Juan Rallo analiza las declaraciones de Linde, y por qué pese a las críticas (quién lo iba a dudar) tiene razón como los datos demuestran.
Artículo de El Confidencial:
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde. (EFE)
Hace unos días, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, desató la polémica cuando afirmó que los pensionistas españoles no son tan pobres como podría reflejarse en algunas estadísticas, dado que muchos de ellos cuentan con una casa en propiedad que les proporciona una renta en especie. En medio de la actual ola de demagogia, cuyo principal propósito es sobredramatizar —para capitalizar electoralmente— la situación financiera de nuestros mayores, las declaraciones de Linde fueron sometidas a una feroz crítica desde prácticamente todas las terminales políticas y mediáticas: pero, en esencia, tiene razón.
Comencemos aclarando que muchas estadísticas sobre cuáles son las pensiones de jubilación o viudedad percibidas por los españoles no sirven, dado que es necesario tener en cuenta los complementos a mínimos que marca la Seguridad Social y que establecen que ninguna pensión contributiva de un perceptor mayor de 65 años puede ser inferior a 745 euros mensuales u 8.950 euros anuales (u 11.044 euros anuales si el perceptor de la pensión tiene al cónyuge a su cargo).
Dado que en España el umbral de riesgo de pobreza se ubica en 8.209 euros anuales, la inmensa mayoría de jubilados está fuera de ese riesgo: en concreto, de los 8,82 millones de personas mayores de 65 años que residen en España, 7,73 millones ingresan más de 8.209 euros anuales; 1,09 millones ingresan menos de 8.209 euros anuales; 506.000 ingresan menos de 6.840 euros anuales, y 253.000 ingresan menos de 5.472 euros anuales. Por tanto, la tasa de riesgo de pobreza entre los mayores de 65 años apenas supera el 12% de la población.
Sin embargo, y como bien recordaba el gobernador del Banco de España, estas cifras no tienen en cuenta la fuerte penetración de la propiedad inmobiliaria en nuestro país. De acuerdo con la 'Encuesta financiera de la familias' de 2014 (la última disponible), el 88% de los hogares cuyo cabeza de familia era un mayor de 65 años disponía de una vivienda en propiedad. Y, atención, el 56,2% de los hogares cuyo cabeza de familia tenía entre 65 y 74 años, o el 40,8% de aquellos con más de 75, contaban con una segunda vivienda en propiedad. En 2014 (esto es, antes de la reciente escalada del precio), el valor mediano de las primeras propiedades se ubicaba entre 150.000 euros (para el tramo de edad 65-74 años) y en 100.000 euros (para el tramo de edad superior a 75 años); y el valor mediano para las segundas propiedades oscilaba entre 70.000 y 80.000 euros. Además, tales inmuebles se hallaban libres de cargas hipotecarias casi al completo: solo el 4,4% de los hogares entre 65 y 74 años tiene alguna deuda hipotecaria pendiente, y apenas el 1,2% entre los mayores de 75 años.
En este sentido, el INE estima que el valor mediano de esta renta en especie que es disponer de una casa en propiedad equivale a 1.392 euros anuales por persona. Y, una vez consideramos la influencia de esta renta en especie sobre la tasa de riesgo de pobreza, esta apenas alcanza el 6,3% de los mayores de 65 años (frente al 21% de los españoles entre 18 y 64 años): esto es, alrededor de medio millón de personas. Este porcentaje puede complementarse con otros que apuntan en una misma dirección: el 2,2% de los mayores de 65 años no puede permitirse comer carne o pescado al menos una vez cada dos días; el 2,9% ha tenido retrasos en el pago de sus recibos; el 2,7% no puede permitirse disponer de un automóvil; el 3,4% no puede permitirse disponer de un ordenador personal; el 6,3% no puede permitirse sustituir su ropa estropeada, y el 7,2% no puede permitirse mantener una temperatura adecuada en su hogar.
En definitiva, una vez tomamos conjuntamente en consideración tanto la pensión pública como el muy extendido régimen de propiedad inmobiliaria, la inmensa mayoría de los jubilados españoles se encuentra lejos del umbral de riesgo de pobreza o de sufrir carencias materiales severas (no así alrededor del 6% de los mayores de 65 años, que sí se hallan en una situación económica deplorable). Evidentemente, todo esto tan solo significa que la situación de los jubilados españoles no es comparativamente mala con respecto a la media del resto de la población. No significa, por el contrario, que los jubilados estén recibiendo unos ingresos gigantescos que les permitan disfrutar de un tren de vida acelerado: pero no les queda otra cuando la principal fuente de sus rentas está constituida por pensiones públicas en un país en abierta regresión demográfica. Y es que, dentro de tal contexto, las pensiones dignas son incompatibles con las pensiones públicas.
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