Una auténtica tomadura de pelo al ciudadano que se queda siempre sin ser resarcido. Y no hay voluntad de cambiar esto. Si el coste del mismo recayera no en el contribuyente sino en el propio estafador (devolución íntegra de todo lo cobrado estos años más por supuesto una multa considerable más imposibilidad de trabajar nunca más para la Administración Pública), y en los responsables directos (multas y ceses inmediatos de sus superiores), esto no ocurriría.
Si no hay desincentivo y sí incentivo a incurrir en estafas, no hay solución a la constante estafa que se da de distinta manera en la Administración Pública.
Artículo de Libre Mercado:
Si no hay desincentivo y sí incentivo a incurrir en estafas, no hay solución a la constante estafa que se da de distinta manera en la Administración Pública.
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Carles Recio | El Mundo
La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penalpara determinar si se produjo algún tipo de delito y quiénes pudieron ser los responsables en el caso del funcionario de la Diputación de Valencia queestuvo diez años sin acudir a trabajar.
Fuentes de la Fiscalía han informado de que, tras recibir el expediente disciplinario abierto al citado funcionario, Carles Recio, y su superior en el Archivo General de la Corporación, María José Gil, se ha optado por abrir las citadas diligencias.
La Diputación espera que la Fiscalía aclare "si el puesto creado en 2006 para Recio era necesario y si los entonces responsables de la Diputación eran conscientes de que no iba a trabajar". Según se ha hecho constar en ese expediente disciplinario, el puesto de trabajo de Recio se creó con el criterio en contra del resto de funcionarios, que lo consideraron innecesario.
El pasado verano, la Diputación de Valencia decidió apartar del servicio al funcionario encargado de la jefatura del archivo provincial, Carles Recio, a quien se abrió un expediente por ausencias de su puesto de trabajo durante diez años y al que se le despide ahora por una falta muy grave y otra grave.
El funcionario accedió al cargo en 2006, bajo la presidencia entonces de Fernando Giner (PP). Según El Mundo, que destapó el caso, Recio logró estar diez años sin ir a trabajar acudiendo cada día a las 7:30 horas al edificio que albergaba el archivo, fichando mediante huella dactilar y presentándose a la hora de salida para fichar de nuevo.
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