Y el declive del sistema de pensiones continúa, y sigue siendo empleada como arma política engañando a la población sobre la realidad del sistema de reparto y la insostenibilidad del mismo (son necesarias reformas importantes y adoptar el sistema de capitalización como Chile u otros países nórdicos que están en ello) e incrementar el coste de la seguridad social a empresas y trabajadores sería un tremendo error, con graves problemas adicionales.
"La polémica decisión del Gobierno de no actualizar las pensiones en función del IPC ha evitado sacar del Fondo de Reserva 9.393 millones este año. En total, a cierre del ejercicio, sólo se habrá dispuesto de 6.593 millones. La cantidad ahorrada no es insignificante. Máxime teniendo en cuenta que si la situación se mantiene o empeora, el Fondo se acabaría en dos años.
La crisis ha provocado una salida de la Seguridad Social preocupante. Desde 2008 ha caído en más de 2,4 millones de afiliados. Ante esta situación, el Gobierno ha tomado medidas. Pero tiene que adoptar más, según los expertos. El profesor del IESE José Ramón Pin Arboledas advierte de que hay que subir las cotizaciones destinadas a las pensiones.
Sin embargo, algunos analistas consultados por este periódico estiman que plantearse dos años empleando la hucha de las pensiones es ciencia ficción: "Es un problema a corto plazo". "Hay que recuperar el crecimiento y la confianza internacional, y para ello hay que cumplir con el déficit. Ésa es la prioridad", coinciden los expertos.
Además, recuerdan que no es una bajada del salario, "como ha ocurrido con los trabajadores", sino que simplemente no se han revisado en función del IPC.
Evolución del Fondo de Reserva desde su creación
Meter mano a la hucha
En septiembre, el Gobierno tuvo que sacar, por primera vez en la historia, dinero del Fondo de Reserva, que sólo puede ser empleado cuando se acumulan tres semestres de déficit. En concreto, salieron 3.063 millones de la conocida como hucha de las pensiones. La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó una modificación de la Ley 28/2003 Reguladora del Fondo de Reserva, gracias a la cual se puede sobrepasar el límite del que se puede disponer en un año, que estaba fijado en el 3% del gasto de las pensiones en un ejercicio.
Un cambio normativo necesario para hacer frente al pago de las nóminas ordinarias y extraordinarias de diciembre. En concreto, se ha autorizado la disposición de 3.530 millones para afrontar las tensiones de tesorería. Así, de la hucha han salido este año 6.593 millones. Pero la cifra podía haber sido un 42,4 por ciento superior si el Gobierno hubiera optado por revalorizar las pensiones de acuerdo con la inflación. De ahí la insistencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de que se trataba de una decisión "dolorosa", pero responsable.
De acuerdo con los números que se calcularon en Moncloa, la subida de 2013 más la actualización al IPC hubiera costado 5.800 millones. Estas cifras echaban por tierra los esfuerzos del Ejecutivo por cumplir los compromisos adquiridos con Bruselas de rebajar el déficit. La decisión de revalorizar las pensiones un 1% para las rentas superiores a 1.000 euros y un 2% para quienes cobren 1.000 euros o menos, rebaja la factura hasta los 3.000 millones.
De este modo, la hucha de las pensiones acabará el año con 60.222 millones de euros, frente a los 57.422 millones a los que se hubiera visto reducido en caso de haber subido las pensiones de acuerdo al IPC del 30 de noviembre, que según el dato preliminar del INE era del 2,9%.
El PSOE, al Constitucional
Las mismas fuentes lamentan el debate generado. "Incluso los sindicatos han reconocido que indexar los salarios al IPC genera inflación", recuerdan los expertos.
De hecho, ayer el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que se "está examinando la inconstitucionalidad" de la no actualización de las pensiones, de modo que "si hay razón suficiente" en la que basar el recurso, acudirán al Tribunal Constitucional.
En la misma línea, UGT anunció ayer que va a solicitar ante la Defensora del Pueblo, y a los Grupos Parlamentarios, la interposición de recurso de Inconstitucionalidad contra esta medida. Además, han decidido iniciar una campaña para promover y canalizar la interposición de reclamaciones individuales de los pensionistas ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social."
Fuente: El Economista
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