martes, 19 de julio de 2016

El injusto, discriminador y empobrecedor impuesto de Patrimonio que aún perdura (a diferencia de casi todo el mundo) en España

España es uno de esos rarísimos casos en el que se mantiene el impuesto de Patrimonio, uno de los impuestos más injustos, discriminadores y empobrecedores que existen. 


Injusto, pues grava dos veces sobre lo que ya te han robado previamente. Un ciudadano gana x, paga impuestos y de eso que gana, y lo que le queda a uno, ¡le siguen quitando volviéndole a gravar por lo que ha había pagado impuestos!!!! 
El apetito insaciable expoliador del Estado no tiene fin...

Discriminador, pues discrimina y castiga a los eficientes frente a los ineficientes, a los ahorradores frente a los derrochadores, a los productivos frente a los improductivos, a los generadores de riqueza frente a los destructores de riqueza, a los prudentes frente a los imprudentes a los que aplazan su consumo frente a los que consumen enseguida, a los previsores frente a los incautos, a los que piensan en el futuro frente a los que piensan en hoy, a los que se preocupan por el futuro de su descendencia frente a los que no...
En definitiva, el impuesto del patrimonios castiga por ejemplo doblemente a quien gaste como si no hubiera un mañana frente a quien ahorre para intentar tener una vida más desahogada en el futuro. No solo no disfruta de placeres que sí disfruta el que se ha gastado el dinero (no ha consumido sino ahorrado, no ha disfrutado de bienes sino que se ha privado de los mismos), sino que además le castigan por ello haciéndole pagar y erosionando su patrimonio creado con tanto esfuerzo (y más en un estado expoliador como el que nos encontramos). 

Y finalmente Empobrecedor. Empobrecedor, puesto que la riqueza de un país depende no de su gasto (tan malentendido por muchos) sino de su ahorro. El ahorro permite capitalizar la economía. Acometer inversiones que conllevan mayores investigaciones e innovaciones, aumentos de eficiencia y de productividad, y en consecuencia de salarios reales y de oportunidades de empleo desarrollando nuevos sectores. Son las positivas consecuencias del ahorro la que permite el aumento de la producción y en consecuencia el disfrute por parte de las personas de más bienes de consumo y de más capacidad de gasto por su parte. Restringir y penalizar el ahorro, es privar a las personas de oportunidades laborales, penalizarlas con menores salarios, reducir su producción y consumo futuros, reducir el progreso y la innovación impidiendo en su conjunto un mayor bienestar de la sociedad. 

Pero el político tiene una visión cortoplacista y un mayor gasto hoy de todos (aunque suponga pan para hoy y menos para mañana) implica rédito político, más actividad a corto plazo, más recaudación durante su mandato y más gasto público para salir bien en la foto y mantener u obtener el poder, con la consabida propaganda populista y electoralista tan aplaudida que implica atacar el ahorro para repartir y prometer dádivas entre el clientelismo electoral (lo que lleva a las sociedades a la insostenibilidad actual y a crear un monstruo incontrolable). 

El siguiente artículo propone la eliminación de dicho Impuesto para "crear 181.000 empleos", mostrando brevemente la distinta situación entre las distintas Comunidades Autónomas.

Artículo de El Economista: 

Proponen eliminar el impuesto de Patrimonio para "crear 181.000 empleos"

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La eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio generaría, a lo largo de los diez primeros años, un 5% de crecimiento adicional para la economía española y unos 181.000 puestos de trabajo, según un estudio sobre este impuesto realizado por la Unión de Contribuyentes (UC) y la Fundación para el Avance de la Libertad han hecho público hoy el estudio "El impuesto sobre el Patrimonio".

El informe analiza la aplicación por parte de cada comunidad autónoma y de las diputaciones forales, y compara cada una de esas situaciones con la media española y con Francia, único país de la UE que aún mantiene, como España, este impuesto.
De la investigación sobre este tributo en el mundo se desprende que casi todos los países desarrollados lo han eliminado en las últimas décadas. Declarado inconstitucional en Alemania, el Impuesto sobre el Patrimonio apenas persiste en Noruega, Francia, España y a nivel cantonal en Suiza. En España, la aplicación media de este tributo transferido a las comunidades autónomas es mucho más gravosa que la francesa y la noruega.
Así, el estudio muestra que se dan circunstancias tan "llamativas" como la de Extremadura, que tiene el Impuesto sobre el Patrimonio más alto del mundo; la de Guipúzcoa, cuyo tributo resulta "confiscatorio" al haberse eliminado el escudo fiscal; o las de Aragón, Navarra, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que al haber reducido el mínimo exento "maltratan duramente a la clase media".
Por su parte, Andalucía, Asturias, Baleares, Galicia y Murcia se unen a las comunidades catalana y valenciana al subir la tarifa por encima de la escala general, aunque sin llegar al nivel extremo que rige en Extremadura, donde el contribuyente paga, a igual valor patrimonial, el doble que en Francia.
Por ahora, sólo la Comunidad de Madrid ha suprimido el impuesto para sus residentes, mientras La Rioja presenta el impuesto más bajo de todas las comunidades que sí lo aplican, y las haciendas forales alavesa y vizcaína tienen un mínimo exento de 800.000 euros, algo más generoso que los 700.000 habituales en las comunidades que no lo han reducido.

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