¿Qué consecuencias reales puede tener la subida del salario mínimo?

D. Soriano analiza desde distintas perspectivas las consecuencias reales que puede tener la subida del salario mínimo llevada a cabo por el PP, mostrando los detalles de la medida, el debate al respecto entre partidarios y detractores, el alcance de la medida (a cuántos afecta), otras opciones respecto al salario mínimo, los peligros y riesgos de la medida, así como el debate real que se va a establecer al respecto. 

Artículo de Libre Mercado:

Mariano Rajoy firma el acuerdo para el aumento del Salario Mínimo Interprofesional | EFE

850 euros al mes (en catorce pagas) en 2020. Éste será el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con el que el Gobierno cierre la legislatura. Desde el punto de vista de la opinión pública es un triunfo muy importante para Fátima Báñez y Mariano Rajoy. Se ha notado a lo largo de esta semana y se notará todavía más en los próximos meses. No hay que ser adivino para vaticinar que ésta será una de las medidas que el Gobierno más utilizará como ejemplo de los logros de su política económica.

En cierto sentido, es muy lógico que así sea: un Ejecutivo del PP lleva el SMI casi a donde la izquierda prometía y le arrebata al PSOE y Podemos una de sus banderas electorales. Ninguno de los partidos con representación parlamentaria se mostrará contrario a una propuesta que cuenta con el respaldo de los sindicatos. Si acaso, están pidiendo que suba más, aunque un 30% de incremento en 3 años implica una mejora muy importante y tampoco por aquí habrá mucho margen a la crítica.

Este mismo miércoles, los líderes de las centrales sindicales se reunieron en Ferraz con Pedro Sánchez y Toni Ferrer (secretario de Empleo de los socialistas) para buscar su apoyo al acuerdo durante la tramitación parlamentaria del decreto. Y consiguieron ese apoyo: el PSOE emitió un comunicado en el que afirman que "valora" el pacto, aunque recuerda que ellos son más ambiciosos y proponen un SMI de 1.000 euros en 2020 si llegan al poder. En la misma línea, Podemos recordaba que ellos presentaron una proposición de ley para llevar el SMI a 950 euros en 2020 (está en tramitación, aunque con nulas posibilidades de salir adelante), pero incluso a la formación morada no le quedó más remedio que reconocer que el acuerdo del Gobierno y los agentes sociales es un "avance".

Así, para Báñez la propuesta supone la cuadratura del círculo político. Desde el punto de vista de su relación con los sindicatos y la patronal, el pacto es un triunfo que aleja el fantasma de la marginación de los agentes sociales en los acuerdos parlamentarios sobre temas laborales (por ejemplo, el año pasado, cuando PP y PSOE pactaron una subida del 8% del SMI para 2017, UGT y CCOO emitieron un comunicado muy duro criticando que se hurtase al diálogo social "una negociación como la del SMI, al situarla en el ámbito político y parlamentario"). Para el Gobierno será la norma más sencilla de aprobar de la legislatura y sabe que desactiva a la oposición en este tema. La ministra de Empleo apenas encontrará la crítica de algún columnista liberal que le recuerde que un salario mínimo muy elevado puede suponer una barrera de entrada al mercado laboral precisamente para aquellos que más lo necesitan.

Los detalles

Dicho esto, la propuesta tiene algunos detalles que no está de más analizar. Además puede tener consecuencias que deberían generar más debate del que escucharemos en los próximos meses. Los siguientes son los aspectos más destacados de esta noticia:

- La medida: se sube el SMI de 707 a 735,9 euros en 2018 y se anticipan dos subidas más (no se explica la magnitud de cada una) para llevarlo a 850 euros en 2020. El Gobierno sólo ha introducido una salvaguarda: que el PIB real crezca cada año por encima del 2,5 % y que haya incremento de la afiliación media a la Seguridad Social superior a las 450.000 personas. Con las previsiones que hay ahora mismo para 2018 y 2019, parece sencillo cumplir con los dos objetivos.

- Convenios: en los acuerdos previos en los que se usa el SMI como referencia (sobre todo hablamos de convenios colectivos en los que se usa este indicador para determinar la cuantía o el incremento del salario base o de los complementos salariales) no se aplicará el nuevo salario mínimo ni la subida pactada del 4%, sino el que estuviera vigente hasta ahora. Tampoco afectará a las normas autonómicas o locales que fijan ayudas en función de determinados límites de renta y que también están referenciadas al SMI.

El objetivo es evitar una subida generalizada de los costes laborales y que el nuevo SMI distorsione la negociación colectiva que está ahora mismo en marcha. Por eso, serán las partes implicadas en cada acuerdo las que pacten las nuevas condiciones. En su momento, cuando José Luis Rodríguez Zapatero disparó el SMI en su primera legislatura, ya se introdujo esta cláusula de no contagio. Y también el año pasado el Gobierno la aprobó tras su acuerdo con el PSOE para subir el SMI un 8% en 2017.

- Costes e ingresos: según la memoria económica del Ministerio de Empleo, el 3,5% de los trabajadores por cuenta ajena se verán beneficiados directamente por la medida. Hablamos de casi 534.000 personas. En cuanto a costes e ingresos para las arcas públicas, tanto unos como otros son muy reducidos: la Seguridad Social ingresará por cotizaciones sociales 33,22 millones por cada punto de subida del SMI: unos 134 millones en total. A cambio, habrá un incremento de los gastos por prestaciones (algunas están ligadas al SMI) de unos 12,66 millones por punto (algo más de 50 millones en total).

- El salario 'real': la última cifra que hay que tener en cuenta cuando se habla de SMI es la que refleja el salario real, es decir, el coste laboral total que soporta un empresario cuando contrata a un trabajador y le paga el SMI. Y no son los 10.302,6 euros anuales o los 735,9 euros mensuales (en 14 pagas) de los que hablamos. El empresario tiene que hacer frente a otros costes adicionales. Para empezar, un 29,9% de cotizaciones sociales de la empresa: sólo con esa cifra, la factura del SMI ya sube hasta casi los 13.400 euros. No incluiremos otros costes que cualquier empresario sí consideraría (desde los posibles por despido hasta la remuneración que se le pide a una inversión o el coste de oportunidad de dedicar esos fondos a otro destino). Pues bien, incluso sin llegar hasta ese punto, podemos ver que el salario mínimo real, el que paga la empresa, se sitúa por encima de los 1.100 euros al mes.

- El perfil: de acuerdo a la memoria del Ministerio de Empleo, hay determinadas características que hacen más probable que un trabajador cobre el SMI:

• La posibilidad de cobrar el SMI es mayor para mujeres y extranjeros y decrece con la edad hasta los 60 años. Un joven de 20 años tiene una probabilidad de cobrar el SMI diez veces mayor que una persona entre 50 y 59 años.
• Los no cualificados tienen cuatro veces más de probabilidad de cobrar el SMI.
• Los empleados temporales se ven tres veces más afectados y los de tiempo parcial tienen coberturas de SMI ocho veces superiores a los de tiempo completo.
• El mayor número de perceptores se concentra no obstante en comercio y hostelería, así como entre conductores y operarios de máquinas.
• Los trabajadores no cubiertos por convenio triplican su exposición al SMI.
• La mayoría trabaja en empresas de menos de 50 trabajadores no exportadoras.

El debate

Hasta aquí todo está más o menos claro. A partir de este punto es donde comienza el debate. Los defensores de la subida del SMI aseguran que incentiva el empleo (más gente buscando un trabajo), elimina o mitiga las bolsas de pobreza entre los trabajadores, mejora la capacidad de consumo del conjunto de la economía e incluso puede tener un efecto positivo en la productividad de los trabajadores.

Enfrente, los críticos aseguran que el SMI no ayuda a los trabajadores de bajo nivel adquisitivo sino que les perjudica porque, a cambio de subir unos pocos euros el sueldo que habrían cobrado los que ya tienen un empleo, impone una barrera a personas de baja empleabilidad a los que se complica su acceso al mercado laboral. Los siguientes son los principales temas de discusión:

- Productividad: los dos siguientes gráficos muestran los datos de productividad/hora según Eurostat y los de salario/hora para la misma oficina. No son una copia, pero sí son muy parecidos. La posición de España (en mitad de la tabla, por debajo de todos los países del norte y por encima de los mediterráneos y los países del Este) nos recuerda que los sueldos no se fijan por decreto, tampoco los mínimos. Los salarios españoles son más bajos que los de holandeses, alemanes o suecos porque nuestra productividad (y en esto tienen culpa empresas y empleados) es más baja. No hay soluciones mágicas a esto.

Productividad / hora. Eurostat 2014

Salarios / hora. Eurostat 2014

Por lo tanto, si queremos subir lo que cobramos y que esa subida sea sostenible a medio plazo tendremos que mejorar nuestra productividad. ¿Cómo? Pues es la pregunta del millón. La respuesta obvia es con reformas que impulsen esa productividad. El problema es ponernos de acuerdo en cuáles serían esas reformas.

- ¿Cuánto afecta? Es la pregunta del millón. Como hemos visto, incluso con las cifras de Empleo, a algo más de 500.000 personas. Pero incluso así cabe preguntarse si el SMI es tan relevante, para lo bueno y para lo malo. Los empresarios no fijan los salarios que quieren. Siguiendo la línea argumentativa de los defensores del SMI (hay que subirlo porque, si no, los empresarios no pagarán más) todos los trabajadores deberían cobrar poco más o menos 700 euros al mes. Pero no es así, entre otras cosas porque el mercado laboral funciona como los demás, con oferta y demanda y ni mucho menos las empresas tienen una capacidad absoluta para imponer sus condiciones.

Si fuera tan fácil como dicen sus defensores y subirlo no tuviera consecuencias negativas, habría que preguntarse también por qué dejar el SMI en 1.000 euros… ¿Por qué no 2.000? ¿O en 3.000? No diremos aquí una cifra absurda de que todos cobremos un millón, pero si alguien dice que subir el SMI no afecta al empleo menos cualificado, deberá explicar también por qué se queda en un límite tan aparentemente poco ambicioso como los 1.000 euros al mes. Y la respuesta es clara: incluso sus defensores más entusiastas saben que un incremento de los costes por encima de lo que marca la productividad tendría una consecuencia directa en el empleo y en la competitividad de nuestros productos y servicios.

En este sentido, subir el SMI un 4%, en un contexto de inflación cercana al 2% y con los salarios subiendo también en los convenios colectivos, no debería tener demasiado impacto ni en un sentido ni en otro a corto plazo. Eso no quiere decir que no pueda afectar a los asalariados que estén en el límite o a aquellos que quieran entrar al mercado laboral en los puestos de más bajas calificación. Aquí sí, lo que hace el SMI es encarecer algo el factor trabajo y hacer algo más baratas las alternativas (por ejemplo, poner una máquina expendedora donde antes había una taquillera).

También es verdad que con el empleo creciendo a más de 600.000 nuevos puestos de trabajo al año y el PIB subiendo por encima del 3%, este encarecimiento se notará mucho menos en 2018 de lo que se habría notado en otros ejercicios. Parece claro que por ahora no está afectando demasiado a la creación de empleo. Pero no deberíamos quedarnos con el análisis coyuntural. El verdadero impacto de estas medidas no es tanto el que puedan tener en contextos expansivos como recesivos. O por decirlo de otra manera: el SMI nunca baja y una subida excesiva en los buenos años que aparenta ser inocua sí puede servir como barrera de entrada al mercado laboral cuando lleguen las vacas flacas.

- Otras opciones: en España se asocia el SMI con una sola cifra que se negocia cada año entre Gobierno, sindicatos y patronal pero no tendría que ser así. Se podría pensar en salarios mínimos que suben o bajan en función del tiempo que lleve un trabajador en el mercado laboral (para no penalizar a los jóvenes) o en acuerdos de sueldos por sectores, que permitirían ajustar menos las necesidades de cada rama de la economía. O introducir flexibilidad en cuanto a modalidades contractuales, permitiendo que determinados contratos (por ejemplo, los de aprendizaje) queden al margen de este límite. En general, lo que se busca con todas estas excepciones es que un posible trabajador de baja cualificación y complicada empleabilidad no se quede fuera del mercado por el SMI. Eso sí, si llenamos el terreno de juego de posibilidades de escape, también es lícito preguntarse entonces si tiene sentido este límite y no estamos ante una cifra que sirve para tranquilizar las conciencias pero en la práctica no tiene efectos reales en el mercado de trabajo.

- Los peligros: el principal riesgo es el que apuntábamos anteriormente, que se dispare este coste en los años buenos y luego, cuando llegue el momento del ajuste, actúe como freno a la contratación de determinados colectivos. Y no sólo a la contratación, numerosos expertos alertan sobre la posibilidad de que un incremento en los costes de los trabajadores menos cualificados empuje a los empresarios a otras alternativas, legales (inversión en capital, subcontratación…) o ilegales (economía sumergida, contratar por menos horas y pagar las extras en B, contratos de aprendizaje para cubrir todo tipo de puestos…).

- El debate real: en realidad, la pregunta que se hará cada empresario es si le sale rentable pagar a ese nuevo empleado al que debe pagar el salario mínimo, que le cuesta 13.400 euros sumando las cotizaciones empresariales. Es la pregunta que se hace con cada empleado… y de su respuesta dependerá su contratación o no. En un mercado laboral que funcione, sea flexible y genere empleo y productividad, estaríamos hablando de unos pocos casos y todo este debate sería más una discusión académica que sobre sus consecuencias prácticas. El problema de España es que hay muchas empresas (sobre todo micropymes) y sectores en los que estos sueldos están a la orden del día, entre otras cosas porque la productividad está también por los suelos. Por ahí debería empezar el debate real.