Moncloa dispara el gasto en asesores 'a dedo' hasta 24 millones, un 8% más

Un nuevo ejemplo de cómo cuando las cosas mejoran ligeramente, los políticos vuelven a sus vicios y excesos habituales (que nunca han dejado de tener, aunque se pudieran suavizar muy escasamente). 

Bruno Pérez se hace eco en el siguiente artículo. 


Artículo de La Información: 

Lo que gasta el Gobierno en su personal de confianza

Tras un lustro de contención, el gasto del Gobierno en personal de confianza - los célebres cargos nombrados a dedo - experimentó el año pasado un repunte de cerca del 8%, precisamente en el año de menor actividad legislativa de la historia de la democracia. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Mucho. Porque se supone que la incorporación de personal eventual está restringida a aquellos casos en que el Gobierno necesita de un asesoramiento especial en materias complejas en las que no existen perfiles especializados dentro de la Administración, pero si no se legisla...¿qué sentido tiene ese asesoramiento?

El asunto es que mientras en 2016 el Gobierno gastó 35,4 millones de euros en pagar a su personal de confianza, el pasado año esa cifra se disparó por encima de los 38 millones de euros, la cuantía más alta de toda la era Rajoy y próxima a los más de 40 millones que gastó por este concepto el último gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011. El dato sale del Informe sobre Masa Salarial de los Efectivos Públicos correspondiente al ejercicio de 2017, que por primera vez ofrece una información detallada del modo en que el Gobierno gasta el presupuesto reservado a esta clase de asesoramiento especial.

El repunte es coherente con el incremento en la plantilla de asesores del Gobierno revelado por el boletín del personal al servicio de las Administraciones Públicas del pasado julio, que afloró el crecimiento de 566 a 595 la plantilla de personal de confianza del Ejecutivo.

Gracias al informe publicado por Hacienda se sabe, por ejemplo, que a la hora de rodearse de personal de confianza el Gobierno prefiere traer gente del ámbito privado que trabajar codo con codo con funcionarios públicos. Según los datos proporcionados por la Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda, dos terceras partes del gasto en personal de confianza (más de 24,8 millones de euros) está relacionado con las nóminas abonadas a asesores de confianza ajenos a la Administración. También hay personal de confianza funcionario, pero su proporción en el gasto total es mucho menor: 7,8 millones de euros.

La ley habilita al presidente del Gobierno, sus ministros y los secretarios de Estado de éstos a incorporar al personal de confianza que estimen oportuno, con independencia de su extracción profesional y por el cauce que prefieran. No existe ninguna restricción al respecto. Sin embargo, los redactores del actual Estatuto Básico del Empleado Público intentaron en su día poner coto al excesivo uso de esta figura que detectaron, particularmente en la Administración Local, apelando al principio legal de que la incorporación de personal eventual debe ser un hecho puntual y derivado de la ausencia de perfiles especializados en una determinada materia dentro de la Administración.

La experiencia ha demostrado que este principio ha sido menos respetado que ese otro que protege la libertad de los altos cargos para nombrar al personal de confianza que consideren sin más restricciones que su propia valoración personal. Algunos expertos, como Juan Corral Villalba, ha puesto en cuestión la base legal de este comportamiento y sostienen que "la relación eventual es una relación de empleo sin encaje en el modelo de empleo público establecido en la Constitución, al no basarse en los principios de objetividad, responsabilidad, e independencia, ni en los de mérito y capacidad en el acceso".

Los cargos de confianza han arrastrado históricamente el estigma de ser nombrados de forma arbitraria, 'a dedo', por los cargos políticos y más por razones de sintonía ideológica que por competencia profesional. La realidad es que la mayoría de las veces no es así, al menos en el ámbito del Estado. De hecho, las principales organizaciones de funcionarios no reivindican su supresión sino un mayor control sobre los nombramientos para garantizar que, como sostiene la ley, solo se recurra al nombramiento de asesores ajenos al ámbito funcionarial cuando el perfil requerido no pueda encontrarse en la plantilla de la Administración. Algo que no siempre sucede.