Es curioso observar de que si un ciudadano civil se resiste o desobedece a la "autoridad" o la ley, es perseguido, multado, encarcelado y cae el peso de la ley sobre él, pero si esto sucede desde el ámbito público, desde el mismo poder político, no hay ningún tipo de consecuencia, con la gravedad y desigualdad que ello supone, y las consecuencias para los ciudadanos que sufren dichas consecuencias e incumplimientos.
Lo verdaderamente triste es que los derechos de los ciudadanos sean maltratados y los ciudadanos sean tratados de distinta manera según su elección.
En mi opinión, es obvio que si hay dos (y no una como algunos creen) lenguas oficiales en Cataluña, sus ciudadanos tengan el mismo derecho de aprender ambas, sin discriminación. Una enseñanza bilingüe no solo dará una mayor riqueza cultural y educativa en la sociedad, sino que permitirá una mejor convivencia y una mayor integración común de sus ciudadanos, evitando la discriminación.
Lo increible es que esta postura sea negada y tildad de fascista por muchos, pero defender y exigir la enseñanza solo en una de ellas, como ocurre con el catalán, no sea fascista y dictatorial (yendo una vez más contra la libertad del individuo, que además se ve obligado a la fuerza a pagar por dicha educación). Porque tan catalán es un ciudadano como otro, y no son ellos quienes deben repartir carnets de buen ciudadano, recordando estos comportamientos las peores historias negras de la humanidad:
"El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) ha fallado en sendos autos que la Consejería de Enseñanza de la Generalitat debe introducir el castellano en las aulas donde esté escolarizado el alumno cuyos padres hayan solicitado por vía judicial la atención en castellano. A pesar de lo dictado por el TSJC, la consejera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, ha afirmado que la Generalitat no ejecutará la decisión judicial ya que "no es viable aplicar estas medidas porque, por un caso en particular, no se tienen en cuenta los derechos de los otros padres". Por ello, ha añadido, se mantendrá el modelo de inmersión lingüística catalán.
Rigau ha anunciado que el Govern recurrirá esta resolución ante el Tribunal Supremo (TS). "La lengua de un aula no puede cambiar porque un sólo alumno lo pida. La voluntad de un padre no puede incidir sobre el programa y el proyecto solicitado por el resto de familias" de un grupo clase, señaló en rueda de prensa desde el Parlament la consellera de Enseñanza.
Según uno de los autos del juez, con fecha 6 de marzo y al que ha tenido acceso Europa Press, el sistema "ha de adaptarse a toda la clase -o unidad escolar- de la que forma parte ese alumnos", lo que afecta al estudiantes juntamente con sus compañeros, y no sólo al alumno. En el texto se argumenta también que "la atención individualizada en castellano conduce a una situación de discriminación prácticamente idéntica a la separación en grupos por razón de lengua habitual".
Con un voto particular, el fallo rechaza los recursos de reposición interpuestos por una decena de familias y la Generalitat, y en relación a cómo se debe aplicar la proporcionalidad entre ambas lenguas afirma que es potestad de la Generalitat y no función del tribunal "sustituir a la Administración en el ejercicio de una potestad propia".
Recurso de la Generalitat
La consejera de Enseñanza ha explicado que las medidas de los nuevos autos del TSJC son cautelares y forman parte de un proceso judicial aún abierto, en el que la Generalitat ha recurrido al Tribunal Supremo dichas decisiones judiciales. "No contemplamos ejecutar la resolución en los términos en los que está planteada porque confiamos que el recurso nos será favorable, la historia nos permite pensar esto", ha afirmado Rigau.
La asociación Convivencia Cívica, que ha asesorado a los padres que presentaron las reclamaciones para que sus hijos recibieran la enseñanza en castellano y catalán, considera que se trata "de una victoria del bilingüismo y del sentido común". A la vista de la decisión de TSJC, la conselleria de Enseñanza deberá introducir un modelo de enseñanza bilingüe en determinadas clases de diez centros escolares catalanes a los que acuden los hijos de los progenitores que solicitaron enseñanza bilingüe. En total, son cinco colegios de la provincia de Barcelona, tres de la de Tarragona y dos más en la de Girona, indica Convivencia Cívica.
Convivencia Cívica insiste que el Gobierno catalán "debería cambiar a la mayor brevedad el sistema global de la inmersión, transformándolo en un sistema educativo bilingüe", y advierte de que, mientras no se haga así, "seguirá habiendo un goteo permanente de padres y sentencias que exijan el bilingüismo"."
Fuente: VozPópuli
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