lunes, 21 de abril de 2014

Los taxistas amenazan con protestas si no se retira una app que fomenta el "transporte pirata"

Un buen ejemplo de la presión de un lobby para obtener el favor del poder político en beneficio propio y contra el consumidor y cliente.

Una nueva evidencia de intervencionismo político contra el libre mercado, por el cual las personas cooperan de manera voluntaria para alcanzar fines de la manera más eficiente o barata posible.

Y algo fundamental efectivamente para el libre mercado o el liberalismo es la voluntariedad, es decir, que nadie te tenga que obligar a realizar actos que no quieres o pagar más por algo que puedes obtener más barato. Porque por supuesto, nadie niega el derecho al taxi a existir, y prestar un servicio a cambio de un importe. Lo que no se debe permitir es que el Estado distribuya licencias por las que solo aquellos que él dicte puedan ofrecer dicho servicio, formando así cárteles que se benefician del poder para ejercer una actividad, obligando al consumidor a pagar más por dicho servicio y aumentando los beneficios de dicho sector, de lo que lo harían en ausencia del privilegio, por el cual habría más gente (y por tanto más empleo) realizando ese servicio, siendo el mercado de manera libre el que imponga la relación entre oferta y demanda y distribuyendo más eficientemente los beneficios de dicho servicio (dicho beneficio distribuido entre más gente), atrayendo a más gente a ofrecer el servicio si hay beneficio en él, y alejando a gente de ofrecer dicho servicio si ya no hay beneficio porque lo ofrecen más de lo que lo demandan.

De esta manera, gana más el cliente/consumidor facilitando su acceso al servicio (tanto en número de veces como por la accesibilidad en precio) y el empleo permitiendo acceder a él a más gente si ven oportunidades en el mismo, aunque ello perjudique a los ya instaurados en el negocio (de ahí la presión y el recurrir al poder político e intervencionismo para proteger sus privilegios.

Este ejemplo es extensible a tantos y tanto otros. La hipocresía está en defender uno sí (el que a uno le pueda beneficiar a él o a terceros conocidos) y criticar a otros (de otros sectores, empresas...).
Y es que claro, es fácil oír criticar ayudas o leyes favorables a los bancos y exigir dicha ayuda al carbón por poner un ejemplo, y así sucesivamente. El problema es un sistema que hace todo con todos, lo que lo hace improductivo, poco competitivo, poco innovador, desincentivador, caro, fraudulento, inaccesible para muchos (ya que tiene consecuencias enormemente negativas para el empleo) e insostenible, afectando a la capacidad adquisitiva y el bienestar del conjunto de la sociedad.

Artículo de El Economista:

"La Confederación del Taxi de España ha exigido este sábado la retirada de la aplicación Uber, que pone en contacto a particulares para la realización de trayectos en vehículos privados y que intermedia además en el cobro, y ha advertido que, de lo contrario, podrían convocarse protestas.

La confederación ha exigido a Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en un comunicado que adopten medidas "con carácter inmediato" para "impedir que se vulnere la legalidad establecida" y se vete la aplicación, al considerar que fomenta el "transporte pirata", "sin garantía alguna" para los viajeros.

En esta misma línea, los taxistas consideran que se fomenta la economía sumergida y la creación de una bolsa de fraude fiscal, pues no existe "control administrativo alguno" sobre los particulares que utilizan la aplicación, al tiempo que estiman que los usuarios "no contarán con garantía alguna en la prestación de los servicios".

Finalmente, la organización advierte de que "la situación se está tornando insostenible" y que "el acceso ilegal" al sector de "especuladores de todo tipo" pone en peligro "más de 100.000 puestos de trabajo en el sector del taxi".

No es la primera ocasión en la que esta aplicación suscita opiniones controvertidas. La pasada semana, el Tribunal de Comercio de Bruselas ordenó a la sociedad estadounidense Uber, que tiene entre sus inversores a Google, el cese de sus actividades de vehículos compartidos entre particulares.
Esta decisión fue criticada por la vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) y responsable de la Agenda Digital, Neelie Kroes, quien aseguró la sentencia no pretende "proteger o ayudar a los pasajeros, sino a un cartel de taxis"."

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