Pero claro, con la barbaridad de políticos que existen en España, las diversidad de gobiernos y órganos con múltiples duplicidades, y la necesidad que tienen los políticos de legislar y de legislar con más leyes y leyes como para justificar su existencia, no es dificil de explicar. Y las consecuencias para la sociedad y la libertad de las personas son tremendas:
"Las cifras son estremecedoras. En España hay en vigor unas 100.000 leyes y normas de todo tipo, de las cuales prácticamente 67.000 son de carácter autonómico. ¿Cuánto supone eso en número de páginas? Pues nada menos que alrededor de un millón. Y lo que es todavía más relevante: la hemorragia legislativa, lejos de disminuir, crece y crece. Hasta el extremo de que este año tanto el Boletín Oficial del Estado como los distintos diarios oficiales de las comunidades autónomas imprimirán más de 1,2 millones de páginas. Es decir, que cada año las ‘novedades’ oficiales equivalen a casi 600 veces Guerra y Paz, el libro de Tolstoi en una versión convencional y completa.
Las cifras proceden de un informe que ha realizado la patronal CEOE sobre la unidad de mercado, en el que se pone de relieve que los gobiernos autonómicos, lejos de simplificar la legislación, cada vez la complican más, con lo que ello supone de coste adicional para las empresas.
Se pone como ejemplo el caso de las máquinas tragaperras, cuya regulación ha sido transferida a las comunidades autónomas. Pues bien, según el presidente de la CEOE, Juan Rosell, cada región impone las dimensiones de algunas de sus piezas, lo que encarece los procesos de fabricación y aumenta los costes de gestión. La maraña legislativa y burocrática llega a tales extremos que en algunas regiones, por ejemplo, se obliga a los profesores de autoescuela a realizar un informe posterior a cada clase siempre que esta dure más de una hora, lo cual añade costes de enseñanza.
Lo peor, con todo, es que ni la crisis ha detenido esta hemorragia legislativa. Si en 2008 los diarios oficiales de las regiones publicaron 697.344 páginas, en 2010 ya se había alcanzado las 867.466. Y aunque CEOE no ha cerrado todavía los datos de 2012, es muy probable que se haya superado ampliamente el millón de páginas. Algo parecido sucede con el Gobierno central: el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba al comenzar la crisis 68.506 páginas, muy por debajo de las 258.068 de 2010, según datos de CEOE.
Como sostiene el presidente de la patronal, todo es tan increíble que tan sólo en 2012 la ley del impuesto sobre la renta ha sufrido nada menos que 55 modificaciones. No es de extrañar, por lo tanto, que recientemente la consultora PwC, que canaliza buena parte de la inversión extranjera en España, se quejara de los continuos cambios normativos que impiden la planificación tributaria y la seguridad jurídica. Ya sea modificando en medio de un ejercicio fiscal los pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades, eliminando la libertad de amortización por inversión en activos fijos o cambiando las limitaciones a la compensación de bases imponibles. “La imagen que se da no es la de una mayor seguridad jurídica, al contrario”, aseguraba Jaume Cornudella, socio fiscal.
Clamor para recuperar la unidad de mercado
Esta dispersión y maraña legislativa es lo que explica que en los últimos tiempos hayan proliferado las voces que requieren al Gobierno que restaure la unidad de mercado, que se rompe por la proliferación de normas jurídicas, muchas de ellas contradictorias. En este sentido han incidido diferentes informes del Círculo de Empresarios, el Instituto de Estudios Económicos o el Consejo Económico y Social.
Según la CEOE, el exceso de regulación y la escasa estabilidad de las normas llevan aparejados el descrédito, el incumplimiento y la inseguridad jurídica, algo que ahuyenta la inversión.
El Gobierno ha recogido el guante y ha anunciado que en las próximas semanas aprobará una norma para garantizar la unidad de mercado en todo el territorio. Y ya este próximo viernes hará una primera lectura del borrador de anteproyecto. Sectores como Farmaindustria la han reclamado recientemente.
Según Europa Press, el Ejecutivo considera que se ha producido una "inflación legislativa" a lo largo de los años debido a que los tres niveles de administración -central, autonómica y local- han legislado sobre las mismas cuestiones causando una gran complejidad, que se ha traducido en mayores dificultades para crear una empresa, abrir un negocio o vender los productos etiquetados y envasados de la misma manera en todas las comunidades autónomas.
Por ello, recientemente el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, aseguraba que parte de la reforma que llevará a la Ley de Unidad de Mercado consistirá en "derogar normativa estatal, autonómica y local, que está obstaculizando la unidad de mercado"."
Fuente: El Confidencial
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