martes, 24 de marzo de 2020

Carmen Calvo, como el 80% de los funcionarios, elige la sanidad privada

Diego Sánchez de la Cruz expone una de las grandes hipocresías del sector público y muchos políticos y qué ocurre cuando enfrentas las palabras y los discursos de odio, demonización y electoralistas contra la realidad y la libertad de elección. 
Los propios que mantienen precisamente discursos de odio y descalificación hacia el sector privado y los profesionales que ahí trabajan son los mismos (8 de cada 10, es dificil ver mayorías de tal calibre) que elijen precisamente a ese sector y profesionales. 
Ha sido el caso de la propia ministra Carmen Calvo (la última de una lista perpetua), tratada de coronavirus en un hospital privado (los mismos que dicen que la sanidad privada no hace un servicio público (así, con tal rostro de ignorancia y malicia) o no atiende a la gente cuando se le necesita. 

Desgraciadamente es otra evidencia de sus discursos manipuladores, para mantener su relato hegemónico con el que dan alimento ideológico a su plebe, mientras se ríen de ellos a sus espaldas (y a carcajadas). 
Y otra evidencia también de la hipocresía de sus postulados cuando hablan de igualdad, mientras mantienen un privilegio a los funcionarios, que tienen libertad de elección sin tener que sobrepagar dos veces por un servicio privado, todo lo contrario al resto de los ciudadanos de a pie (que además pagan sus sueldos con parte del fruto de su trabajo -y no pequeña-), que se ven obligados a ir a la pública a la fuerza, y si quieren acudir a la privada, volver a pagar (muchísimo menos de lo que le quitan a la fuerza para financiar la pública, eso sí) para ello, lo que lo hace inviable para una inmensa mayoría de ciudadanos, que se ve expoliado entre el 40-50% de todo lo que gana por los políticos, impidiendo así toda independencia financiera, libertad de elección y haciéndole dependiente del político, que es lo que realmente quiere. 
Artículo de Libre Mercado: 
El sistema permite escoger entre ambos sistemas, pero la dirigente socialista ha preferido un seguro privado.
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) nació en pleno franquismo. Corría el año 1963 y el régimen decidía articular un modelo de libertad de elección en el ámbito de la sanidad y las prestaciones sociales. El experimento consistía en una especie de cheque sanitario que permitía que los trabajadores del Estado elijan si quieren acudir a los servicios sanitarios públicos o, por el contrario, prefieren recibir dicha cobertura por parte de empresas aseguradoras.
El sistema ha crecido enormemente desde entonces y ya cubre a 1,5 millones de personas, de las que 984.867 son titulares directos y otros 488.774 son beneficiarios. Todos los afiliados a MUFACE reciben una cartera de servicios ofertados por proveedores privados. Por ejemplo, el 37% de los adscritos ha optado por Adeslas, aunque hay otras empresas disponibles y el programa permite cambiar de proveedor cada semestre.
El sistema ha sido implantado también en otros regímenes de la Administración (ISFAS en el Ejército, MUGEJU entre la judicatura…). Su funcionamiento es muy sencillo: apenas el 2% del presupuesto anual va dedicado a los gastos de funcionamiento, mientras que el resto se dedica a financiar las prestaciones sanitarias de los funcionarios.
De acuerdo con el ministerio de Sanidad, el coste per cápita de la sanidad pública gestionada directamente por el Estado asciende a unos 1.200 euros anuales. MUFACE, no obstante, cubre a sus titulares y beneficiarios por un coste de 700 euros anuales. Esto permite un ahorro de recursos públicos que, obviamente, es mayor conforme más funcionarios optan por recibir asistencia sanitaria prestada por empresas privadas.
Según la última Memoria publicada por MUFACE, correspondiente al pasado año 2019, apenas el 20% de los funcionarios que forman parte del régimen han optado por mantenerse en el INSS. Esto quiere decir que ocho de cada diez funcionarios con capacidad de elegir entre la sanidad de gestión pública o privada optan por suscribirse a la segunda.

Calvo elige la privada

Esta lunes el modelo MUFACE ha sido Trending Topic a raíz de la hospitalización de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Resultó especialmente llamativo un tuit del diario El País en el que se afirmaba que la dirigente socialista estaba siendo tratada en la Clínica Ruber de Madrid "de acuerdo con los convenios de Muface".

En realidad, los convenios de Muface no obligan a ser tratado en la sanidad privada a ningún funcionario, puesto que simplemente regulan la posibilidad de elegir entre el sistema público y las empresas de seguros. En el caso de Calvo, el hecho de que su hospitalización y tratamiento tengan lugar en la Clínica Ruber vendría a indicar que la dirigente socialista ha optado por un proveedor privado, en vez de por recibir la cobertura de la sanidad pública.

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