobernadas por el PP. La ministra de Sanidad, Ana Mato, se ha comprometido a corregir el problema.
El Tribunal de Cuentas presenta este disparate como una picaresca de las autonomías para obtener financiación y obedece a su juicio a dos razones:
1) "Falta de comunícación de estos decesos por parte de las CCAA a la aplicación informática SISAAD [la de ayudas a la dependencia], con independencia de que en sus aplicaciones informáticas internas se haya producido esta baja y, en consecuencia, se haya dejado de abonar la prestación económica o el servicio prestado, provocando, por tanto, laobtención de una financiación indebida por parte de estas CCAA".
2) "Ausencia de un adecuado control interno por parte del IMSERSO como responsable de la administración de la citada aplicación informática, así como su mantenimiento y actualización".
El personal del Tribunal de Cuentas tomó una fecha como referencia -el 30 de abril de 2011- y cruzó los datos con los de la Dirección General de los Registros y del Notariado descubriendo el pastel y avisando al Imserso antes de acabar el informe. Por eso, aunque éste ha sido finalizado ahora, fue iniciado hace más de dos años y en su transcurso, el Imserso ha procedido ya a reclamar a las autonomías 140 de los 170 millones pagados indebidamente. Ya el pasado enero trascendió el borrador del informe, pero el definitivo ratifica y amplía en casi un 50% el número de beneficiarios fallecidos.
En este gráfico del informe pueden verse los últimos miles de casos de beneficiarios fallecidos entre 2010 y 2011 detectados por el Tribunal de Cuentas.
El problema es que el órgano fiscalizador señala en el documento que todavía hoy es necesario "con carácter inmediato" que el Imserso "potencie los controles internos" y "el intercambio con otras bases de datos de la Administración pública". También que las autonomías procedan "a la actualización permanente y periódica" de la información que remiten al Imserso. Especialmente tercermundista es un apartado del informe que asegura que 88 beneficiarios habían muerto ya incluso antes de que Jesús Caldera promulgara la Ley de Dependencia en 2007 pero las comunidades cobraron por ellos.. Y para reir por no llorar es otro dato: hay más de 1.300 casos, la mayoría en Andalucía, por los que las autonomías cobran dos veces para prestarles atención de dependencia. Tienen el mismo DNI.
El drama es que mientras tanto, según el propio texto, hay al menos 300.000 personas que necesitan ayudas a la dependencia y que están a la espera de que se les reconozca el derecho. Y lo que es peor, el Tribunal advierte que se puede estar vulnerando el principio de igualdad y no discriminación de los españoles, porque según en qué comunidad resida el afectado le espera un futuro diferente. Si tiene la mala suerte de vivir en Canarias espera de media 577 días -en vez de los seis meses que prevé la Ley de Zapatero- antes de empezar a recibir atención de cuidadores. También debe aguardar más de 10 meses en comunidades como Andalucía, Valencia o Madrid. La media de espera en todo el Estado es de 262 días en este pilar del Estado del Bienestar.
Tampoco es alentador que ni Pajín ni la mayoría de ex altos cargos del anterior Gobierno ni varios consejeros autonómicos afectados han atendido la petición del Tribunal de que formulen alegaciones en este episodio que muestra -otro más- la necesidad imperiosa de reformas."
Fuente: El Mundo
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