"Se sabía que la Cámara de Cuentas, dirigida ahora por el filosocialista Antonio López, mutiló el informe original sobre los ERE evitando, de ese modo, que las conclusiones de irregularidad y responsabilidad afectaran al ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, y al actual presidente, José Antonio Griñán.
Ahora se sabe que además se eliminaron las referencias a posibles "responsabilidades penales" en las que podría haber incurrido la Junta de Andalucía y que fueron detectadas por los auditores del órgano fiscalizador que entonces estaban coordinados por el actual consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, de Izquierda Unida. En el informe final, las conclusiones solo hablan de "responsabilidades contables y administrativas", pero no penales. Recuérdese que el primer borrador fue filtrado a ABC con gran escándalo de la Junta de Andalucía.
La responsabilidad penal de la Junta, según el informe primero de la Cámara, se refiere al abuso del "margen de discrecionalidad" para conceder las subvenciones excepcionales, a "la concentración de las ayudas en determinadas zonas geográficas", por ejemplo la Sierra Norte de Sevilla, y a la inclusión de intrusos.
El primer informe calificaba de "fraude de ley" el uso de la transferencia de financiación de la Consejería de Empleo al IFA —después agencia IDEA—, como "procedimiento de ejecución presupuestaria para tramitar las ayudas" de las prejubilaciones de los ERE. Una conclusión que contradice la defensa a ultranza que la Junta hace de la legalidad del procedimiento.
En segundo lugar, los auditores afirmaban que las ayudas se concedieron hasta 2010 "prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido". Además, su calificación como "subvención excepcional" dio lugar a un "abuso" del margen de discrecionalidad administrativa en su concesión, que evidencian hechos como la concentración de ayudas en determinadas zonas geográficas, en grupos de empresas y en concesiones basadas en otras motivaciones ajenas al interés general. Fue el caso de la Sierra Norte de Sevilla donde las ayudas beneficiaron electoralmente al PSOE y gracias a las cuales importantes militantes socialistas se convirtieron en empresarios de la noche a la mañana tras las importantes inyecciones de dinero público. El caso de José Enrique Rosendo, hijo del ex alcalde de El Pedroso, Rafael Rosendo, es más que llamativo.
La conclusión sobre la responsabilidad penal se aplica igualmente a una tercera tesis eliminada y referida a los "intrusos" de los ERE, esto es, gente incluida en el expediente de una empresa sin haber trabajado nunca allí. "Se han detectado situaciones de irregularidad en un número determinado de beneficiarios incluidos en las pólizas financiadas, que han sido puestas en conocimiento de la Consejería de Empleo para su verificación", señala.
Sobre el tema es más que relevante el que la Fiscalía Anticorrupción reclamara el pasado 28 de enero a la juez Ana Rosa Curra, que sustituyó a Alaya cuando estaba de baja, que "sean oídos en sede judicial" el jefe del equipo, los auditores y los técnicos que, tras catorce meses de trabajo de campo, indicaron la posible responsabilidad de Griñán y que los consejeros a propuesta del PSOE eliminaron. A Anticorrupción le parecía insuficiente la argumentación dada por la Cámara de Cuentas y quería que fuesen aclaradas las modificaciones del documento.
Los auditores señalaron la responsabilidad de Griñán al afirmar que como consejero de Economía realizó "modificaciones de créditos que no se ajustan a las previsiones normativas en materia presupuestaria y contable de la Junta", esto es, que aumentó los fondos para financiar los ERE sin ajustarse a la norma.
La maniobra del filosocialista López
Cuando se tuvo conocimiento público del informe de los auditores, el flamante presidente de la Cámara, el reconocido filosocialista Antonio López, encargó un informe jurídico para evaluar el anteproyecto filtrado a la prensa. Ese informe jurídico fue el que justificó legalmente la mutilación final del documento. Sorprendentemente, el informe jurídico encargado por López tenía como finalidad determinar la legalidad de la auditoría, es decir, conocer si los técnicos de la Cámara habían realizado su trabajo conforme a derecho, algo que se supone es natural en una institución de control.El informe jurídico encargado por la Presidencia de la Cámara afirmó que hubo una fiscalización previa de la transferencia económica para las ayudas y que el gasto estaba sometido a control permanente de la Intervención.
El informe jurídico también restó importancia a que los beneficiarios de las ayudas fueran de una zona geográfica concreta, como la Sierra Norte, trama con casi una veintena de empresas que investiga la juez. Según el documento: "Si los beneficiarios tenían derecho a recibir las ayudas el que pertenezcan o no a una determinada zona geográfica o a un grupo de empresas es indiferente a los efectos de la responsabilidad contable"."
Fuente: Libertad Digital
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